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EN AMÉRICA LATINA

Extorsión sexual: Uno de cada cinco las sufre o conoce a alguien que las sufrió

Lun, 23/09/2019 - 9:35pm
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Por Urgente24

Un nuevo informe de Transparency International reveló que una de cada cinco personas en América Latina y el Caribe sufre situaciones de extorsión sexual o conoce a alguien que las ha sufrido, según indica la encuesta titulada Barómetro Global de la Corrupción (BGC). El estudio habla sobre la corrupción política, pero en esa edición, describió este lamentable dato.

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Un nuevo informe de Transparency International reveló que más de la mitad del total de la ciudadanía de 18 países de América Latina y el Caribe considera que la corrupción se está agudizando en su país y que los gobiernos no están tomando medidas suficientes para enfrentar este problema.

Sin embargo, y aunque el estudio engloba temas más inclinados a la política, en esta oportunidad reveló estadísticas sobre extorsión sexual. 

En el informe, titulado Barómetro Global de la Corrupción (BGC), América Latina y el Caribe, muestra, por primera vez, que una de cada cinco personas sufre extorsión sexual al intentar acceder a un servicio público como atención médica o educación, o bien conoce a alguien que ha pasado por esta situación.

Los datos también indican que el 71 % de las personas consideran que la extorsión sexual se produce, cuanto menos, en forma ocasional. 

Igual de preocupante es que, en los últimos cinco años, a una de cada cuatro personas se le ofreció un soborno a cambio de votos en elecciones nacionales, regionales o locales. En una manifestación contundente de falta de confianza en las autoridades, el 65 % considera que su gobierno está administrado por unos pocos intereses privados, y que funciona a merced de estos.

Estas alarmantes estadísticas subrayan el efecto desproporcionado que la corrupción tiene sobre las mujeres, y sugieren una significativa falta de integridad política entre los líderes gubernamentales. Los cargos de Presidente y Primer Ministro, así como también los miembros del Parlamento, son considerados como el grupo o la institución con mayor grado de corrupción por el 53 % y el 52 % de las personas respectivamente.

"Muy a menudo, los presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan para favorecer sus propios intereses, a costa de los ciudadanos a cuyo servicio deberían estar", señaló Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparency International. "En una región donde las iniciativas contra la corrupción están cobrando impulso pese a los retrocesos recientes, la ciudadanía continúa exigiendo más y mejores resultados a sus gobiernos". 

La experiencia concreta de las personas con los sobornos es también preocupante. Más de una de cada cinco personas que acceden a servicios públicos se ven obligadas a pagar un soborno. Esto equivale aproximadamente a 56 millones de ciudadanos.

En toda la región, la policía es la institución asociada con la mayor tasa de sobornos (24 %), seguida muy de cerca por otros servicios como los servicios públicos, que incluyen los de electricidad y agua (19 %).  

Pese a estas dificultades, la mayoría de las personas sigue albergando esperanzas. Así, el 77 % considera que los ciudadanos pueden marcar una diferencia determinante en la lucha contra la corrupción.  

"La ciudadanía tienen derecho a denunciar la corrupción y esperar que los políticos actúen de manera íntegra", señaló Patricia Moreira, Directora General de Transparency International. "La corrupción consume a las sociedades y corroe las instituciones. Los líderes políticos deben escuchar los claros reclamos de la ciudadanía, que exige que se aborde la corrupción y se fortalezca la democracia".

Transparency International recomienda en su encuesta a los líderes políticos que adopten las siguientes medidas:

  • Reconocer y abordar formas de corrupción que afectan principalmente a las mujeres, incluso a través de la creación de mecanismos de denuncia que incorporen perspectiva de género.
  • Fortalecer la integridad de los procesos electorales y aplicar sanciones en casos de compra de votos, asegurando financiamiento transparente para las campañas y apoyo para una cobertura periodística basada en hechos.
  • Empoderar a las personas, la sociedad civil y los medios para que denuncien la corrupción, entre otras formas, a través de la adopción de leyes que protejan a quienes denuncian irregularidades.
  • Implementar el Compromiso de Lima adoptado en el marco de la VIII Cumbre de las Américas y reportar públicamente los avances logrados.