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La Justicia rechazó un planteo de la empresa por un aumento tarifario

Metrogas exigía al Gobierno nacional la aplicación de un aumento tarifario pactado en 2008, cuya aplicación debía hacerse efectiva en marzo de 2009. Sin embargo, la jueza Rita María Ailán aseguró que “no hubo arbitrariedad ni ilegalidad” por parte del Estado.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La jueza Rita María Ailán, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal  N° 4, rechazó un amparo presentado por la empresa Metrogas contra el Gobierno nacional, en donde se exigía la aplicación de un aumento tarifario pactado en el año 2008.

Se trata del “Régimen Tarifario de Transición” (RTT) previsto en el acuerdo transitorio celebrado el 1º de octubre del 2008 entre Metrogas y el ENARGAS, según publica el Centro de Información Judicial.

Según la presentación, el nuevo cuadro tarifario debía ponerse en práctica en marzo de 2009, pero no se hizo "sin explicación alguna" y en forma "ostensiblemente ilegítima", según había sostenido Metrogas en el recurso rechazado por la Justicia.

Para la magistrada, “las circunstancias de admisibilidad de la acción de amparo excluye que pueda convertirse en una instancia en que los jueces asuman facultades propias de otras autoridades públicas o poderes o se constituyan en revisores de su actuar dentro de las normas respectivas o incluso que se someta al control judicial el desempeño de funcionarios u organismos para juzgar su acierto o desacierto cuando el mismo no resulta arbitrario en forma evidente”.

Sostengo que el intento de ‘amparizar’ el acceso a la justicia con la inquietud de obtener una respuesta rápida a los reclamos eludiendo las vías procesales normales que deben seguirse, desvirtúa el sentido del mismo”, agregó.

A la luz de estas consideraciones y en lo que se refiere a la cuestión sometida a debate debo afirmar que no advierto dentro del ámbito de este proceso la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que se invoca, lo cual es determinante del rechazo de la acción”, concluyó.

"El amparo es un proceso excepcional sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales", afirmó la magistrada.


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