POLÍTICA

FAKE NEWS DE ABOGADO DE CFK

La comedia de Servini, Dalbón y Rodríguez Simón

Rarísimo: Uno de los abogados de CFK, Gregorio Dalbón, fue quien por TV informó que el ex asesor e integrante de la mesa judicial del ex presidente Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, se había presentado ante la Justicia uruguaya luego de que la jueza federal María Servini ordenara su captura internacional. Pero eso no es "entregarse".

Esto no equivale a estar detenido en Uruguay sino a notificar a la Justicia su presencia, condición y disposición. Sin embargo para Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, en su cuenta personal de Twitter, Rodríguez Simón se había entregado.

Dalbón

De acuerdo al diario El País, de Montevideo, una fuente policial dijo  que la alerta roja sobre la captura de Rodríguez Simón aún no había llegado a Uruguay.

Pero durante la emisión del programa "Dicho Esto", conducido por el periodista Luis Novaresio en A24, informaron que "el exhorto que envió la jueza Servini llegó a la Interpol de Uruguay para solicitar la prisión administrativa con el objetivo de poder extraditar al ex funcionario de nuevo hacia la Argentina".  

Según relataron, "no se sabe cómo se enteró ni por qué, pero Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, se entregó en un Juzgado Penal para pedir que se agilice su pedido de protección que el país uruguayo posee -la 18.076- que reúne todos los requisitos, según él, para pedir la calidad de refugiado y tener protección del Estado uruguayo que tiene una duración de 90 días.

La situación es apenas el inicio de una avalancha de acciones judiciales y de ninguna manera puede creerse que habrá definición inmediata. Dalbón lo sabe y no se entiende más que una participación suya en la desinformación colectiva.

En cuanto a la presentación que hizo el acusado ante el juzgado uruguayo, en la que comunicó su decisión de pedir asilo político, Servini escribió: “Su planteo es improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”.

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