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Mientras investigan las presiones políticas en el INdEC, Moreno negocia la 'cuota 13'

En el marco de la inagotable polémica generada en el INdEC, dos funcionarias del organismo declararán hoy ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en una causa en la que se investiga si fueron presionadas para violar el secreto estadístico. Pero, desde el gobierno K, no debería extrañar la repetición de algunos mecanismos para mostrar una menor inflación (siempre hay margen para la sorpresa). Ahora, el problema por resolver por Moreno, es el incremento que presentarán las cuotas de los colegios privados: ya está acordado que se lo muestre como un "pago extra".

  
El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, tomará hoy declaración a dos funcionarias desplazadas de sus cargos en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INdEC), para establecer si existieron presiones para que se aportaran datos a funcionarios del Ministerio de Economía, vulnerando las normas del secreto estadístico para la elaboración del índice de precios.
Las funcionarias, que según fuentes cercanas "brindarán toda su colaboración" para la investigación, son Graciela Bevacqua, que estaba a cargo de la elaboración del Indice de Precios al Consumidor (IPC), y Clyde de Trabuchi, quien ejercía como directora nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida.
La "desafectación" del cargo de Trabuchi ocurrió el viernes último, cuando la experta en estadísticas -muy respetada por los profesionales de esa ciencia- presentó su pedido de desvinculación (de su cargo de directora nacional, pero no de su puesto en el instituto), impulsada por su desacuerdo con la separación del cargo de Bevacqua y con las posteriores decisiones tomadas por los funcionarios que desembarcaron en el organismo de la mano de la ministra de Economía, Felisa Miceli, y del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
La cartera económica emitió el sábado un comunicado en el que señalaba que la nota presentada por Trabuchi para su desvinculación del cargo no tenía ninguna validez, porque desde el 13 de enero la funcionaria tenía vencida su designación al frente de la unidad responsable de reflejar las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, según Economía, ya no era directora nacional desde esa fecha.
El decreto 1190, firmado por el Poder Ejecutivo en septiembre de 2006, prorrogó por 180 días la designación de Trabuchi, contados desde el 24 de abril de ese año, ya que en realidad ésa era la fecha de vencimiento de la anterior prórroga. Tal como ocurre habitualmente, la norma se había demorado varios meses. Pero no sólo Trabuchi está nombrada en el decreto, sino también otros siete directores que actualmente están ejerciendo sus funciones, aunque sus designaciones vencieron el 13 de enero.
Según comentó ayer un ex funcionario del instituto, si tal como considera Economía Trabuchi no está en funciones desde ese día, entonces el INdEC no tiene directores a cargo de varias de sus áreas críticas o, en todo caso, los que están "estarían usurpando cargos públicos". Pero en la práctica no es así. De hecho, uno de los funcionarios con cargo vencido en enero, Enrique Amadasi, fue enviado como representante del INdEC a la reunión de organismos de estadísticas en las Naciones Unidas.
Además, fuentes cercanas al instituto señalaron que Trabuchi había cobrado su sueldo como directora nacional por todo el mes de enero y ocupado el despacho que le correspondía como tal hasta la semana última, lo que demuestra que siguió al frente de su cargo hasta el día en que presentó la nota para su desafectación.
Mientras tanto, con el INdEC intervenido por el gobierno se espera la pronta repetición de algunos mecanismos para mostrar una menor inflación.
Ahora, el problema por resolver por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, es el incremento que presentarán las cuotas de los colegios privados por el reciente aumento en los salarios mínimos a docentes.
Ya está acordado que se lo muestre como un "pago extra" todos los meses. Así, el valor de las cuotas seguirá sin cambios (no habrá inflación para el INdEK), pero está claro que se deberá pagar más por la educación privada.
Un mecanismo diferente se aplicará para reflejar el incremento de los útiles escolares, que en marzo registran siempre un alza. Ya con la lista de productos, en teoría secreta, que se relevan en la encuesta de precios, se firmará un acuerdo para mantener sus valores.
Los que están fuera de la lista no tienen importancia: de hecho, mostrarán el aumento real más el que no se pudo aplicar al resto. Paradojas de la economía oficial: es una maldición para empresas tener productos que integran la canasta básica o el Indice de Precios al Consumidor. Más ahora, con la lista de todos los ítems y comercios relevados en poder del secretario Moreno.
De esta manera, ni el aumento de sueldos para los maestros privados ni el alza en los artículos de librería provocarán alteraciones en la medición de la inflación que realice el INdEC.
Esta semana, Moreno, se reunirá con el secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), Perpetuo Lentijo, con quien ya acordó que la suba en los salarios de los docentes que comenzarán a aplicarse desde abril, forme parte de la denominada "cuota de recupero", y no del pago básico.
La "fórmula" que negociará Lentijo, es que el nuevo aumento pase a formar parte de este ítem en la liquidación que recibirán los padres cada mes desde mayo (cuando se reciba la cuota de abril), donde el capítulo "cuota de recupero" será mayor, pero el básico permanecerá igual.
La explicación de la estrategia oficial es simple. Para los padres de los alumnos de colegios privados, un aumento en la cuota de recupero implica lo mismo que un incremento mensual, pero para el gobierno no, ya que técnicamente el INdEC no releva esa cuota adicional dentro de la medición de la inflación.
En el caso de los artículos escolares, la estrategia de Moreno para que no haya impacto en la medición del INDEC es la misma que ya se aplicó para el sector turismo en enero y para algunos alimentos de alza estacional en febrero y marzo. Esto es, tomar como válidos los acuerdos de precios firmados con los sectores, y no los datos que reciben los encuestadores del organismo que mide el IPC.

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