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La oposición quiere controlar por ley el ascenso de los militares

El caso del general César Milani encendió la alarma en el Grupo A opositor que quiere crear una comision para conocer los métodos y criterios utilizados para establecer los órdenes de mérito y las propuestas de ascensos del personal de la Fuerzas Armadas de la Nación desde el año 2003 a la fecha. Sospechan de irregularidades.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El ascenso del general de brigada César Milani, acusado de haber participado en el levantamiento militar carapintada de Semana Santa de 1987, encendió la alarma en la oposición que ahora quiere saber cuales son los métodos y criterios utilizados para establecer los órdenes de mérito y las propuestas de ascensos del personal de la Fuerzas Armadas de la Nación desde el año 2003 a la fecha.

Así, el Exp. Nº 8658-D-2010 crea “la Comisión Investigadora sobre los procesos de evaluación de los ascensos del personal de las Fuerzas Armadas”. La iniciativa fue presentada por el titualr del bloque del PRO Federico Pinedo y acompañada por los diputados Oscar Aguad (UCR), Eduardo Amadeo (PJ Federal) y Patricia Bullrich (Coalición Cívica).

Según establece la propuesta, la Comisión tendrá como objeto “conocer los métodos y criterios utilizados para establecer los órdenes de mérito y las propuestas de ascensos del personal de la Fuerzas Armadas de la Nación desde el año 2003 a la fecha, a los efectos de analizar la posible comisión de irregularidades o acciones que hubieren vulnerado derechos constitucionales, legislación nacional, normas reglamentarias vigentes o incurrido en hechos de discriminación”.

Entre sus atribuciones, el cuerpo podrá “solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con los hechos investigados, tanto a los miembros o ex miembros de las FF. AA. involucrados, como a las autoridades castrenses o a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional; ordenar la realización de pericias y denunciar ante la Justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios”.

Asimismo la Comisión estará compuesta por nueve (9) diputados, los que serán designados a propuesta de los diferentes bloques políticos, respetando la pluralidad y proporcionalidad en la composición de los mismos, de acuerdo con el artículo 105 del Reglamento de la Cámara.

Por último, la Comisión tendrá como finalidad “la derivación de las investigaciones a las áreas administrativas o judiciales que pudieran corresponder, en caso de irregularidades o violaciones a la ley”.

En los fundamentos Pinedo manifestó que “la creación de esta Comisión surge como consecuencia de los reiterados pedidos de explicación y la falta de respuesta de las autoridades competentes sobre las causas que originaron la exclusión de oficiales a promociones y ascensos que acreditaban sobradamente todos los requisitos legales para el caso, y de los cuales surge un factor común entre ellos: todos cuentan con algún pariente que desempeñó alguna función pública en el período 1976-1983. De esta forma se estaría incurriendo ante un hecho ilegal grave y discriminatorio de prohibirle a un oficial su ascenso de carrera por el hecho de parentescos familiares o “portación de apellido”.

El proyecto

PROYECTO DE LEY

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Creación.
Créase la Comisión Investigadora sobre los procesos de evaluación seguidos para proponer los ascensos del personal de las Fuerzas Armadas.

ARTICULO 2º.- Objeto.
La Comisión creada por medio de la presente tendrá por objeto:
El conocimiento de los métodos y criterios utilizados para establecer los ordenes de mérito y las propuestas de ascensos del personal de la Fuerzas Armadas de la Nación desde el año 2003 a la fecha, a los efectos de analizar la posible comisión de irregularidades o acciones que hubieren vulnerado derechos constitucionales, legislación nacional, normas reglamentarias vigentes y/o reglamentación militar, o que hubieren afectado los principios de igualdad ante la ley, justicia y equidad, o incurrido en hechos de discriminación.
La proposición, en base a la experiencia que surja de los hechos investigados, de procedimientos, normas y pautas que garanticen la carrera militar sobre la base de parámetros de idoneidad, mérito e igualdad ante la ley.
La derivación de las investigaciones a las áreas administrativas o judiciales que pudieran corresponder, en caso de irregularidades o violaciones a la ley.

ARTÍCULO 3º.- Integración.
La Comisión estará integrada por nueve (9) diputados, los que serán designados a propuesta de los diferentes bloques políticos, respetando la pluralidad y proporcionalidad en la composición de los mismos, de acuerdo con el artículo 105 del Reglamento de la Cámara.

ARTÍCULO 4º.- Autoridades. Reglamento.
La Comisión elegirá a su presidente, vicepresidente y secretario. Deberá dictar su propio reglamento interno de funcionamiento en un plazo inferior a los treinta (30) días de su constitución, el que será aprobado por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros. Supletoriamente se regirá por el reglamento Interno de la Cámara de Diputados.

ARTÍCULO 5º.- Quórum. Mayorías.
El quórum para sesionar será el establecido en el artículo 108 del Reglamento de la Cámara. La Comisión tomará las decisiones por mayoría de sus miembros presentes.

ARTÍCULO 6º.- Sede.
La Comisión Investigadora tendrá su sede en la Cámara de Diputados de la Nación, pero podrá actuar y constituirse en cualquier lugar de la República Argentina.

ARTÍCULO 7º.-Plazo.
El plazo de duración de la Comisión será de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado por única vez por igual período por decisión de la mayoría de sus miembros.

ARTÍCULO 8º.- Recursos. Gastos.
La Presidencia de la Cámara proveerá la infraestructura, apoyatura técnica y el personal necesario para el desenvolvimiento de las funciones de la Comisión y la realización del objeto establecido en el artículo 2º de la presente.
Los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente ley se deducirán del presupuesto correspondiente a la Cámara.

ARTÍCULO 9º.- Reuniones.
Las reuniones de la Comisión se realizarán de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 98 del Reglamento de la Cámara.

ARTÍCULO 10.- Facultades y atribuciones.
Las facultades y atribuciones de la Comisión creada en el artículo 1º de la presente serán las siguientes:
a. Solicitar todo tipo de documentación e información, escrita u oral, relacionada con los hechos investigados, tanto a los miembros o ex miembros de las FF. AA. involucrados, como a las autoridades castrenses o a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.
b. Requerir y recibir declaraciones testimoniales de personas.
Las personas citadas por la Comisión estarán obligadas a comparecer pudiendo ser llevadas por la fuerza pública en caso de incomparecencia injustificada.
El testigo prestará juramento o promesa de decir verdad, y antes de declarar se lo apercibirá de las penas en caso de que afirmara una falsedad o atenuare o callare la verdad en todo o en parte, salvo que la respuesta pudiera auto incriminarlo.
c. Recibir toda clase de elementos probatorios, los cuales serán evaluados de acuerdo con los principios de amplitud de la prueba y la sana crítica.
d. Exigir la exhibición de cualquier clase de prueba instrumental, reservada o secreta o no, a personas públicas o privadas, pudiendo revisar y secuestrar registros informáticos y toda clase de documentación y correspondencia que guarde relación con los fines de la investigación.
e. Practicar inspecciones oculares en lugares públicos, semipúblicos y privados, allanando por sí el ámbito de que se trate.
f. Requerir el auxilio de la fuerza pública.
g. Designar asesores especialistas en la materia, cuyos informes no serán vinculantes.
h. Denunciar ante la Justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con el curso de la investigación;
i. Ordenar la realización de pericias;
j. Solicitar a la Cámara una prórroga del plazo otorgado, ya sea para realizar nuevas investigaciones, proseguir con el curso de las mismas, o para la elaboración y presentación del informe final.
La Comisión deberá requerir autorización judicial previa en los casos previstos en los incisos d), e) y f) del presente artículo. Asimismo, podrá solicitar la intervención del juez competente en cualquier otro caso que lo considere pertinente.

ARTÍCULO 11.- Consideraciones Finales.
Antes de la finalización del plazo establecido en el artículo 7º del presente, la Comisión deberá elevar a la Cámara un informe con sus consideraciones finales. En éstas deberán constar al menos:
Casos relevados, sus fundamentos y resultados.
Propuestas y recomendaciones referentes a eventuales cursos de acción en relación con ascensos obviados sin fundamentación adecuada.
Mecanismos de reparación de otro tipo que a juicio de la Comisión fuera menester efectuar sobre el personal afectado.
Modificaciones propuestas a la normas vigentes, de forma tal de asegurar que no se incurrirá en irregularidades a futuro.
Denuncias ante los ámbitos pertinentes, en los casos que ameriten tal temperamento y ante la eventual comisión de delitos.
El Informe Final con sus conclusiones y sugerencias, deberá ser publicado en el sitio Web de la Cámara.

ARTÍCULO 12.- Informes parciales.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, en cualquier momento la Comisión podrá disponer la presentación de informes parciales, a medida que avance en sus investigaciones.

ARTÍCULO 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-


FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Desde el año 2006 las propuestas de ascenso de las Fuerzas Armadas al grado de coronel y equivalentes, avaladas por las respectivas Juntas de Calificaciones, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 19.101 para el Personal Militar, fueron modificadas por el Poder Ejecutivo Nacional al elevar los correspondientes pliegos al Senado de la Nación, excluyendo a algunos oficiales sin expresar causa alguna que sustentara o fundamentare tal decisión.

Ante los reiterados pedidos de explicación y la falta de respuesta de las autoridades sobre las causas que originaron la exclusión de estos oficiales, los que acreditaban sobradamente todos los requisitos legales para ser ascendidos, surge un factor común entre ellos: todos cuentan con algún pariente que desempeñó alguna función pública en el período 1976-1983. En algún caso, aparentemente, se destituyó a un oficial de su función por haber participado en un acto público parientes suyos con hábitos religiosos.

En el caso de los oficiales a los que hacemos referencia, sus fojas de servicio fueron desarrolladas completamente durante el período democrático abierto en 1983. Ninguno de ellos había participado en la lucha contra el terrorismo o en acciones ilegales o violatorias de los derechos humanos ni, por cierto, eran acusados por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
En el mes de septiembre próximo pasado trascendió que durante los procedimientos realizados dentro del ámbito castrense para proponer los ascensos en el Ejército para el año 2010, la exclusión arbitraria y discriminatoria de determinados oficiales, determinó el pedido de pase a retiro de dos generales de la Nación, que habrían considerado tales actos como contrarios a la ética profesional. El estado público de esta situación motivó que cinco oficiales del Ejército y cinco de la Armada fueran citados por la Comisión de Acuerdos del Senado para una reunión informativa con el objeto de conocer su situación. La ministra no autorizó su comparecencia y comunicó la posición oficial a través del Informe de Prensa Nº 403/2010, en el cual expresó que “la Presidenta como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, tiene facultades discrecionales y por razones de mérito, oportunidad y conveniencia puede seleccionar o sacar de la lista que le han elevado las Fuerzas, a través del Ministerio de Defensa, alguno de esos oficiales propuestos” y añadió que “se elige el mejor perfil, no sólo por capacidad de conducción, liderazgo, sino también por su convicción democrática y respeto a los Derechos Humanos. Eso hoy es un ingrediente fundamental en el perfil profesional de un militar”. Merece destacarse que desde hace años el Ministerio de Defensa requiere a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación un informe previo sobre los antecedentes de los oficiales postulados.

Un reiterado criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 271:297) sostiene el principio según el cual no hay responsabilidad sin culpa, ya que sólo puede recaer una pena en quien haya actuado en forma culposa o dolosa, por lo que resulta aberrante la posible aplicación de las consecuencias a terceros por la sola circunstancia de parentescos familiares o de “portación de apellido”, ocasionando que oficiales ajenos a los hechos imputados deban soportar postergaciones, desconocimientos de sus propios méritos o servicios y la finalización de su carrera profesional. Ello podría configurar un acto de discriminación violatorio de la Ley Nº 23.592 y eventualmente de los artículos 248 y concordantes del Código Penal de la Nación.

Por su parte, el artículo 99, inc. 12 de la Constitución Nacional, establece que el Presidente de la Nación es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, concediendo tal atribución poderes amplios y discrecionales, pero no arbitrarios, porque están condicionados por dos tipos de leyes: las del derecho internacional público y por aquéllas sancionadas por el parlamento en ejercicio de sus atribuciones en materia de Defensa Nacional y de organización castrense.

La aceptación de un ejercicio arbitrario de atribuciones legales, permitiendo exclusiones infundadas de los listados de ascensos, estaría cercenando el derecho reconocido por el artículo 7º, Inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dispone “… igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad”. En el caso de configurarse esta hipótesis, ello tiene una relevancia mayor, por tratarse de un tratado internacional con rango constitucional (art. 75, inc. 22, CN).

Reforzando este criterio, el artículo 16 de la CN consagra el principio de igualdad ante la ley para todos los habitantes y declara que los mismos son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Por lo tanto, sólo la igualdad y la idoneidad son los parámetros rectores que deben patrocinar y medir los ascensos en la carrera militar.
Por su parte, la propia Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, a través de su titular, Dr. Esteban Rosa Alves, ha dicho en un dictamen dirigido a la Procuración del Tesoro “que ninguna facultad discrecional puede ser ejercida en forma arbitraria y que no es justo que los beneficios otorgados por las leyes queden librados a la voluntad caprichosa de las autoridades, ya que sólo un fundamento de razonabilidad puede dar fuerza de convicción a un acto administrativo dictado en ejercicio de facultades discrecionales…” y “…que la circunstancia de haberse ejercido una facultad discrecional no obsta a que el acto en cuestión deba cumplir con el requisito constitucional de la razonabilidad, el que comprende la necesaria fundamentación de los actos administrativos” (Dictámenes 189:127 y 199:427) .

En virtud de lo expuesto, es que la posible comisión de los hechos denunciados debe ser investigada por el impacto profundo y negativo que ocasiona en la política de excelencia profesional y de reconocimiento al mérito que rige desde los inicios de las instituciones castrenses. Uno de los bienes más preciados que aún permanecen en el seno de las fuerzas, es la calidad y objetividad de las Juntas de Calificaciones. El análisis que se efectúa de cada oficial es pormenorizado, completo y profundo; se examinan aspectos de su formación profesional y personal, cualidades de liderazgo y respeto por los valores del hombre y las instituciones, que permiten llegar a evaluarlo de manera objetiva y fundamentada.

El principio de razonabilidad se funda en el precepto contenido en el artículo 28 de la CN, que estatuye que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Al respecto, Juan Bautista Alberdi expresó en “Bases” que: “No basta que la Constitución contenga todas las libertades y garantías reconocidas. Es necesario que contenga además declaraciones formales de que no se dará ley que, con pretexto de organizar o reglamentar el ejercicio de estas libertades, las anule y falsee con disposiciones reglamentarias”.
La alteración de la Constitución implica entonces una negación de derechos, por cuanto el acto arbitrario no guarda proporción con el texto o los fines que persiguen los principios o garantías constitucionales. Lo mismo acontece cuando el acto administrativo carece de fundamentación o exhibe una desproporción entre las medidas que involucra y la finalidad que persigue.

La potestad presidencial de proveer los empleos militares, pero con la exigencia de acuerdo del Senado en la concesión de los grados de oficiales superiores (art. 99, inc. 13, CN), responde a diversas razones. La más significativa es cumplir con el principio republicano del control de poderes. En este caso, la acción concurrente de poderes busca impedir que el Presidente favorezca a unos o perjudique a otros, afectando el funcionamiento correcto de una institución de la democracia, como deben serlo las Fuerzas Armadas.

Descendiendo en los peldaños de la pirámide legal, corresponde analizar que a fines de 2009 se promulgó el Decreto Nº 1736 mediante el cual el Poder Ejecutivo delegó en el Ministerio de Defensa establecer el procedimiento de selección y clasificación que regirá para los ascensos a la categoría de Oficial Superior.

Analizando el texto de dicho Decreto, se observa una sustancial modificación de la reglamentación existente para cada Fuerza en las que estaban determinadas exigencias muy claras, concretas y transparentes para el ascenso, sustituyéndolos por criterios opacos y subjetivos.

En efecto, si bien en los considerandos no menciona al artículo de la ley 19.101 referido a las Juntas de Calificaciones, se hace una somera referencia a las mismas en el art. 2º, al establecer que las fuerzas acompañarán al listado del personal en condiciones de ascenso, el asesoramiento que hayan producido las Juntas de Calificaciones.

En abril de 2010, el Ministerio de Defensa promulgó la Resolución Nº 382, reglamentaria del Decreto 1736/09, creando una instancia superior a la de las Fuerzas y las Juntas de Calificaciones, con la potestad de variar o apartarse discrecionalmente de las clasificaciones discernidas por los respectivos Jefes de Estado Mayor. En dicha norma se estipula que el Ministerio analizará la formación militar, cargos desempeñados, funciones desarrolladas, méritos de la carrera y la idoneidad de cada uno de los oficiales que hayan sido considerados, teniendo en cuenta las políticas de ascenso y los perfiles deseados.

Estos perfiles que el Ministerio sugiere ponderar y calificar para otorgar una nueva clasificación a los postulantes, aparece como una herramienta no mensurable ni pasible de ser ponderada. Esto se traduce en una notoria falta de transparencia y claridad a la hora de materializar este nuevo proceso de recalificación en la instancia del Ministerio de Defensa, circunstancia que se torna propicia para cometer actos o hechos arbitrarios y pasibles de ser tachados de irrazonables, en forma similar a lo ocurrido durante el último período con los oficiales excluidos de los listados de ascenso. De allí la gravedad que reviste esta Resolución, ya que esta nueva norma pretende “dar andamiaje legal” al procedimiento discriminatorio aplicado estos últimos años para excluir de los listados a aquellos oficiales emparentados con miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que tuvieron alguna participación durante el último gobierno de facto.

La irrazonabilidad se incrementa al ser aplicado el art. 9º de la Resolución, que indica que cumplidas dos de las tres oportunidades en que un oficial puede ser considerado para ascenso, y no habiéndose alcanzado el mismo, el Ministerio podrá clasificar al mencionado personal militar como que “no permanece en el servicio activo”. Esta última situación tuvo lugar mediante la Resolución Nº 1581 del 29 de noviembre pasado, por la cual se pasó a retiro a todo el personal afectado por “portación de apellido”.
La Resolución Nº 382, instrumento legal de categoría inferior a un decreto, embiste contra la reglamentación de la Ley 19.101 introduciendo modificaciones ostensiblemente excesivas, sin el aval legal correspondiente.

En el mismo sentido, el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa afirmó que “no es impugnable judicialmente la no inclusión en el pliego de ascensos propuestos al Senado, de determinado personal superior que se creía con el derecho a ser ascendido”, postura basada en una jurisprudencia de la CSJN (Fallos 276:19) del año 1970. Pero lo cierto es que más allá de la opinión de la Corte de facto, ningún criterio de ese tipo es absoluto, pues sin duda se puede recurrir a la Justicia si se vulneran derechos constitucionales y tratados internacionales, mediante un accionar discriminatorio o ilegal de la Administración. Lo que está en discusión en esos casos no es el ascenso, sino la discriminación como fuente de la decisión sobre ascensos.

En definitiva, si desde la óptica jurídica y ante el escenario presentado, estuviésemos frente a la comisión de actos discriminatorios, arbitrarios e irrazonables, de dudosa valía constitucional, ello amerita que sean investigados, no para que el Congreso se constituya en juez, sino para permitir las modificaciones de normas que garanticen la carrera dentro de una institución de la Constitución, a aquellos que deben defender la patria hasta perder la vida.

Es injusto e inaceptable que en un estado de derecho se permita truncar carreras de más de treinta años de servicios a ciudadanos argentinos, dotados de intachables antecedentes, dedicados a salvaguardar los intereses vitales de la Nación, sin dar una explicación fundada y contundente del por qué son excluidos de los ascensos y pasados a retiro, violando sus derechos constitucionales.






 

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