En realidad, la agencia oficial apuntaría a que quede en claro la validez de la Ley de Medios, marco de esta causa. Pero se advierte cierta culposidad por tener que celebrar una acción que beneficia a un empresario tan ligado al kirchnerismo. Por eso no se lo nombra.
De acuerdo a Télam, la Cámara en lo Contencioso Administrativo "confirmó el rechazó a un planteo de “nulidad” por la venta de los medios de comunicación audiovisual del denominado “Grupo Hadad” al Grupo Indalo, efectuado por legisladores del radicalismo".
Según la agencia de noticias, que cita "fuentes judiciales", la Sala Quinta del tribunal de apelaciones ratificó el fallo de primera instancia que desestimó un planteo efecuado por los presidentes de los bloques parlamentarios de diputados y senadores de la UCR Ricardo Gil Lavedra y Luis Naidenoff, respectivamente.
Los camaristas Jorge Federico Alemany y Guillermo Treacy confirmaron el rechazo y fueron más allá aún, al señalar que los legisladores "carecen de legitimación activa suficiente para demandar en juicio que se declare la nulidad de la transferencia de las licencias cuestionada en la demanda".
Los legisladores habían cuestionado la venta de la señal de noticias de televisión por cable C5N, Radio 10 y las estaciones de FM TKM, Pop, Mega y Vale, que fueron traspasadas de un grupo al otro el año pasado en una operación que fue aprobada, en marzo pasado, por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
De acuerdo a Télam, el fallo de primera instancia rechazó el argumento de los denunciantes sobre “el supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" y, por el contrario, enfatizó que "resulta insuficiente cuestionar una conducta estatal con fundamento en que se afecta o restringe un derecho constitucional, sin acreditar que el acto que se ataca esté desprovisto del sustento normativo suficiente para tener efectos válidos".
La denuncia, desestimada en ambas instancias, entendía que se lesionaba "de manera concreta, actual e inminente los derechos de `todos los argentinos´ a la pluralidad de opiniones y fuentes informativas resguardadas por la ley", y reclamaba "una medida cautelar para que se suspenda judicialmente la aprobación de la transferencia".