España: Incumplir presupuestos públicos será delito
Este jueves (19/01) el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que el Ejecutivo va a impulsar un cambio en la ley para que se puedan exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos y en seguida se encendió la polémica. Madrid se sintió aludida y Europa recela.
19 de enero de 2012 - 10:29
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Este jueves (19/01) el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que el Ejecutivo va a impulsar un cambio en la ley para que se puedan exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos.
"Lo que vamos a hacer ahora es un cambio que llamamos Ley de Transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos", ya sean políticos o personas nombradas por políticos, apuntó Montoro en declaraciones a la Cadena Ser.
El ministro explicó que un gestor público "no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto" porque si lo hace está falseando la contabilidad pública y guardando facturas en un cajón que luego se vuelven impagables.
Recordó que los gestores privados tienen que hacer frente a responsabilidades penales si falsean las cuentas de sus empresas, sobre todo si éstas cotizan en bolsa.
Además, con una medida como esta se pretende que haya rigor en la gestión de un gobierno, añadió Montoro, que apuntó que si un ejecutivo quiere gastar más "que lo haga subiendo los impuestos a los ciudadanos" y que éstos decidan después en las elecciones si el proceder ha sido el correcto.
"Lo que no es correcto son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables", algo que actualmente supone uno de los graves problemas de España, afirmó el ministro de Hacienda.
En seguida, se encendió la polémica. Tras estas declaraciones, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago ha respondido a Montoro diciendo que " si se va a pedir responsabilidad penal a los gobiernos autonómicos que se excedan en el gasto ésta debe aplicarse también "retroactivamente" e incluir a "los que estuvieron" hasta el pasado mes de mayo, haciendo alusión a los Populares.
Monago se ha preguntado retóricamente : "¿aquí hay una amnistía para los que han gastado como si fueran los dueños de la cafetería invitando a todo el mundo, dejando a deber?, ¿no pasa nada, pasa a partir de ahora?".
[ pagebreak ]
No fue el único. Madrid también se sintió aludida.
El portavoz del Gobierno municipal de Ana Botella, Miguel Ángel Villanueva, ha dicho en rueda de prensa que el Ayuntamiento de Madrid "nunca ha tenido facturas guardadas en un cajón", como corroboran los informes de la Cámara de Cuentas, "nunca ha gastado por encima del crédito aprobado en el presupuesto municipal", "nunca ha ocultado nada" y "nunca ha dado la orden de no realizar pagos".
Villanueva ha contestado así a un argumentario distribuido ayer (18/01) entre los dirigentes del PSOE, en el que los socialistas se preguntan si el ministro de Justicia y ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, comenzará por aplicarse a sí mismo ese nuevo delito.
La razón, añade el argumentario, es que durante los 8 años de Gallardón al frente del Ayuntamiento se multiplicó por 5 la deuda municipal hasta superar los 7.000 millones de euros.
Sin embargo, el Ayuntamiento que hoy dirige Ana Botella considera que para encontrar las responsabilidades que busca la iniciativa anunciada por Montoro "hay que apuntar mas bien a la situación que tenían las cuentas del Reino de España y sus anteriores responsables del Partido Socialista o a alguna comunidad autónoma en la que se ha dado la orden de no realizar pagos hasta que se celebren las elecciones", según Villanueva.
"Nada de eso ha ocurrido nunca en el Ayuntamiento de Madrid", ha subrayado el portavoz municipal que ha aportado datos de deuda y déficit de los últimos años.
En cuanto a la deuda, ha recordado que a 30/06/11 los ayuntamientos acumulan el 5,5% del total de deuda de las administraciones públicas, las comunidades autónomas el 17,9 y el Estado 76,6%.
Respecto al déficit, ha indicado que Madrid cerró 2009 con superávit, 2010 con un déficit del 0,58%, "2 décimas menos que el fijado por el programa estatal de estabilidad presupuestaria presentado en Bruselas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero", en 2011 la previsión de cierre "está dentro de lo marcado en el programa estatal de estabilidad y mejorando las previsiones" y en 2012 se prevé acabar con superávit.
[ pagebreak ]
El PSOE emplaza al Gobierno a explicar el alcance de este nuevo delito penal y han explicado, que al igual que Monago, quieren saber si esta medida tendrá un "carácter retroactivo". Los socialistas han recordado, además, que las leyes vigentes en España ya regulan el castigo penal de mala administración cuando se incurra en alguno de los delitos ya tipificados.
Por su parte, Europa no conoce de sanciones penales contra los gobernantes que superan las barreras del déficit. La Comisión Europea se reservó ayer su opinión sobre la propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que sugirió que los responsables políticos que se excedan en el gasto público podrían acabar entre rejas.
"Ya hay sanciones penales en la ley sobre la responsabilidad de los funcionarios que manejan fondos públicos", aseguró Amadeu Altafaj, el portavoz comunitario de Economía. Según él, "se trata de reforzar las provisiones para cubrir no sólo el fraude, sino también mala gestión".
Sin embargo, las leyes que existen en Europa y sus estados miembros sobre la materia se asemejan a las que ya hay en vigor en España sobre malversación de fondos públicos o fraude. Las sanciones penales en ese ámbito están reservadas para los políticos que utilizan dinero público para sus fines o defraudan, pero no cubren decisiones políticas de gasto que un gobernante puede ver convenientes en un momento de depresión económica, por ejemplo. Es precisamente lo que ha ocurrido en la mayoría de socios de la Unión Europea (UE). Salvo contadas excepciones, todos afrontan un expediente por déficit excesivo tras reactivar la economía con estímulos presupuestarios tras la recesión que provocó la crisis financiera. La falta de crecimiento, unida a otros factores, como la activación de los seguros por desempleo, ha engrosado la factura.
"El ámbito de las sanciones penales es nacional, por lo que nosotros no tenemos competencias, pero tampoco nos constan leyes en ese sentido", aseguró Matthew Newman, el portavoz comunitario de Justicia. En cuanto a la vigilancia del déficit y la deuda, criterio fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, "el objeto de la supervisión europea son los estados miembros, no individuos, y la base legal no tiene nada que ver", aseguró Altafaj.
Aunque la iniciativa de Montoro sería toda una novedad en una Europa todavía muy lenta en la persecución de conductas económicas dudosas por parte de directivos o agencias de calificación, una retórica similar se ha cultivado extensamente. El mes pasado, el presidente del Banco de Alemania (el Bundesbank), Jens Weidmann, comparó a los países con alto déficit y acorralados por la especulación con alcohólicos.
[ pagebreak ]
Según Weidmann, no hay que prestarles ayuda desde Europa, sino exigirles lo máximo. "Es como si el alcohólico dijese que quiere una botella esta noche", aseguró entonces. "Desde mañana estaré limpio y cumpliré las normas, pero necesito una botella hoy", ejemplificó en una cena con periodistas.
El control del gasto lo realizan los interventores y el Tribunal de Cuentas
Tanto la canciller, Angela Merkel, como diputados de su partido político han coqueteado en numerosas ocasiones desde hace 2 años con la expulsión de la UE de los países con alto déficit. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, defiende a menudo la prima de riesgo y sus catastróficos efectos sobre la capacidad de financiación de países como España e Italia como un método de castigo por la irresponsabilidad de los gobernantes.
Según los expertos consultados, sólo habría un caso en Europa que se acercaría a la exigencia de responsabilidad de plantea ahora en España el ministro de Hacienda. Es el caso francés, donde algunos gestores públicos firman un contrato para lograr en un plazo determinado, tres años por ejemplo, unos determinados objetivos. Si no los logran, se les exigen responsabilidades, pero no penales.
En España, las responsabilidades en la gestión de los fondos del Estado figuran en la Ley General Presupuestaria, cuya última redacción es del año 2003. En la ley ya se prevé como infracción "comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos". Las autoridades que cometan las infracciones previstas en esta ley "estarán obligadas a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia" de sus actuaciones "con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder". El delito típico es de malversación, esto es, cuando se dedican los fondos a una finalidad distinta de la que estaba prevista.
Europa es muy lenta en la persecución de conductas económicas dudosas
El control interno de las cuentas lo realizan los interventores. Antes existía un control previo del gasto, pero se eliminó para agilizar los trámites y ayudar a la gestión; ahora sólo existe para casos concretos. El control externo, una vez liquidado el presupuesto, lo realiza el Tribunal de Cuentas.
Cuando se gasta por encima de lo que está autorizado en el Presupuesto, sólo se puede resolver (para pagar al proveedor o acreedor) mediante un expediente de convalidación del gasto que tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Se entiende que este expediente avergüenza al gestor.
La forma razonable de gastar más, cuando es necesario, es plantear un expediente de crédito extraordinario.