ARCHIVO >

El PO, según Verbitsky, y todo lo que omite el titular del Cels

Horacio Verbitsky se desespera: nunca estuvo tan cerca del poder, y tiene grandes proyectos que ponen en riesgo acontecimientos como los de Plaza Constitución. No puede ser que le arruinen sus ensoñaciones. Sin embargo, él contribuye a la posible frustración si persiste en análisis tan imperfectos.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels, organización clave en la formulación teórica del 'ladriprogresismo') y columnista dominical del diario Página/12, se encuentra fascinado con su condición de influyente en el Cristinismo, capítulo descendente del Kirchnerismo.

Para Verbitsky, la coyuntura es más atractiva que la de Héctor J. Cámpora, en 1973. Por un lado, porque por entonces él carecía de la autoridad que hoy tiene entre los 'transversales', o sea los kirchneristas no peronistas, ya decididamente 'cristinistas'.

Luego, porque en aquel entonces todavía existía Juan Perón, quien le pidió la renuncia a Cámpora cuando éste puso en riesgo el Estado. Hoy no está Perón y tampoco Néstor Kirchner, quien era el socio mayoritario de la corporación multipropósito Kirchner Sociedad Anónima.

Sin embargo, pese a las ventajas que encuentra Verbitsky, o posiblemente a causa de ellas, el deterioro de la gestión de Cristina es perceptible, a poco de comenzar la autonomía y cuando la popularidad transitoria que producía el luto de su viudez, ha comenzado a desvanecerse.

Realizadas estas aclaraciones, van aqui 3 fragmentos periodísticos que ayudan a desarrollar el contexto de lo que sucede por estos días en el poder.

Primero, algunos fragmentos de las elucubraciones de Verbitsky, que concluyen con una apelación casi desesperada a favor de Nilda Garré, su amiga a quien él ayudó a convertir en ministro de Seguridad.

Esta novedad de encontrar a Verbitsky citando como fuente a Luis D'Elia, vaya si no resulta tan sorprendente como agobiante.

Luego 2 enfoques que omite Verbitsky, y que debería considerar acerca de los sucesos en Plaza Constitución. Uno es de Marisa Álvarez, del diario platense El Día; y el otro es de Joaquín Morales Solá, del diario La Nación, quien realiza aportes interesantes cuando puede quitarse la obsesión de convencer que en los '70 no conocía tantos militares como afirma el kirchnerismo(tema que no debería hacerle perder la coherencia en el relato).

Horacio Verbitsky en el diario Página/12:

"Los trabajadores tercerizados de la línea Roca que negocian su incorporación plena a la empresa ferroviaria no participaron en el corte de vías del jueves a la altura de Avellaneda. El acampe en las vías fue organizado por un pequeño grupo de dirigentes del partido “Obrero”, que trajo para ello a trabajadores tercerizados de otras líneas. El corte interrumpió el servicio y dio lugar a bien preparados disturbios en Constitución, cuando los obreros que intentaban regresar a sus casas llegaron a la terminal y fueron informados de que no corrían los trenes. Un compacto grupo de jóvenes comenzó la pedrea, a la que luego se sumaron algunos pasajeros, indignados por la imposibilidad de viajar. No queda claro si los primeros atacantes pertenecían al mismo grupo que los responsables del corte, porque actuaron sin ninguna identificación ostensible y porque en general el partido “Obrero” reivindica sus acciones.

(...) Pitrola se levantó de la mesa de negociación a las 18 del jueves, sin que se hubiera llegado a un acuerdo. Minutos después unos veinte hombres jóvenes, que llevaban gorros con visera que dificultaban su identificación, mochilas aptas para cargar piedras y en muchos casos pañuelos poco apropiados para el clima tórrido pero convenientes para cubrirse el rostro, comenzaron a apedrear los cerrados accesos a la terminal ferroviaria, donde una reducida guardia de infantería de la Policía Federal les cerraba el paso.

Esa escasa fuerza les vedó el acceso a la estación pero fue insuficiente para impedir que saquearan algunos locales de calzado y de venta de bebidas
, cuyas botellas fueron empleadas como proyectiles. Ese grupo emblemático de la paleoizquierda fue pionero de las candidaturas testimoniales y está en campaña contra el gobierno nacional por la ley electoral que las prohíbe, al exigir un piso mínimo de votos que los obreristas no alcanzan.

Dada su pureza ideológica les resulta imposible aliarse con otras fuerzas afines, a las que combaten con el mayor entusiasmo. El partido “Obrero” intenta reeditar cada 20 de diciembre las violentas jornadas de 2001. En el aniversario de 2003 un explosivo hizo volar un cesto de papeles en la Plaza de Mayo y causó heridas a 26 manifestantes. Pitrola lo atribuyó al gobierno, pero el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda, Luis D’Elía, afirmó que se trató de un autoatentado, dentro de un programa de agitación dirigido a desestabilizar al entonces flamante gobierno de Néstor Kirchner, e involucró en el intento al ex senador Eduardo Duhalde. Hoy como entonces, las sospechas sobre el origen de los actos violentos se van hacia esas direcciones. A ello contribuyó la elección del 20 de diciembre como fecha de lanzamiento de la candidatura presidencial de Duhalde, cuya principal oferta proselitista es el orden alcanzado por medio de la represión.

(...) Un inconveniente difícil de salvar para este volver a vivir que intentan el partido “Obrero” y Duhalde reside en las ostensibles diferencias entre aquel diciembre y éste.

Entonces, el establecimiento de un corralito bancario que dejó sin ingresos al sector informal de la economía culminó en forma estrepitosa una recesión de tres años, que destruyó millones de puestos de trabajo y endeudó al país.

Los saqueos generalizados de entonces fueron un recurso de última instancia para proveerse de alimentos por parte de personas que en el mes previo habían perdido los precarios empleos con los que sobrevivían. El sindicalismo carecía de peso político y su resistencia a la desprotección de los trabajadores se limitaba a denuncias como la de Hugo Moyano sobre la compra de votos para la aprobación de la ley de precarización laboral.

Ahora la desocupación ha retrocedido a niveles de hace tres décadas. La alta inflación no ha hecho mermar el consumo, que bate records cada mes, lo mismo que la producción industrial y la construcción, mientras el país reduce la deuda externa como porcentaje del PIB a su mínimo histórico desde el empréstito Baring de 1826. La Asignación Universal por Hijo se constituyó en el plan de transferencia de ingresos más significativo de la región, según el juicio del organismo de las Naciones Unidas para la región.

En 2001 se vivía además una profunda crisis política. Consecuencia de tres gobiernos sucesivos que llegaron al poder con promesas que abandonaron al día siguiente de asumir para dedicarse a viabilizar las políticas de ajuste dictadas por el consenso de Washington, se había impuesto un descreimiento absoluto de la política y de las instituciones. La abstención en los comicios de octubre de aquel año fue la más alta desde que se llevan registros, mientras se instalaba la exigencia de una renovación total de la clase política, en la penetrante consigna “Que se vayan todos”. Ante la imposibilidad de ejercer cualquier control político, el gobierno de la UCR ordenó la represión de las movilizaciones, sin asegurarse de qué forma la ejecutaban las fuerzas policiales y de seguridad, lo cual provocó cuatro decenas de muertos en todo el país.

(...) Luego de la descontrolada represión en el desalojo del Parque Indoamericano, donde murieron tres personas, la presidente CFK ratificó la consigna de su antecesor en contra del empleo de armas de fuego ante manifestaciones y encaró la postergada reforma de las instituciones policiales, con la creación del Ministerio de Seguridad y la designación a cargo de Nilda Garré. Esa directiva no está exenta de desajustes, como los que se vieron el jueves en Constitución, cuando la pistola reglamentaria de un policía de civil de la comisaría del barrio asomó por debajo de la camisa que usaba para mimetizarse con los manifestantes y detener a quienes arrojaban piedras. Pero no hay comparación posible entre esa situación, que Garré detectó y corregirá, y la de 2001, cuando ni se ponía en tela de juicio el empleo de esos medios letales para enfrentar a personas furiosas pero desarmadas, que no pedían una vivienda o un transporte dignos, sino comer cada día."


Marisa Álvarez, en El Día, de la ciudad de La Plata:

"Técnicamente, la Provincia es un polvorín. El solo hecho de que contenga -masivamente en el Conurbano- la mayor concentración de población en situación de pobreza, exclusión y marginalidad del país, la coloca en situación de altísimo riesgo de explosión social.

Ya se ha dicho aquí que las usurpaciones, tanto de predios del Estado como privados, no son nuevas ni excepcionales en la Provincia. Son, desde hace un buen tiempo, demasiado frecuentes. Por eso la violencia que ha signado los episodios porteños provoca especial preocupación en los ámbitos oficiales bonaerenses. Y en ese marco inquieta la ausencia de una política general definida frente a las ocupaciones, aunque en la mayoría de las ocasiones desde el gobierno provincial y las intendencias se reacciona "dejando hacer" en la medida que no intervenga la Justicia y ordene desalojos. Una manera de evitar que acciones destinadas a impedir los asentamientos desencadenen violencia, aunque su contracara implique convalidar la ilegalidad y propiciar, desde el "ejemplo" de la permisividad, la multiplicación de las tomas de predios.

Por lo pronto, esta semana el propio intendente de Quilmes, el oficialista "Barba" Gutiérrez, admitió públicamente que piensa comprar -con fondos públicos, desde ya- los terrenos privados en los que se instaló el único asentamiento bonaerense que alcanzó trascendencia mediática en los calientes días de la toma del Parque Indoamericano en la capital federal. La intención es, claro, adquirir el predio para permitir la permanencia del asentamiento. Y algunos observadores políticos advierten que esta decisión puede tener un efecto multiplicador de las usurpaciones mayor aún que la política de mirar para el costado ante las ocupaciones.

El episodio en el que tres gendarmes fueron baleados en Lanús generó, en ese contexto, extrema inquietud. Ocurrió un día después de que se pusiera en marcha el desembarco de 6 mil hombres de esa fuerza en el Conurbano para participar de la prevención del accionar delictivo. La inseguridad, se sabe, es otro polvorín bonaerense siempre listo para estallar y cobrarse vidas. Por eso, después de la confusión inicial, resultó casi un alivio para los habitantes de despachos oficiales de la Provincia la precisión de que el ataque a los gendarmes no había ocurrido en el marco de un asalto.

Pero los detalles del hecho reencendieron las luces de alarma sobre los riesgos de que las usurpaciones también deriven en la Provincia en actos violentos. Aunque en verdad nada se sabe hasta ahora de los autores de la balacera contra los gendarmes, se estima que el ataque estuvo vinculado al hecho de que esos uniformados están allí -terrenos de una entidad empresaria- para custodiar el predio luego de que éste fuera, hace un tiempo, ocupado y desalojado por orden judicial y ahora -cuatro días antes de los disparos- se registrara un nuevo intento de toma evitado por esos mismos uniformados. (...)

Sin embargo, en la Provincia tomaron debida nota de que fueron centenares de habitantes del sur del Conurbano bonaerense los que iniciaron los incidentes, atacando con piedras y cuanto elemento contundente encontraron las boleterías y otras instalaciones de la estación de Constitución, cuando descubrieron que no tenían trenes para volver a sus casas después de una jornada de trabajo y de calor agobiante.

Nada justifica las reacciones violentas y los desmanes. Pero los bonaerenses saben que, en la hora pico de un día laborable, si no andan los trenes no hay forma de volverse a casa desde Constitución, ya que los servicios de colectivos desde allí al extenso y superpoblado sur del Conurbano no pueden absorber esa multitud como no sea a lo largo de varias horas. Por eso, advierten que el inicio de los incidentes fue un desborde de furia de los usuarios del servicio ferroviario, al que, en todo caso, alimentaron y contribuyeron a sostener durante más de dos horas algunos activistas políticos
. (...)".".


Joaquín Morales Solá en el diario La Nación:

"(...) El Estado hace lo suyo para merecer la indiferencia social. El jueves, cuando se desató la furia en Constitución, la policía tardó más de media hora en llegar a un lugar donde la violencia crecía con el correr de los minutos. ¿El Gobierno no sabía que una línea de tren estaba parada desde hacía varias horas en el último día laborable antes de Navidad? ¿Desconocía que esos pasajeros llegaban al final del día padeciendo un calor de escarmiento? Las vías estaban cortadas por un piquete de tercerizados, víctimas de un desigual sistema laboral. ¿Por qué no desactivó antes ese piquete, con los métodos que creyera convenientes, para normalizar el tránsito ferroviario? Nada se previno. Los funcionarios parecieron tan sorprendidos ante la borrasca de violencia como la gente de a pie. ¿Qué hacían los funcionarios del vasto espionaje oficial?

El piquete no es una novedad y hasta es posible que haya habido militantes del Partido Obrero. Los auténticos partidos de izquierda sienten ya un odio africano hacia el ambiguo kirchnerismo. La novedad estuvo en la furiosa reacción de los pasajeros varados. Iban a Quilmes o a Temperley, dos ciudades donde viven sacrificados trabajadores. Pasan gran parte de su día viajando en un sistema de transporte público directamente inhumano. Hacinados siempre, viven con intensidad mientras viajan el calor del verano y el frío del invierno. Si se leen los correos electrónicos de Manuel Vázquez, el ex asesor de Ricardo Jaime (responsable del transporte público durante gran parte del kirchnerismo), es fácil explicarse por qué la corrupción es la razón de una pésima calidad de vida de los ciudadanos.

Ese mismo día, los bancarios impidieron el movimiento de dinero en la sucursal del Banco Nación de Caballito, donde muchos jubilados esperaron durante horas que llegaran los billetes demorados. El apriete del sindicato bancario fue tan grande que el Gobierno decidió, a última hora del jueves, declarar feriado el 24 de diciembre, contra lo que se había anunciado. Miles de argentinos fueron perjudicados por esa decisión inesperada. Nuevas y peores formas de piquetes, con densa humareda o con alambres, cortaban la avenida 9 de Julio. Pequeños asentamientos de indigentes sucedían en muchos espacios públicos de la ciudad; ninguna negociación podía poner fin a la ocupación de Lugano. Un vasto temor era ya fácilmente perceptible en una mayoría social; el Estado no podía garantizar la tranquilidad pública.

El Gobierno se bamboleaba entre culpar a Eduardo Duhalde y Mauricio Macri, y acusar de una conspiración al Partido Obrero y al Movimiento Socialista de Trabajadores (MST). ¿El PO y Macri en un mismo complot? ¿El peronista Duhalde y el izquierdista Néstor Pitrola confabulando juntos? El problema del oficialismo es que no acaba de construir la denuncia de una supuesta conspiración y ya está obligado a imaginar otra. (...)".

Enterate de todas las últimas noticias desde donde estés, gratis.

Suscribite para recibir nuestro newsletter.

REGISTRATE

Dejá tu comentario