De Martino había basado su pedido contra Cordone Roselló en la denuncia penal que había hecho contra Gils Carbó el senador nacional Mario Cimadevilla (UCR-Chubut) por la presunta designación irregular de diversos fiscales que no tenían acuerdo del Senado y para cargos que no se habían creado por ley.
De esa forma, el fallo avala la denuncia de Cimadevilla y complica la situación judicial de la Procuradora. Por esta causa Gils Carbó fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuán, pero el juez Sebastián Casanello desestimó la acusación. Sin embargo, la Cámara Federal le ordenó al juez reabrir el expediente.
Ahora la Corte confirma que al menos en el caso de Roselló, la Procuradora actuó de manera irregular.
La Corte dijo que la resolución 30/12 firmada por Gils Carbó para poner a Cordone Roselló como procuradora ante la Corte "no se compadece con el régimen general previsto en el artículo 11 de la ley 24.946, ni con la normativa reglamentaria establecida por medio de las resoluciones PGN 13/98 y PGN 35/98, puesto que ninguna de las disposiciones que componen el régimen en materia de subrogancias contempla como alternativa -aún como vía de excepción- la designación directa de abogados ni de funcionarios o auxiliares del Ministerio Público en el cargo de magistrado vacante que se trata".
Sin embargo, por "razones de seguridad jurídica", los magistrados del alto tribunal dispusieron "mantener la validez y eficacia de las actuaciones cumplidas por dicha funcionaria hasta la fecha de este pronunciamiento".