> Ricardo Javier Jano (UCR),
> Walter Héctor Carusso (UCR),
> Marcelo Díaz (Frente Amplio Progresista),
> Mónica López (Unión Celeste y Blanco),
> Walter Martello (Coalición Cívica),
> Jorge Solmi (Peronismo Bonaerese) y
> Ricardo Lissalde (Alternativa Peronista).
Además, sumaron sus firmas los diputados
> Luis Alberto Oliver, vicepresidente 1ro. de la Cámara (UCR),
> Orlando Yans, vicepresidente 2do. de la Cámara (Pro-peronismo),
> Abel Eduardo Buil, vicepresidente 3ro. de la Cámara (Frente Amplio Progresista),
> Héctor Eduardo Martínez (Bloque Lealtad Peronista),
y los senadores
> Alfredo Meckievi (Union Pro-Peronista),
> Carlos Alberto Fernández (UCR),
> Ricardo Héctor Vázquez (GEN),
> Santiago León Nino (UCR), y
> María Inés Gainza (Coalición Cívica).
“Como representantes del pueblo, resulta una obligación intervenir activamente para que los recursos de la Provincia vuelvan a manos de la Provincia, ya que no es otra cosa que devolverle a los bonaerenses lo que les corresponde”, expresaron los diputados.
Y agregaron: “La coparticipación fiscal es una de las herramientas más importantes en materia de redistribución de recursos públicos; el cual permite a las distintas provincias contar con mayores facilidades a la hora de diseñar y ejecutar las políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”.
Este reclamo se suma a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Corrientes, que están orientando sus decisiones políticas en el mismo sentido. Cabe destacar que las cuatro jurisdicciones representan más del 57% en términos poblacionales.
Según Di Pascuale y Monzón, “lo que se pretende es impulsar una acción positiva que permita avanzar hacia un sistema de reparto mucho más equitativo de los recursos, es decir, en el fortalecimiento de las autonomías provinciales y, por tanto, en el robustecimiento del federalismo”.
El 12 de agosto de 1992, se firmó el Pacto Fiscal (ratificado luego por la Ley nacional N° 24.130), donde los gobiernos, tanto nacional como provinciales, acordaron una detracción de 15% de la masa de recursos coparticipables; que según inciso b) de la Cláusula Primera del Acuerdo, sería destinado a “atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales.”
Este convenio se firmó ante la necesidad del Estado Nacional de financiar el Sistema Previsional deficitario, que en breve sería sometido a la implementación de un sistema mixto de capitalización.
En el año 2008, cuando se resuelve por ley del Congreso la nacionalización o re-estatización de las AFJP, tal retención del 15%, devino en abstracto. Más específicamente, si la razón que diera origen y fundamento a la firma del Pacto Fiscal se extinguió debido a la estatización y vuelta a un sistema único de previsión social público, las Provincias no debieran continuar financiando dicho sistema, que -vale aclarar- hoy cuenta con fondos extraordinarios.
Por eso, Di Pascuale y Monzón acordaron en que “hoy más que nunca hay que poner el asunto en la agenda política y dar el debate, porque estamos frente a una Provincia con serios problemas financieros, que se ponen de manifiesto cuando resulta una tarea titánica pagar los aguinaldos de los trabajadores; cuando se establece el cese de pago a proveedores escolares; cuando se les deja de pagar en tiempo y forma las becas destinadas a los chicos en hogares; cuando se para la obra pública en rutas provinciales por falta de depósitos y cuando se persigue a los docentes para achicar el gasto en educación”.
