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Lugano: Al Estado ausente se le suma el Estado incapaz

El Estado ausente provocó la posibilidad de las ocupaciones ilegales. Entonces llegaron las fuerzas de seguridad y los magistrados pero no han resuelto según las necesidades y reclamos de los vecinos. Así, el Estado incapaz es otra versión de la crisis del mastodonte público.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Los vecinos del barrio de Lugano siguen manifestándose contra la toma de la cancha de fútbol del club Albariño pero no consiguen una respuesta satisfactoria a su legítimo reclamo al Gobierno y a la Justicia que desalojen a los ocupantes ilegales que ya llevan 1 semana en el lugar.
 
Además del Albariño, ubicado en Santander y Argentina, también hay otros 2 predios tomados en Lugano, a lo largo de 200 metros, sobre Santander: la vieja casona de la familia Schenone, ocupada hace 1 año, y -en dirección hacia Cañada de Gómez- 2 hectáreas, de la distribuidora de golosinas Dolce Vita, ocupado hace 5 días.
 
A diferencia de días anteriores, no hay incidentes porque la Policía Federal, a la que se sumaron efectivos de la Metropolitana, mantiene un amplio operativo alrededor del predio que evita choques entre los vecinos y los ocupantes.
 
Sin embargo, entre las 21:30 y las 22:00, del domingo 19/12, la Policía Federal cargó contra unos 90 vecinos que pedían el desalojo del polideportivo, utilizando un camión hidrante para apagar el fuego de los neumáticos, y agentes de infantería, con cascos, bastones y escudos, que dispersaron a los manifestantes. 
 
Entonces, una columna de unas 50 personas avanzaron por una calle lateral (Lisandro De la Torre) que les permitió llegar al predio tomado, atacaron con piedras a los escasos policías presentes en ese lugar secundario e iniciaron un ataque con piedras y petardos contra los ocupantes. 
 
Desde el otro lado, la devolución fue con piedras y bolitas de vidrio cortadas al medio. 
 
Policías y vecinos coincidieron en que también hubo tiros desde el predio ocupado, pero hasta anoche no había reportes de heridos de bala. 
 
4 agentes fueron internados con politraumatismos en el hospital Santojanni y otro más en el Churruca. 
 
La situación es insostenible.
 
Los vecinos dicen que todos los ocupantes de la zona provienen de la Villa 15, conocida como Ciudad Oculta. Y responden a los mafiosos que trafican con la vivienda: para ellos ocuparon los predios, a ellos se los venderán y los perjudicados serán los vecinos de Lugano.
 
No hubo presencia de funcionarios nacionales o municipales o judiciales. 
 
Pese a la protesta de los vecinos, las personas que usurpan el terreno siguen ingresando maderas, bolsas de nylon, chapas y otros elementos que le permiten edificar viviendas precarias.
 
La situación tampoco mejora en Retiro, donde 800 personas las ocupan el predio de 5 hectáreas ubicado en el cruce de la avenida Ramos Mejía y la calle 14, emplazado a 100 metros de la villa 31 bis, en un terreno cercano a las vías. 
 
Una asociación civil denunció que algunos de los usurpadores ya venden lotes a entre $ 5.000 y $ 10.000, según Juan Domingo Romero, presidente de la asociación civil Los Principitos. 
 
El predio pertenece a la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), y la Policía Federal desalojó el tramo más cercano a las vías, luego de una huelga de trabajadores de la línea San Martín, quienes denunciaron el peligro que implicaba la instalación de casillas en proximidades del riel.
 
Juan Domingo Romero, quien dirige la radio El Milenio Continúa, de la villa 31, calculó en "800" a las personas que permanecen asentadas en las 5 hectáreas, y dijo al diario La Nación: "Están vendiendo lotes por $5.000, $8.000 y $10.000 cada uno. Son oriundas, en un 90%, de Perú, Paraguay y Bolivia".
 
A su vez, en el partido bonaerense de Quilmes, donde hay 8 predios tomados, la situación es de relativa calma luego de que la policía frustrara un nuevo intento de usurpación en un sector de la villa La Matera, luego de que los vecinos llamaran a la policía y evitaron que se asentaran familias que pretendían ocupar tierras, entre un terraplén y la calle 812, dijo Osvaldo Tondino, presidente de la Federación de Asociaciones de Fomento de la Provincia de Buenos Aires.
 
Se trataría de vecinos del propio asentamiento que viven hacinados en las parcelas que ocuparon originalmente sus familias y buscaban ocupar nuevos terrenos.
 
La secretaria de Desarrollo Social bonaerense, Valeria Isla, dijo a La Nacion que, en la mayoría de los casos, las ocupaciones son concretadas por vecinos de barrios cercanos, como personas jóvenes que vivían con sus padres y que buscan trasladarse con sus familias.
 
Quilmes es el distrito es el que registraron más ocupaciones en la provincia de Buenos Aires.
 
 
En ese contexto es oportuno leer a Fernando Massa en el diario La Nación:
 
Los inquilinos se dicen cansados de pagar sumas demasiado elevadas por una vivienda precaria dentro de la villa, que en muchos casos ni siquiera cuenta con baño propio. Del otro lado, están los dueños de esos complejos habitacionales, que a través de los años lograron montar un negocio que mensualmente les otorga un cómodo rédito. 

Pero esa puja no se agota allí: existe un tercer factor conformado por aquellos que, con hipotecas de hasta 30 años, ya accedieron a un plan de viviendas sociales y que están dispuestos a defender el valor de su propiedad de la forma que sea necesaria.

Todos ellos son los protagonistas del conflicto inmobiliario que dejaron al descubierto las ocupaciones ilegales de predios públicos y privados, ocurridas en distintos puntos de la Capital y del conurbano en las últimas semanas.

En diferentes recorridas por las tierras tomadas, La Nacion pudo recabar información sobre las cifras que se manejan alrededor de un entramado que derivó, por momentos, en una verdadera batalla habitacional.

Los elevados alquileres que se pagan por cuartos dentro de villas fueron el denominador común de las razones esgrimidas por los usurpadores. 

Los precios varían según el barrio, la zona y las comodidades de que disponga la habitación.

Por ejemplo, en la villa 21 de Barracas, un cuarto de 16 m2 ronda los $ 500, mientras que uno de 32 m2, los $ 700. En la villa 20 de Lugano, 2 habitaciones, una de 6 m2 y otra de 20 m2, con baño compartido por dos familias, se pagan $ 700 por mes. 

En Villa Celina, partido de La Matanza, es un poco más barato: un cuarto con baño compartido con otras 3 familias cuesta cerca de $ 400, mientras que una de 16 m2 con baño propio supera los $ 500. En la villa 31, en Retiro, el precio de una habitación llega a los $ 1200.

Valeria Juárez, auxiliar de portería, fue parte de la toma del parque Indoamericano por una simple razón: quiere dejar de pagar un alquiler de $ 700 por una habitación con baño privado en la villa 20. 

Según explicó, el complejo habitacional donde vive con sus tres hijos cuenta con 10 inquilinos más y un solo dueño. Una vecina suya de manzana, de origen paraguayo, que prefirió resguardar su identidad, señaló que el complejo que habita -que tiene 4 pisos, 30 inquilinos y un solo dueño- funciona como cualquier otro edificio de la Capital: tiene reuniones de consorcio y un horario nocturno en el que se prohíben los ruidos molestos.

Fuertes ganancias

El cálculo para precisar cuánto ganan los dueños de esos complejos es sencillo: con un promedio de $ 600 por inquilino, las ganancias pueden ser cercanas a los $ 20.000 mensuales en un edificio con 30 inquilinos.

Cualquiera podría pensar que es un buen negocio. Y tal vez eso dé un firme basamento a las denuncias, entre ellas la de la fundadora y administradora del comedor comunitario Los Piletones, Margarita Barrientos, de que muchos de los que ocuparon ilegalmente los predios ya contaban con vivienda propia y sólo buscaban hacer negocios.

Durante la toma del último martes en un terreno privado en Barracas, una mujer santiagueña que vive desde hace más de 20 años en la villa 21 -donde con el esfuerzo de su trabajo pudo comprar una casita- indicó a La Nacion cuánto dinero se necesita para acceder a una vivienda allí.

El mínimo, según dijo, es de 8000 pesos; por ese monto se consiguen dos habitaciones chicas con baño y cocina compartida. De contar con cocina propia, la suma puede alcanzar los $ 10.000. Si se piensa en una vivienda con baño privado y más metros cuadrados, la cifra se acerca a $ 20.000, e incluso puede llegar hasta $ 40.000 en algunos casos.

Fuera de la villa

Fuera de la villa, los precios cambian radicalmente. Incluso para aquellos que, tras años de espera, consiguieron acceder a un plan de viviendas sociales con hipotecas a pagar a 30 años, un beneficio al que, según quedó demostrado con la sucesión de tomas que se dio en la Capital y el conurbano, accede una minoría de quienes que lo necesitan.

Un número considerable de vecinos de Villa Lugano que son parte de ese grupo no estuvieron ajenos al conflicto en el parque Indoamericano. Es más: con el temor de que el parque se transformara en una villa y de que los ocupantes tomaran uno de los edificios situados sobre la calle Castañares y Escalada, que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) aún no entregó, se enfrentaron en una batalla mano a mano con los usurpadores.

"Compré un edificio a pagar a 30 años y, si me ponen una villa adelante, me tendría que ir, porque de un momento a otro pierde su valor", dijo Jorge Vargas, un vecino de esos edificios que fueron entregados a sus dueños a principios de este año.

Vargas, de 32 años, que vive con su esposa y sus dos hijas, estudia educación física y trabaja como maestro auxiliar en una escuela. "Yo viví en La Matanza hasta que mi madre pudo comprar una casita en Mataderos. Esperé siete años para acceder al plan de viviendas; si ahora tenemos nuestra casa, es porque un montón de tiempo dimos vueltas hasta que nos dieron esto", agregó.

Vargas explicó que un departamento de 2 ambientes en esos edificios cuesta $ 220.000, y uno de 3 ambientes $ 250.000, ambos a pagar durante 30 años. Por mes, al principio se paga una cuota de $ 600, que después sube a $ 700, y que en los últimos años llega a los $ 1200.

Un plan similar a ése era el que exigía Fernando Brescia, que maneja un taxi en la Capital, cuando tomó una parcela del predio perteneciente al frigorífico Finexcor, en Bernal Oeste, junto a su mujer y sus tres hijos. Según relató, hace cinco años que alquila una casita por 1000 pesos -sumados los servicios-, en el barrio Santa María, que cuenta con un dormitorio, una sala, cocina, comedor y patio.

"En un año, pago $ 12.000. En estos 5, ya pagué entre $ 50.000 y $ 60.000, algo que me alcanzaría para acceder a una vivienda. No queremos que nos regalen nada, pero sí dejar de pagar un alquiler con el que podríamos comprar nuestra casa", dijo.

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