Mucho revuelo dominical con una información firmada por Horacio Verbitsky por supuestos pagos futuros a empresas de distribución de energía eléctrica.
NECESARIA ACLARACIÓN DEL ESTADO
Comenzó la campaña electoral: Polémica sobre pagos a distribuidoras eléctricas
Con la firma de Horacio Verbitsky, la web El Cohete a la Luna publicó extractos de un documento sobre negociaciones secretas del Ejecutivo Nacional para pagarles compensaciones a Edenor y Edesur, pese a todo lo que se ha ajustado la tarifa de energía eléctrica desde que Mauricio Macri es Presidente. Sin embargo, funcionarios de la Ejecutivo Nacional afirman que Verbitsky no publicó acerca de la compensación prevista por los cargos de sentido inversa, que provoca un saldo neutro.
La explicación de voceros oficiosos conocedores del tema es que a la nota de Verbitsky le falta -vaya uno a conocer el motivo, si fue casualidad o no- la parte en que el reconocimiento de deuda del Estado por no haber ajustado las tarifas de acuerdo a lo dicho por la ley, se compensa con lo que las distribuidoras le devuelven a Cammesa por no haber pagado plenamente la energía que vendieron porque las tarifas eran incorrectas.
O sea que para el Gobierno Nacional, el impacto es neutro.
Realizada la aclaración, ahora algunos fragmentos de lo de Horacio Verbitsky:
"El mega apagón del domingo 16 de junio, que dejó a oscuras a la Argentina y a extensas zonas de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, sacó a luz una dura pelea entre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Poder Ejecutivo. El ENRE filtró un acuerdo secreto firmado el 10 de mayo entre el gobierno nacional y los representantes de las distribuidoras EDENOR y EDESUR por el que el Estado reconoce una deuda con ambas empresas de entre 40 y 100.000 millones de pesos por el congelamiento de tarifas durante el gobierno anterior.
(...) El coordinador de la negociación, realizada en tiempo récord en marzo, abril y diez días de mayo de este año, fue el secretario de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Edgardo Volosin. Desde 2013 hasta diciembre de 2015 fue apoderado de EDENOR y durante los últimos 15 años ocupó distintos cargos en Pampa Energía. Su especialidad es la negociación Gremios-Empresas-Gobierno.
La negociación se realizó a espaldas del ENRE, que está que trina. El informe oficial difundido en mayo sólo dijo que EDESUR deberá pagarle al Estado Nacional 3.858 millones de pesos y sumar obras adicionales por 3.000 millones y que EDENOR deberá invertir 4.000 millones de pesos más que lo acordado en la última Revisión Tarifaria Integral (RTI).
(...) Como es habitual desde que gobierna Macrì, el objetivo del acuerdo se encubre tras una causa inobjetable: el traspaso del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma y a la provincia de Buenos Aires del servicio de distribución eléctrica en el Área Metropolitana (AMBA). Negociado a partir de 2017 e incluido en el Consenso Fiscal de 2018 y en el Presupuesto de 2019, ese traspaso contó con el beneplácito de las provincias gobernadas por la oposición, porque implicaba que los mimados presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y el Hada Buena se hicieran cargo de un servicio que desde siempre pesa sobre el resto de las jurisdicciones subnacionales. (...)
Igual que en el caso del Correo Argentino, las concesionarias pretenden conciliar esa deuda con otra que el Estado tendría con ellas. (...)

El texto dice que la Secretaría de Energía encomendó al ENRE que calculara la diferencia entre la tarifa recibida por las empresas entre 2006 y 2016 (incluidos los distintos mecanismos de subsidio directo o indirecto) y la que hubiera correspondido según el Acta Acuerdo de 2006. Para ello le indicó que emplearan dos metodologías distintas:
** El Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC), según el cual se recompone la tarifa a partir de un aumento de los costos superior al 6%. Con esa metodología, la diferencia en favor de EDENOR sería de 22.287 millones de pesos y en favor de EDESUR de 21.736 millones. En total, 44.000 millones de pesos. (...)
** La polinómica de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que rige desde enero de 2017. Con ella, la diferencia en favor de EDENOR ascendería a 56.946 millones de pesos y a 45.251 millones en favor de EDESUR. En total, 102.000 millones de pesos. (...)
Pero la deuda que el Estado reconoce no está cuantificada, ya que el Acuerdo consigna los dos cálculos pero no dice cuál se adopta, cosa insólita en un contrato de este tipo que obliga a las partes. Sólo Macrì puede dejar en el aire una diferencia de 45.000 millones de pesos, que al cambio del cierre de esta semana supera los 1.000 millones de dólares.
Para determinar el llamado activo regulatorio se debería haber solicitado al ENRE todos los antecedentes sobre la situación patrimonial de EDENOR y de EDESUR. De haber cumplido con esa obligación, Lopetegui hubiera encontrado que EDENOR reclamó en un amparo judicial que las tarifas le eran insuficientes pero que Pampa Energía, titular del paquete accionario de control de EDENOR, utilizó en 2012 recursos de la distribuidora para financiar el crecimiento del grupo mediante la adquisición de paquetes accionarios de las distribuidoras provinciales Edesal, Edelar y Edesa. Acusados de un mecanismo similar (adquirir empresas con impuestos cobrados y no ingresados) están presos Cristóbal López y Fabián de Sousa.
(...) Los artículos siguientes del acuerdo enumeran distintas deudas de las empresas por compras de energía a Cammesa, con el Estado Nacional a través del Fideicomiso de Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico; por penalidades originadas en reclamos de usuarios; por incumplimientos de la calidad del servicio.
El Acuerdo de Regularización de Obligaciones autoriza a las empresas a utilizar los fondos adeudados a los usuarios en calidad de resarcimiento por el mal servicio para inversiones adicionales a las establecidas en la RTI para el período 2017-2021. Esto sólo estaría permitido si la calidad del servicio hubiera sido superior a la media, cosa que no sucedió.
Aunque el texto no lo diga, lo acordado es una Revisión Tarifaria Integral retroactiva, en la cual el Estado nacional reconoce ingresos adicionales a las concesionarias. (...)".