PERIODISMO

EL VIAJE DE ROSENKRANTZ HACIA EL JUICIO POLÍTICO

Los especiales intereses de los Saguier en la CSJN

Fue el extinto semanario El Guardián el 1ro. que reveló que el diario La Nación mezclaba sus intereses editoriales (que algunos llaman "ideológicos", con los comerciales, tal como hasta ese momento sólo se conocía que lo hace diario Clarín (y ese es el problema principal de Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas o Adepa, porque le resta credibilidad a la hora, por ejemplo, de reclamar por cuestiones legítimas de la libertad de expresión). En aquel caso de El Guardián fue la abundante información acerca del uso de sociedades offshore para la transferencia de paquetes accionarios lejos de la lupa de, por ejemplo, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero resulta que la AFIP vuelve a aparecen en el presente del diario La Nación, ahora vinculado a la actuación de Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la investigación de Horacio Verbitsky. Pero también otros magistrados de actuación aparentemente indecoroso tal como es el caso de Julián Ercolini. Surge la pregunta: ¿Por qué Cristóbal López está preso pero los Saguier gozan de libertad?

 

Algunas consideraciones antes de abordar un fragmento de la nota de Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna.

** Mucha info de Afip pero lo más importante es que la queja se presentó el día 10/12/2018 y el 11/12/2018, que fue el día de acuerdo ya salió un pedido de autos. Rarísimo.

** Está claro que alguien llamo a la mesa de entradas y al secretario, que se llama Gustavo Naveira, no Enrique Naveira.

**  El tema no tiene tanta significación económica. Serían apenas $40 millones, más o menos.

**  Lo que no se entiende es la actuación de Rosenkrantz porque es muy burda la maniobra. Normalmente, el pedido de autos sirve para los expedientes tributarios en los que se reclama una deuda fiscal: se toma el expediente, se sienta encima y no se puede ejecutar. Pero en este caso no se discutía una ejecución sino la caducidad de un plan. No sirve de nada pedir los autos. 

Ahora sí, al fragmento de la nota de Verbitsky:

"(...) El caso se originó en los acuerdos de competitividad de 2001. Un decreto de Fernando De la Rúa estableció que los medios de comunicación no pagarían el impuesto a la ganancia mínima presunta y computarían las contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA. La contraprestación sería la preservación del empleo y el congelamiento del precio de tapa de los diarios. La Nación y otros medios incumplieron ese compromiso, aduciendo el aumento de costos a partir de la megadevaluación dispuesta por el senador Eduardo Duhalde durante los meses en que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo. En marzo de 2003, al vencer el plazo inicial, Duhalde lo prorrogó por otros cuatro meses, para que el Poder Ejecutivo “pueda estudiar con mayor profundidad la problemática a fin de encontrar una solución alternativa”.

En octubre de 2003 La Nación obtuvo la medida cautelar, que llegó a ser una saludable adolescente. No fue presentada en forma directa por cada medio, sino a través de las cámaras patronales ADEPA, Asociación Argentina de TV por Cable, AEDBA, ADIRA, ARPA y AAER.

El juez en lo contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino resolvió el 30 de octubre de 2003 que mientras el Poder Ejecutivo no encontrara la solución alternativa, los medios podrían seguir descontando los aportes patronales en la liquidación del IVA, tal como pretendían.

Pasaron cinco años hasta que el 6 de noviembre de 2008 los camaristas Marta Herrera y Carlos Grecco, de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, levantaron la medida cautelar. Afirmaron que establecer la capacidad contributiva de cada empresa para enfrentar el reclamo fiscal requiere analizar “circunstancias fácticas y medidas probatorias” imposibles en un juicio cautelar, por lo cual levantaron la prohibición de innovar.

Pero bastaron apenas siete meses para que la Corte Suprema de Justicia volviera las cosas a su cauce favorable a La Nación y decidiera que la medida provisoria sería permanente, hasta que la propia Corte Suprema resolviera si era legítimo o no que La Nación siguiera descontando los aportes patronales, tantos años después de finalizada la vigencia del decreto que lo permitió y en un contexto económico-social por completo distinto. Ese fallo de la Corte fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Santiago Fayt, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.

En una audiencia secreta de mediación convocada por la Corte, la AFIP dijo que el Poder Ejecutivo ya había dado dos soluciones alternativas en 2008 y 2009: la ley 26.476/08, de regularización de deudas tributarias y exención de intereses, multas y demás sanciones; y el decreto 1145/09, dictado al vencer ese plazo. Entre ambos, el 27 de mayo de 2009, el Poder Ejecutivo firmó convenios de canje de pasivos fiscales por espacios de publicidad con varios centenares de medios del interior. La ley abrió durante seis meses la posibilidad de acogerse a la moratoria y ofreció facilidades de pago generosas. La mayoría de los medios aprovecharon esos instrumentos y negociaron planes de pago. El Grupo Clarín regularizó deudas por 198 millones de pesos; el grupo Manzano-Vila, por 134 millones; Canal 9, por 24 millones y Telecentro, de Alberto Pierri, por dos millones de pesos.

Si La Nación hubiera aceptado alguno de estos regímenes, su deuda habría drenado 130 millones de intereses y podría haber pagado los 150 millones de capital en diez años, o en canje por espacios publicitarios. La decisión de no hacerlo reflejó antes una posición político-ideológica que un análisis de oportunidad y conveniencia comercial. Sin embargo, la deuda fue reconocida en los balances auditados de La Nación, que la registraron como pérdida. Esto puede leerse como un acto de sinceridad con los accionistas, pero declarar pérdidas también permite pagar menos impuesto a las ganancias, aunque sea por deudas impagas.

A raíz de esos acuerdos, el Ministerio de Economía declaró la caducidad de los beneficios previstos en el régimen de competitividad. El 11 de marzo de 2010 las cámaras patronales pidieron la nulidad de esa resolución y el 16 de abril de ese año un juez de primera instancia suspendió sus efectos. Recién el mismo día, pero ocho años después, a instancias de la AFIP, el mismo juzgado opinó que era una prolongación excesiva de una medida cautelar.

Una cuestión de principios

No pagar es una cuestión de principios y como tal innegociable para La Nación, cuya capacidad contributiva no está en cuestión: en esos mismos años compró decenas de millones de dólares para atesorar y, en 2012, bajo el inequívoco título “Expansión”, informó que, a través de su subsidiaria US Hispanic Media Inc., “llegó a un acuerdo para convertirse en el accionista estratégico de ImpreMedia, un grupo relevante de diarios y revistas en español de Estados Unidos”, que incluye los dos principales diarios de ese mercado, La Opinión, de Los Angeles, y El Diario, de Nueva York, además de la revista Vista, de circulación nacional en Estados Unidos, y publicaciones semanales de distribución gratuita en distintas ciudades norteamericanas. Como corresponde a la transparencia usual, no se informó ni el porcentaje que compró ni el precio que pagó por él.

Por haber hecho lo mismo con su petrolera Oil, Cristóbal López está preso y el gobierno busca la forma de apoderarse de los medios que adquirió con los impuestos que no pagó. Así lo entendió el juez Julián Ercolini, a cargo de la causa contra López, quien pidió a la Corte el expediente de La Nación.

El 3 de diciembre de 2015, una semana antes de que asumiera Maurizio Macrì la presidencia y se efectivizara la renuncia de Carlos Fayt a la Corte, este juez, más Maqueda y Lorenzetti, dejaron firme un fallo de la Cámara por el que La Nación y los demás medios en la misma situación no serían considerados en mora ni podrían ser embargados. Según los camaristas Claudia Caputi, Luis Márquez y José Luis López Castiñeira, de pagar La Nación estaría en riesgo de quiebra, con afectación de la libertad de prensa, cosa en la que insistió la Corte en octubre de 2014.

La Nación pretendió continuar gozando de la prerrogativa de no pagar, pero el 16 de abril de 2018 el juez de primera instancia y el 23 de octubre la sala III de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal rechazaron esa pretensión. Los camaristas Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández confirmaron el fallo de primera instancia y denegaron el recurso extraordinario.

El 10 de diciembre de 2018, el abogado de La Nación, Ezequiel Cassagne, en nombre de AEDBA, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

(...)

Y la excepción

En el caso de La Nación, el mismo 10 de diciembre de 2018, la mesa de entradas detectó la queja recién presentada y no la envió a la Secretaria N°1 donde se hace la primera clasificación sino directamente a la N° 7, de impuestos, bancos y aduana. Allí había sido designado, por concurso, Sergio Nápoli. Pero en cuanto asumió la presidencia, Rosenkrantz nombró en su reemplazo a Enrique Naveira y además se colocó en primer lugar para la circulación de expedientes relativos a impuestos y aduana, a pesar de que debido a la especialización del estudio que compartía con Gabriel Bouzat, debería excusarse en muchos casos.

Al día siguiente de presentada la queja, el 11 de diciembre del año pasado, Naveira informó a los jueces de la existencia del recurso, sin dar ninguno de los pasos descriptos. En este caso, informó durante el acuerdo y el tribunal solicitó no sólo el incidente en el que se cuestionaba la caducidad de la medida cautelar, sino los cinco cuerpos del expediente.

Para que esto ocurra en apenas 24 horas, el secretario debe tener un ataque de inteligencia artificial y robótica nuclear, o haber recibido aviso previo de que ese recurso se presentaría en la mesa de entradas.

¿Quién podría haber sido? Además de abogado de La Nación, Rosenkrantz es amigo personal de Julio Saguier, el presidente del directorio del diario donde figura como director el valetudinario Bartolito Mitre de Galotti. Ambos forman parte del Comité Director de la Beca Fullbright en la Argentina, un discreto lugar de encuentro.

Como se observa, desde abril de este año el expediente está en la vocalía 4, que corresponde al presidente Rosenkrantz. No sólo aceptó que el secretario informara en el Acuerdo, sin ordenarle que redactara su excusación, sino que tiene en este momento los autos sobre su escritorio.

Seis meses en el caso del blanqueo, de mayor trascendencia institucional y cuantiosas cifras. Un día para el diario cliente de Rosenkrantz, que seguramente después de esta nota escribirá un escueto “No voto”.

Qué interesante sería conocer la opinión al respecto de Roberto Gargarella y Roberto Saba."

Final

En los comentarios de los lectores, se expresó Roberto Gargarella:

"Horacio: No se qué puede tener de interesante conocer la opinión de Roberto S. o la mía: ambos somos personas que pensamos por nuestra cuenta, y que decimos lo que pensamos. En lo que a mí respecta, desde la llegada de Carlos Rosenkrantz a la Corte, escribí y publiqué (tanto en revistas jurídicas como en diarios de tirada nacional) mis opiniones críticas frente a una cantidad de fallos, y en todos los casos salvo en uno (en que acordé con su postura de modo parcial), lo hice directamente en contra de lo opinado por C.R. (lo critiqué por su decisión en el caso del 2 x 1; lo critiqué por su decisión en el caso “Fontevecchia;” lo critiqué por su decisión sobre las “leyes retroactivas”; entre varios otros; y lo respaldé sólo parcialmente en su decisión sobre las reelecciones a nivel provincial -La Rioja-Río Negro). No estudié la causa a la que te referís en la nota, pero por supuesto que pediría no interferencia (a él o a cualquiera) en caso de que C.R. tuviera intereses involucrados en el caso (y por lo que vos decís los tiene). Lo que me incomoda es tu duda, ya que cualquiera que me conoce sabe que jamás escribiría algo contrario a lo que pienso. Tal vez en el periodismo sea común “vender” la opinión propia; como tal vez lo sea en ciertas áreas vinculadas con el ejercicio del derecho. Por suerte para mi salud moral, esos mundos (los del intercambio de opiniones por privilegios) me resultan por completo ajenos."

Horacio Verbitsky:

"Roberto. no tengo ninguna duda. Simplemente pensé que me gustaría conocer tu opinión, y la de Saba, porque me interesa lo que opinan, cuando coincido y cuando disiento. Por suerte para mi salud mental, no logro adivinar a qué se refieren las últimas líneas de tu post. Ni me hace falta que las expliques. HV".

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