Los abogados de APROPE aseguraron en la presentación que el Gobierno llegó a “un 'Memorandum de Entendimiento', para establecer una 'Comisión de la Verdad con un país que al menos, debe ser considerado sospechoso de promover y/o autorizar y/o encubrir, una masacre de tales dimensiones contra nuestro país, teniendo especialmente en cuenta, que entre los imputados, con solicitud de captura
internacional a Interpol, se encuentra por ejemplo el Ministro de Defensa iraní”.
Asimismo, el escrito agrega que “dicha Comisión viola abierta y expresamente el transcripto artículo 109, en tanto que si los miembros de la misma son designados por el Ejecutivo, que otra cosa puede implicar que el arrogarse por parte del Presidente de la Nación, el conocimiento de una causa pendiente. Especialmente, cuando, el mismo Memorandum, otorga a la Comisión funciones claramente jurisdiccionales, como lo son analizar pruebas, tomar declaración (o “interrogar” como lo llama)”.
Finalmente, argumenta que “surge así, y sin acudir a mayor abundamiento, una evidente y flagrante violación a los derechos constitucionales, y a sus principios más básicos”.
Recordemos que el acuerdo fue promulgado por Cristina Fernández el pasado 1ro. de marzo, luego de ser sancionado el jueves 28/02 a la madrugada por la Cámara de Diputados. El acuerdo no goza de consenso: solamente consiguió el voto del bloque oficialista, que es más númeroso y logró la mayoría simple, pero no representa a todo el electorado. Tampoco la DAIA y la AMIA apoyan la iniciativa. De hecho, Guillermo Borger, presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) anticipó que buscará en la Justicia “evitar que el acuerdo con Irán lleve a la nulidad de la causa”.
Por otra parte, hace dos días, un grupo de diputados de la oposición envió una carta a Cristina Fernández para solicitarle que "aplace la ratificación del tratado hasta después de la realización del juicio oral y público" por el encubrimiento del atentado contra la AMIA (ver notas relacionadas).
