Pero, ¿es sólo un problema de movilidad urbana? Hay quienes afirman que no. Ahí aparece la propuesta de máxima que proviene del gobernante Partido dos Trabalhadores, de llamar a una Constituyente para concretar una reforma política ya.
La sede presidencial (Palácio do Planalto) ya tiene confirmada la presencia de todos los gobernadores y alcaldes (prefeitos), a quienes, además, Dilma les solicitará la adhesión estadual y municipal a la Ley de Acceso a la Información, como un mecanismo de dar más transparencia a los actos públicos de gobierno, y al combate contra la corrupción. Dilma sugerirá una adhesión al Programa Brasil Transparente, de la Controladoria Geral da União (CGU, algo así como la Sindicatura General de la Nación).
Señales
Los indignados brasileños ya habían dado señales de su existencia: se manifestaron repetidamente en Brasilia durante el juicio por el Mensalão, el proceso por el que se juzgó a dirigentes del Partido de los Trabajadores, PT, presuntamente involucrados en corrupción política; se manifestaron reuniendo más de un millón de firmas para que se aprobara la Ley Ficha Limpia, que prohíbe las candidaturas de personas con antecedentes penales o sometidas a procesos en curso. Se manifestó también en el amplio rechazo a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados para un legislador pastor evangélico que repetidamente se había expresado contra los homosexuales y contra una modificación constitucional, la PEC 37, que debilita al Ministerio Público.
Pero los liderazgos políticos no quisieron o no pudieron ver el tsunami que se venía.
Es cierto que es poco probable que las protestas tomasen la amplitud y simultaneidad que están teniendo sin un drama compartido por casi todos en las grandes ciudades: la circulación urbana cada día más precaria y complicada.
La gota que derramó el vaso, los 20 centavos del transporte público en São Paulo, expresa un hartazgo por la mala calidad de los servicios, responsabilidad de los diversos partidos que han gobernado el estado y la capital. El tren subterráneo, por ejemplo, inaugurado en 1974, cuenta con 75 kilómetros, comparado con los 226 km del de la Ciudad de México y los 197 del de Nueva Delhi. En 2011, fue considerado el más saturado del mundo.
La violencia contribuyó a la proliferación de las protestas, ahora impulsadas también por solidaridad y el reclamo de derecho a manifestar.
Se trata “de derechos”, no solo de los “centavos” adicionales al costo del transporte, señalaron pancartas y declaraciones de activistas, alimentando interpretaciones entusiasmadas sobre el “despertar” de los brasileños, especialmente los jóvenes, por cambios en la política.
Dilma
Brasil vive una democracia sin cuestionamientos, no hay crisis económica ni política, pero sí una problemática urbana. El desempleo se limita a 5.8% de la población activa pese al débil crecimiento, y la presidenta Dilma Rousseff aún disfruta de alta popularidad (mayor a 70%), aunque en descenso.
Entonces ocurrió el terremoto.
Rousseff convocó una reunión urgente con varios ministros, llamó a varios representante de los poderes del Estado y grabó un video con un discurso de 11 minutos que se emitió el viernes 21/06 por cadena nacional, es decir, por todas las emisoras de radio y televisión del país.
Rousseff volvió a tender la mano hacia los manifestantes. Pero hizo una gran distinción entre los pacíficos y los grupos minoritarios violentos. “Estamos siguiendo con mucha atención –nótese la importancia de esta palabra-- con mucha atención las manifestaciones que suceden en el país. Ellas muestran la fuerza de nuestra democracia y el deseo de la juventud de hacer avanzar a Brasil”.
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"Si dejamos que la violencia nos haga perder el rumbo estaremos no solo desperdiciando una gran oportunidad histórica, sino corriendo el riesgo de perder muchas cosas. (…) Brasil luchó mucho para convertirse en un país democrático. Y también está luchando mucho para convertirse en un país más justo. No fue fácil llegar adonde llegamos, como tampoco es fácil llegar adonde desean muchos de los que salieron a las calles”, agregó.
Ella habló con firmeza, pero con un tono optimista que intentaba infundir esperanzas. Dilma anunció un gran pacto por los servicios público que involucrará a los gobernadores y alcaldes de las principales ciudades. También dijo que estaba dispuesta a dialogar con los líderes de los movimientos pacíficos, con los representantes de las organizaciones de jóvenes, de las entidades sindicales y de las asociaciones populares.
El objetivo de ese pacto será diseñar un plan de movilidad que privilegie el transporte colectivo. La Presidenta dijo también que se destinará el 100% de los recursos del petróleo a la educación y aseguró que traería de inmediato a miles de médicos desde el extranjero, lo que ha sido cuestionado por los colegios de facultativos. También es cierto que estas 2 últimas promesas ya las venía planteando desde hacía meses.
Por eso, algunos analistas como Igior Gielow, de Folha de S. Paulo, escribieron que se trata de “música vieja para nuevos oyentes”.
Rescatando a una Presidente
Puede que ni la Presidenta ni los alcaldes y gobernadores del Gobierno y la oposición consigan concretar ese gran pacto que impulsa Dilma Rousseff. Tal vez los principales líderes sociales tampoco consigan concretar sus demandas, a veces contradictorias entre unos grupos y otros.
Pero lo único cierto hasta el momento, en medio de una situación desbordante donde analistas y políticos confiesan su perplejidad, es que
> Dilma Rousseff ha extendido la mano por 2 veces hacia los manifestantes; y
> 24 horas después de su discurso hubieron nuevas manifestaciones con cerca de 60.000 personas en 12 ciudades, como si ella no hubiese hablado.
Y los analistas empiezan a preguntarse si Dilma, en caso de que las revueltas puedan prolongarse e incluso acrecentarse y llegar hasta las vísperas de la Copa del Mundo de 2014, ya bautizada como la “Copa de las manifestaciones”, conseguirá mantenerse en el poder.
Las redes sociales siguen echando humo. Un usuario de Facebook ha convocado una huelga general para el lunes 01/07, que cuenta ya con más de 700.000 adhesiones. “Vamos a demostrar al Gobierno que quien hace un país es el pueblo, no los políticos. (…) Basta de impunidad, basta de dinero del pueblo siendo usado por los gobernantes de las formas más absurdas. ¡O el Gobierno nos escucha o todo para!”, señaló el contestatario.
Mientras tanto, el Movimiento por el Pase Libre, la organización que convocó a las 7 primeras manifestaciones, ha previsto participar esta semana en 2 manifestaciones que ocurrrirán en la periferia de São Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, donde 2 de cada 3 ciudadanos aprueban la continuidad de las protestas, según una encuesta publicada por Folha de S. Paulo.
Antes de la revuelta callejera en Brasil, los sondeos generales en Brasil daban una cómoda ventaja a Dilma Rousseff: un 57%. Ahora, en plena refriega, una encuesta entre los manifestantes en São Paulo le da un 10%.
Dilma corre el riesgo de acabar siendo el chivo expiatorio sacrificado sobre el altar de los errores de toda una clase política. Ya hay necios que piden que “vuelva Lula”: en las revoluciones la lógica suele quedar sepultada bajo la furia de la protesta que todo lo arrastra. (Justo Luiz Inácio Lula da Silva, gran responsable del descrédito en los políticos brasileros).
Otro enfoque
El gobernador de Bahía, Jaques Wagner (PT), afirmó no creer que inversiones en obras de movilidad resolverán por sí solas la insatisfacción popular. Wagener afirma que hay lo de la infraestructura del transporte tiene una tasa de retorno a largo plazo.
De acuerdo a él, el grito en las calles es preocupante en la medida que hay una negación de los políticos a escucharlo.
"La cuestión de la movilidad urbana, que originó las protestas, no será resuelta velozmente porque las obras llevarán hasta 3 años para concretarse. En varias capitales ya existen inversiones en ejecución, con recursos del Ministerio de las Ciudades + las gobernaciones + el sector privado. Pero hay que hacer algo más ahora mismo", dijo Wagner.
El gobernador petista dijo que nadie tiene lista una respuesta para el clamor de las calles y que ni siquiera Dilma sabe qué hacer. Pero que una reforma política ayudaría mucho, en especial para acabar con privilegios que provocan protestas en Brasil, y para golpear a la corrupción. Wagner también habló de una actualización de la Ley de Licitaciones.
"La corrupción tiene un brazo político, pero también tiene uno empresarial. La Ley de Licitaciones fue elaborada para ayudar al combate contra la corrupción, pero fue superada", dijo el gobernador.
Según él, los recursos destinados a la Copa del Mundo fueron más explicados, además. Wagner insistió en que es preciso dejar en evidencia la importancia del evento para Brasil y que las inversiones ejectuadas van a quedar para siempre, consolidando la industria del turismo. Pero que si los contribuyentes no consideran esa realidad, porque no ha sido bien explicada, todos los recursos volcados a la Copa del Mundo se volverán en contra del gobierno.
