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Lavado de dinero K, o lo que sobrevivió a WikiLeaks

El tema con consecuencias más profundas en todo lo vinculado a repercusión local de las filtraciones WikiLeaks es lo que se refiere a lavado de dinero. Al respecto, entre Joaquín Morales Solá (La Nación) y Horacio Verbitsky (Página/12) puede leerse un curioso contrapunto:

Horacio Verbitsky salió en defensa (casi desmesurada) de todo lo que se refiere a lavado de dinero y kirchnerismo, bajo la lupa de la embajada estadounidense, según las filtraciones de WikiLeaks. Curiosamente, todos sus dichos acerca de la Unidad de Información Financiera coinciden con lo que afirman habitualmente Héctor Timerman y Aníbal Fernández, jefe del Gabinete de Ministros. En el pasado, Marcelo Saín, quien era interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (en cuyo organigrama se desempeñó el hacker Iván Velázquez), fue el nexo entre Verbitsky y Aníbal F.
 
Verbitsky incluyó en su texto una defensa explícita de Aníbal Fernández.
 
 
"(...) El 23 de octubre de 2009 esa Comisión entregó al entonces encargado de negocios Thomas Kelly un análisis demoledor del informe del Departamento de Estado sobre la política argentina en la materia del año 2008, que incluía las mismas inexactitudes que ahora se leen en los wikileaks

La comunicación dirigida a la embajadora Vilma Martínez señalaba en un tono muy severo el “desconocimiento del sistema jurídico institucional y constitucional vigente”, incluía “aseveraciones sin fundamentación alguna” y omisiones de fácil verificación tanto en las páginas oficiales como en comunicaciones previas del gobierno a la embajada. 
 
El informe decía que la Argentina “se encuentra en la transición de un sistema escrito e inquisitorio hacia uno oral y acusatorio”, proceso que culminó ¡en 1992! Buena parte de las carencias señaladas en el informe habían sido descubiertas, y emprendida su corrección, por el propio gobierno nacional. 

La falta de bases empíricas o documentales es “técnica e institucionalmente grave, por lo que deseamos hacerlo saber a la señora embajadora a fin de que se tomen los recaudos que correspondan para su corrección”. 
 
La Comisión incluso señaló contradicciones entre dos páginas sucesivas del informe estadounidense: en una se afirma que el tráfico de heroína tiene la misma magnitud que el de cocaína; en la siguiente que es menor. Esta contradicción “demuestra la falta de seriedad del informe y la falta de respeto a los organismos que colaboraron brindando información con documentación cruzada y respaldatoria”. 

En la Argentina no se conoce un solo caso de adicción a la heroína. Kelly reconoció los groseros errores que contenía, explicó que lo había confeccionado un funcionario de segundo rango con material de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Sedronar, y de algunos jueces cautivos, habitués del narcoturismo promovido por la DEA para cooptarlos. 
 
En tácita admisión de sus errores, el Departamento de Estado suprimió ese informe de su página web. Además, la embajadora Martínez excluyó de cualquier responsabilidad sobre el tema a quienes habían intervenido, y encargó el informe de este año al primer secretario Kenneth Forder, a quien instruyó para que no incluyera ningún dato sin fuente o sin el respaldo de algún organismo responsable.

Dolor de muelas

Hace diez meses, en esta página se describió la operación contra Aníbal Fernández impulsada por el jefe del Sedronar, el odontólogo patagónico José Granero, quien no sólo abasteció de datos tendenciosos a la embajada, sino también a Elisa Carrió, de la CCL, y a Graciela Camaño, del Peornismo opositor. 
 
Las cámaras federales de la Capital y de San Martín ordenaron que se investigara al jefe de la Sedronar. La primera le atribuyó “fallas notorias en los procedimientos de control” de precursores químicos. Un procesado en la causa Ascona obtuvo su inscripción presentando una fotocopia de su DNI, y la Secretaría ni siquiera constató si sus domicilios declarados eran reales. También se otorgaron los certificados de importación sin averiguar “cuáles eran las empresas que adquirirían la efedrina”. 

La de San Martín fue aún más directa: Granero “no habría cumplido con el ejercicio del poder de policía”, por lo cual ordenó que se lo indagara como partícipe en los delitos con estupefacientes investigados en la causa Poggi. También compromete a Granero la causa que lleva el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a raíz del hallazgo de más de siete kilos de cocaína en la puerta de una camioneta del Sedronar. 
 
Granero dijo que provenía de un procedimiento realizado en Santa Fe, pero ni el tipo de producto ni su envase coincidían. Ya han sido procesados dos de sus colaboradores y Granero ha logrado postergar ese destino mediante una serie interminable de chicanas, primero en la Cámara de Casación, que retuvo el expediente más de un año, y ahora en la justicia federal de Quilmes, ante la que apeló la citación a indagatoria, una anomalía jurídica. 

El informe del Departamento de Estado encomia la tarea del Sedronar y lamenta que carezca de recursos suficientes para cumplirla, de lo cual culpa a la débil coordinación con el Ministerio de Justicia. En la investigación de Elisa Carrió sobre presuntas vinculaciones gubernamentales, políticas y comerciales con el “Narcotráfico y el crimen organizado”, se mencionan “maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la Sedronar en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias”. 

Como fuente, Carrió sólo menciona una visita de Granero al Congreso. La respuesta de la Comisión a la embajada recuerda que las competencias de la Sedronar fueron fijadas por decreto, “de rango inferior a las leyes, lo que el informe desconoce”, y que las responsabilidades competen en realidad a los ministerios de Salud, de Justicia y a la jefatura de gabinete. Agrega que “la Sedronar carece de competencias para intervenir en procedimientos judiciales, si interviene las causas judiciales son nulas; tampoco puede dar órdenes a las fuerzas de seguridad ni tiene competencia para relacionarse con los magistrados y menos puede ordenar a los ministros”. 

Ése órgano de jerarquía inferior fue colocado en la órbita de la Presidencia durante el gobierno de Néstor Kirchner, según un diseño del especialista en lavado de dinero Juan Félix Marteau, asesor en la materia del FMI. La embajada lo menciona como una de sus fuentes. 

Luego de ser relevado de su cargo por CFK pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las causas que se le abrieron por lavado de dinero. En su estudio trabaja María Celeste Plee, la hija del fiscal antilavado Raúl Plee. El gobierno contraatacó, relevando a la titular de la UIF, Rosa Falduto, pero ahora debe enfrentar los embates contra su sucesor, José Sbatella, quien no es un especialista en la materia pero de quien nadie puede sospechar que trabaje en contra de los intereses del país, en colusión con enemigos internos y potencias externas."
 
 
Joaquín Morales Solá, en el diario La Nación, tiene un enfoque notablemente diferente acerca de toda la cuestión del lavado de dinero y el gobierno de Cristina Fernández:
 
"(...) El informe sobre el lavado de dinero que partió desde aquí es, en cambio, largo (12 hojas), fundado y con testimonios valiosos. 

La conclusión es que la ley argentina no es tan mala, pero está ausente la decisión política de combatir esa práctica corrupta. La liviandad de los gobernantes argentinos no se respalda en la necesidad de ayudar al narcotráfico o al terrorismo internacional, dice el mensaje, sino en proteger la corrupción y la evasión impositiva. 

Lo segundo le deja la puerta abierta a lo primero: ya hay fondos del narcotráfico lavándose cómodamente en la Argentina, asegura. El dinero del terrorismo que se lavó sería intrascendente, subraya el cable, aunque ni siquiera saben si hubo plata de esa procedencia.

Una segunda conclusión es que la agencia oficial para combatir el lavado no sólo es ineficiente, sino que sirve para perseguir a los adversarios. El cable consigna que una información confidencial sobre Francisco de Narváez, suministrada por un organismo internacional, fue trasladada en el acto al conocimiento público

Directivos de bancos en la Argentina aseguran también que esa agencia gubernamental argentina interfiere inmediatamente cuando empresas lejanas o críticas del oficialismo hacen alguna transacción en dólares. Hay empresas que no pueden comprar US$ 10.000 sin que nos caigan encima las inspecciones sobre lavado de dinero, dijeron.

A todo esto, ¿fue una novedad la laxitud de los gobernantes argentinos sobre el lavado? No. Funcionarios del Banco Central vienen advirtiendo desde hace cinco años, por lo menos, que la Argentina se deslizaba hacia el descrédito en los organismos mundiales de lucha contra el lavado. 

Esos funcionarios no sólo hablaban con periodistas; también les trasladaban sus percepciones a las máximas instancias de la administración. Nada. La respuesta fue siempre la obstinación en la política de dejar hacer. 

La Argentina está ahora a las puertas de caer en la ultrajante zona gris , el lugar donde están los países no confiables del mundo en materia de circulación de dinero.
Ese mensaje diplomático señala también la posibilidad de que el "círculo íntimo" de los Kirchner y el propio matrimonio presidencial haya girado fondos al principado de Liechtenstein, Suiza y Luxemburgo. 

Aunque la agencia argentina contra el lavado se negó a darles información a esos países, lo cierto es que por primera vez se menciona la eventualidad de que los Kirchner hayan abierto cuentas bancarias personales en paraísos fiscales. Es el dato más notablemente nuevo en el culebrón de los cables. (...)".

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