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Los tobas, Verbitsky & Bonafini y el rol de la Policía

Senador nacional José Mayans: "Acá hay algunos que no saben nada y que están diciendo que van a ir a pelear para conseguir tierras para los aborígenes. Eso es una estupidez porque la comunidad aborigen tiene allí 5.200 hectáreas" (tal como lo había explicado Urgente24). Sus palabras ante la Cámara alta fueron muy interesantes:

En la versión taquigráfica de la sesión extraordinaria en el Senado de la Nación del 15/12, aparece un debate extenso en forma de pedido de cuestión de privilegio, acerca de los hechos en la comunidad toba La Primavera, en Formosa. Comenzó con un pedido del senador nacional Luis Carlos Petcoff Naidenoff (Formosa-UCR), luego la senadora Adriana Raquel Bortolozzi (Formosa, FpV, ella dice que no pero en la página web sigue estando así), y finalmente José Miguel Ángel Mayans (Formosa-FpV), que es el fragmento elegido.

Presidió aquella sesión Julio César Cleto Cobos.
 
 
"(...) Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Mayans.

Sr. Mayans. – Señor presidente: no tengo otra alternativa que plantear una cuestión de privilegio para poder aportar un poquito a este tema. 
 
Señor presidente: creo que hay una distorsión de los hechos que ocurrieron. Nuestro gobierno, e inclusive en mi caso, como senador oficialista, hemos sido acusados, prácticamente, de violar los derechos humanos y de reprimir en forma violenta una manifestación de hace tres meses en la ruta 86. Esto es faltar a la verdad, porque en ningún momento el gobierno provincial mandó a reprimir la manifestación que se concentraba en la ruta número 86. Hay que tener en cuenta que en este caso se trata de un reclamo de una comunidad aborigen por la posesión de unas tierras que le pertenecen a una persona; o sea, que son de propiedad privada. Cuando en 1985 sancionamos la ley integral del aborigen, se creó en primer término el Instituto de Comunidades Aborígenes. 
 
Nosotros tenemos la bendición de tener en Formosa a tres pueblos originarios: uno pertenece a la raza toba; otro a la raza wichi y el tercero a la raza pilagás. Ellos hicieron un reclamo por sus asentamientos originarios a raíz de lo cual se les reconocieron 340 mil hectáreas. Cabe aclarar que las comunidades aborígenes de nuestra provincia representan el 7 por ciento de nuestra población; o sea que de los casi 600 mil formoseños, 35 mil son aborígenes. Dentro de ellos hay tres etnias, a las que se les han reconocido 340 mil hectáreas de propiedad comunitaria. 
 
Este reconocimiento se estableció en tiempos en que era gobernador de la provincia Flor Bogado (N. de la R.: esposo de la senadora nacional Adriana Bortolozzi) y nosotros éramos legisladores. 
 
En ese tiempo, la Constitución decía que había que convertirlos al cristianismo y reducirlos; nosotros aprobamos la ley integral del aborigen que estableció todo lo contrario: que había que trabajar en un sistema de educación bilingüe. Así, hoy nosotros tenemos una educación bilingüe y a algunos aborígenes que son universitarios; incluso, muchos de ellos ya son profesionales.

Por lo tanto, no todos los aborígenes están en la situación que se está planteando aquí; muchos de ellos tienen casas con aire acondicionado y demás; por supuesto que hay otros que viven en la indigencia. Pero muchos han trabajado y se han preocupado por progresar en el marco de ese plan que se vino aplicando en todo el territorio de la provincia; me gustaría invitarlos para que ustedes conozcan las escuelas de movilidad aborigen que tenemos en Formosa, que son verdaderamente extraordinarias y que han cambiado, lógicamente, nuestra relación con los pueblos originarios, con estas personas. Yo tengo muchos amigos que son aborígenes. Por supuesto que a lo largo del tiempo que venimos trabajando juntos hemos visto que hay algunos aborígenes que participan de la lucha política; y los podemos encontrar en todos los partidos políticos. En este sentido, es oportuno indicar que en ese sector de conflicto los aborígenes tienen 5.200 hectáreas
 
Acá hay algunos que no saben nada y que están diciendo que van a ir a pelear para conseguir tierras para los aborígenes. Eso es una estupidez porque la comunidad aborigen tiene allí 5.200 hectáreas. El problema se origina en un sector que es de propiedad privada. Precisamente, su propietario, de apellido Celia, tiene esa propiedad desde 1951 y, por supuesto, no está dispuesto a renunciar a ella. ¿Por qué se acentúa el conflicto? Porque el gobierno le compra 600 hectáreas para instalar allí la Universidad de Recursos Naturales. Y ahí empezaron a actuar operadores de todo tipo, que le dijeron a los aborígenes “el gobierno le compró 600 hectáreas que le corresponden a ustedes”. Eso no es cierto, porque son de propiedad privada.
 
¿Cuándo surgió el conflicto? Cuando algunas personas que estaban en esa manifestación invadieron la propiedad privada y el dueño del lugar empezó a los tiros. Él dijo que tiró al aire porque comenzaron a usurparle la propiedad y a instalarse dentro del predio. Entonces, un oficial de justicia concurrió al lugar acompañado de cinco policías para ver si podía poner orden. 
 
La respuesta de los manifestantes, que estaban armados –lo que es de público conocimiento en la provincia de Formosa–, fue la siguiente: en primer lugar, le sacaron las armas; además, desnudaron y manosearon a una mujer policía –quien declaró que nunca había imaginado vivir una situación como esta–; por supuesto, salieron corriendo del lugar. 
 
Como consecuencia de ello, concurren al lugar un juez y un fiscal para reclamar por las armas que le habían sido sustraídas a la policía en una propiedad privada. Allí primero pierde la vida el oficial de policía que había sido enviado como refuerzo desde la Capital; o sea que, lamentablemente, se fue a 300 kilómetros a perder la vida. Recibió un escopetazo por la espalda. Muchos dicen que prácticamente lo salvó al juez cuando estaba interviniendo. Allí murió un oficial de la Policía de Formosa, que tenía familia, que tenía hijos y al que también le pertenecían los derechos humanos. Y después murió el aborigen que, según dicen, fue una de las personas que agredió al oficial. Estaban armados. Todavía no se saben los detalles. 
 
La autopsia del cuerpo del aborigen está haciéndolo Gendarmería Nacional y la del cuerpo del oficial la está haciendo la Justicia porque es competencia de la Justicia provincial. La investigación está a cargo de un juez de Clorinda y de una fiscal que tiene mucho prestigio. Se trata de una persona que, como sabemos, no tiene mucha afinidad con el gobierno, al contrario; además, hizo declaraciones públicas. Dijeron que no se puede usar este hecho como una cuestión política. Porque evidentemente acá hay un muerto de la Policía y un muerto de los aborígenes. No se sabe, porque todo está en investigación, pero dicen que uno de los cuidadores del campo mató al aborigen. 
 
En síntesis, los muertos son dos. Por supuesto que después algunos medios nacionales que son especialistas en distorsionar las cosas dijeron que el gobernador mandó a reprimir duramente y a matar a los aborígenes. La verdad es que es una vergüenza lo que hacen con la muerte de dos personas, señor presidente. 
 
Sr. Petcoff Naidenoff. – También Hebe de Bonafini. 
 
Sr. Mayans. – También Hebe de Bonafini, y sin conocerlo. ¡Otra vergüenza! 
 
Sr. Petcoff Naidenoff. – Y también Verbitsky... 
 
Sr. Mayans. – ¡También otra vergüenza! Hablan sin conocer, porque no conocen los hechos. Ese es el tema. Entonces, hay testigos, hay declaraciones públicas y hay filmaciones que están allí en la provincia. Quienes sean responsables de la muerte del oficial y del aborigen lógicamente tienen que rendir cuentas ante la Justicia por lo que han hecho. Nadie puede aprobar el asesinato de ninguna persona. Lo que quiero decir es que no seamos ingenuos, porque sabemos que esto también es utilizado. Se está utilizando todo. Estamos entrando en un año electoral y se está utilizando todo. Se están mezclando todos los tantos acá; y por supuesto que en algunos casos ya ni siquiera hay altura, como en el caso del colegio, en donde ante un conflicto la Policía fue a mediar a pedido del director del establecimiento.

Pero acá pasa todos los días eso. Cuando hay un conflicto y una orden judicial la Policía tiene que ir a intervenir, porque ¿si la Policía no interviene por orden de la Justicia por orden de quién va a actuar? Acá en ningún momento el gobierno dio una sola orden. Hay órdenes emanadas de la Justicia: del juez y de la fiscal. Esto se puede comprobar. Lo puede comprobar cualquier persona de buena fe. Los invito a que vayan y lo comprueben. (...)
 
Sr. Presidente. – Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (...)"

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