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Formosa insiste que ya le cedió 5.187 hectáreas a los tobas

El gobierno de Formosa admitió que no sabe "cómo seguir" manejando el conflicto generado con una comunidad toba del norte provincial, a la vez que, en un informe ante la Legislatura, reiteró su defensa del accionar policial durante la represión de un corte de ruta, que costó la vida a un aborigen y un efectivo de la fuerza.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El titular del organismo provincial que administra las tierras fiscales en Formosa, Manuel Rodríguez exhibió la escritura 468/85 a través de la cual "el Estado entregó en propiedad a la Asociación Civil Colonia La Primavera, 2 predios, hasta entonces fiscales, a los tobas del lugar sumando un total de 5.187 hectáreas”.
 
Según el diario El Comercial, de la ciudad de Formosa, el funcionario fue consultado sobre el reclamo que un grupo liderado por Felix Díaz viene realizando con un piquete sobre la ruta nacional 86 y que el pasado martes fue el epicentro de una refriega policial que costó la vida de dos personas, Rodríguez indicó a El Comercial que “el pedido de este grupo es por 612 hectáreas que están lindantes con su campo, pero que tiene otro dueño que es la familia Celía”.
 
Precisamente los Celía –ocupantes de más de 2.000 hectáreas en la zona- son los que vendieron una porción de su predio –las 612 hectáreas bajo reclamo aborigen- al Estado para que la provincia construya en el lugar un campo experimental agropecuario en el marco de una universidad nueva que funciona en la cercana Laguna Blanca.
 
“La comunidad toba de La Primavera tiene un campo con título de propiedad desde 1985 sumando un total de 5.187 hectáreas”, subrayó Rodríguez quien dijo “no comprender el reclamo por más tierra, cuando el cacique de ellos firmó la escritura hace muchos años y todos saben que tienen un lugar para vivir, producir, cazar y realizar sus actividades ancestrales”.
 
Los hechos que se registraron en Formosa el pasado martes, con dos procedimientos policiales, donde murieron por disparos de armas de fuego el oficial principal de la policía Eber Falcón y el aborigen Roberto López, fueron parte del pedido encabezado por Díaz por esa porción de 612 hectáreas quien hoy se encuentra prófugo de la justicia local al existir una orden de detención contra el.
 
Iglesia del Nazareno
 
Sin duda que un observador calificado del concepto es el pastor Marcial Saragachi, de la etnia toba, quien trabaja para la congregación de la Iglesia del Nazareno en la comunidad La Primavera. 
 
Luego de lo ocurrido él comentó que en la comunidad La Primavera “están tristes los afectados de la familia, conozco al hijo del fallecido Roberto López con quien nos entendemos dentro de la iglesia”.
 
“Hemos charlado dentro de la iglesia sobre la situación de la comunidad pero cada uno tiene su propia opinión. Del tema de los cortes en ruta no puedo opinar porque cada uno tiene su opinión y los respeto. Estuve acompañando a la familia de Roberto López, y lo sepultamos en el centro de la colonia, estuvieron varios conocidos de la familia”, dijo el pastor Saragachi.
 
Gravedad institucional
 
El ministro del Superior Tribunal de Justicia provincial, Ariel Coll indicó respecto a los hechos en colonia La Primavera “lo que se consideró necesario el día miércoles (24/11) a la mañana fue que el Superior Tribunal de Justicia se interiorizara más concretamente y directamente de lo que había sucedido en cuanto a la actuación de los magistrados y funcionarios judiciales que estuvieron en el lugar de los hechos el día martes en horas de la tarde”. 
 
A Radio Uno, de la ciudad de Formosa, le confirmó que existió la orden de constatación en el campo de los Celias pero “por lo que percibí los hechos de la tarde se generan por el incumplimiento de las órdenes de la mañana. Todo esto está ahora sujeto a investigación”, sostuvo.
 
“Este concepto se desprende de lo que pasó a la mañana que es resistir una orden judicial, me parece que si estamos en una sociedad civilizada y democrática tenemos que acatar la orden de los jueces, ellos están facultados por la Constitución para dar ese tipo de órdenes y si no se está de acuerdo existen mecanismos legales para dejarla sin efecto. Resistir por la fuerza una orden judicial puede llevar a situaciones no queridas para nadie en el futuro”, manifestó Coll.
 
Los hechos
 
El desalojo del martes 23/12 fue el punto crítico de un reclamo que lleva más de 4 meses. Los manifestantes mantenían cortada la ruta nacional 86, como medida de fuerza ante la falta de otorgamiento de títulos de tierras de unas 600 hectáreas en esa zona, ubicada a 190 kilómetros al norte de la capital provincial. 
 
En ese lugar el gobierno de Insfrán quiere construir una universidad especializada en carreras agropecuarias. 
 
Los miembros del pueblo originario aseguran que el terreno que reclaman es propiedad “ancestral” de esa comunidad, mientras que la Justicia concedió el pedido de la familia Celía, que asegura que el campo es suyo. 
 
El juez Raúl Mauriño dictó una orden judicial cediendo al pedido de Celía para que la comunidad indígena no ocupe el lugar. 
 
El magistrado fue quien envió a la policía provincial a notificar a quienes cortaban la ruta la decisión de de-salojarlos. 
 
Desde las organizaciones indígenas repudiaron que no se aplique la Ley 26.160, de emergencia territorial, que llama a frenar los desalojos de pueblos originarios en zonas conflictivas. 
 
La causa por lo ocurrido durante el desalojo está en manos del juez Santos Gabriel Garzón, quien declaró: “Hasta acá tenemos tres homicidios cuyos autores hay que determinar”. 
 
El juez realizó una inspección ocular en la zona del conflicto. Luego del desalojo, el predio quedó custodiado por personal de Gendarmería. 
 
La Justicia liberó a los 27 integrantes de la comunidad toba detenidos el martes tras la disputa de tierras. 
 
Fuentes judiciales ratificaron que los muertos en el desalojo fueron 2, el policía Heber Falcón (34) y el aborigen Roberto López, pero otro integrante de la comunidad falleció en las últimas horas, pero no como consecuencia del enfrentamiento entre policías y aborígenes, sino por una enfermedad. 
 
Entre los heridos, que se encuentran internados en el hospital de alta complejidad de Formosa, el que reviste mayor complejidad es el aborigen Sixto Gómez, en coma farmacológico. 
 
El toba Samuel Garcete (50) y el policía Leonardo Bence, se encuentran ya fuera de peligro. Otros dos integrantes de la comunidad permanecían internados en el hospital de Laguna Blanca y evolucionaban favorablemente. 
 
En cuanto a la investigación, un grupo de policías buscaba hoy en la zona de montes cercana a la colonia La Primavera – a unos 190 kilómetros de la capital provincial- al aborigen Félix Díaz y a un grupo de allegados, a quienes la Justicia pretende tomar declaración por los disparos que ocasionaron la muerte del policía Falcón. 

Se complica

El conflicto entre el Gobierno de Formosa y la comunidad Toba de La Primavera, a 190  kilómetros al norte de esta capital, por tierras amenaza con complicarse conforme avanzan las horas. 
 
El piquetero K Luis D’Elía, reclamó (el jueves 25/11) a la Cámara de Diputados nacionales que aprueben la  “intervención” de los “tres poderes institucionales” de esa Provincia, administrada por el  gobernador oficialista Gildo Insfrán.
 
También se pronunciaron otros sectores políticos en contra de la brutal represión policial que  terminó con la muerte de los dos integrantes de la comunidad Toba y un policía. El bloque de  Diputados de la UCR y la Coalición Cívica pidieron enjuiciar a los responsables y criticaron  con dureza el accionar de la policía formoseña.
 
Según pudo saber Urgente24, la situación en la provincia es tensa ya que la comunidad Toba  mantiene una postura dura respecto de su reclamo. Mantenían desde hace cuatro meses una  protesta sobre la ruta nacional 86 en reclamo de la tenencia de “tierras ancestrales” en La  Primavera.
 
En este marco, el gobierno no sabe muy bien qué hacer. El ministro de Gobierno provincial,  Jorge González, se presentó anoche ante la Legislatura para informar sobre los hechos  registrados el pasado martes.
 
El funcionario reiteró ante los diputados su defensa del accionar de los efectivos, quienes  "actuaron cumpliendo una orden judicial", manifestó. 
 
Luego admitió: "Estamos dispuestos a dialogar, pero si el otro sector no quiere, no sabemos  cómo seguir", en referencia a la comunidad toba en conflicto.
 
González, de quien depende la policía de la provincia que actuó en la refriega con los  aborígenes, se aferró ante los diputados al relato oficial sobre los hechos, al insistir que  "los primeros disparos vinieron del monte, del lado de los aborígenes cuando una partida  policial se acercó a constatar una denuncia del corte de un alambre divisorio de dos campos".
 
Los diputados del radicalismo pidieron detalles de los sucesos, especialmente sobre el calibre  de las armas que terminaron con la vida del policía Eber Falcón y del aborigen Roberto López.
 
"Eso no lo sabemos, es motivo de investigación judicial y no tenemos acceso al expediente",  manifestó.
 
El bloque oficialista se sumó a la postura del gobierno, mientras la explicación de González  no conformó a los radicales "No se pueden resolver los conflictos a los tiros, por eso  queremos saber cómo continuará esto", manifestó el diputado de la UCR Martín Hernández.
 
A lo que el ministro señaló la disposición oficial a "dialogar", pero admitió no saber "cómo  seguir" si la comunidad involucrada evita negociar.
 
Mientras tanto, el líder de la comunidad toba de La Primavera, Félix Díaz, continuaba siendo  buscado por la justicia para declarar en la causa iniciada tras el trágico desalojo.
 
Este conflicto abre un paréntesis inédito de kirchneristas vs kirchneristas. Porque al pedido de D`Elia se sumó Madres de Plaza de Mayo que denunció también a través de un comunicado al gobernador Gildo Insfrán por ser “responsable de los asesinatos y del brutal desalojo”. “No es la primera vez que ante el reclamo de los pueblos originarios la respuesta del gobernador es el envío de la policía provincial con la orden de reprimirlos”, repudiaron.
 
Además, militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Partido Obrero (PO) marcharon ayer juntos por la causa. 
 
Además, becarios e investigadores del CONICET que trabajan vinculados con pueblos indígenas  se pusieron a disposición de organismos competentes para "cualquier aporte que contribuya a  una solución definifiva" a estos hechos.

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