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ESCÁNDALO EN NEUQUÉN

Planes sociales: Otra olla, AFIP confirma y "habrá quilombo"

Continúan confirmándose escandalosos manejos de los planes sociales, que ahora la Justicia tiene en la mira por supuesta corrupción.

Tarde o temprano, algún día iba a ocurrir. Comenzaron a destaparse ollas por el manejo de los fondos que supuestamente van a parar a los más necesitados a través de los planes sociales.

Luego de un verdadero escándalo desatado en Neuquén, que obligó a la renuncia del ministro de Desarrollo Social provincial, Abel di Luca, en medio de una investigación por supuesta corrupción millonaria a través del cobro de planes sociales, comenzarán a auditar los programas que implementó la provincia para corroborar con exactitud quiénes son lo que cobran los beneficios monetarios.

Tal como informó en su momento el diario Río Negro, el ex titular de la cartera se encuentra comprometido por la investigación que intenta determinar compromisos en la extracción de dinero del Banco Provincial de Neuquén (BPN) con tarjetas de débito a nombre de otras personas y con recursos destinados a planes sociales.

Dichos montos están estipulados en valores que van de $8.000 a $49.000. En una entrevista previa con dicho medio patagónico, Di Luca había expresado que los hechos no estaban comprobados y tampoco tenía acceso a la lista de beneficiarios de los planes que terminaban en los bolsillos de los empleados de Desarrollo Social.

Esta semana se confirmó que comenzarán a auditar los programas de asistencia social. Germán Chapino, quien a finales de la semana asumirá como nuevo ministro, confirmó a radio universidad CALF que tiene previsto realizar algunos cambios en los controles y métodos de certificación de los beneficiarios. Una nueva medida sería implementar el sistema de huella digital.

Este martes 29 de noviembre se formularon cargos a 21 personas involucradas en las estafas. En principio, bajo la figura de asociación ilícita, según confirmó a AM 550 y el canal 24/7 Noticias, el fiscal Jefe Pablo Vignaroli. Además, indicó que de la investigación surge que una docente también cobraba esa asistencia.

Tenemos, desde el director de Planes Sociales, las dos personas que lo secundaban y después hay bastantes personas que estaban en plantas políticas. Inclusive, tenemos un caso de una persona que figuraba como beneficiaria de un plan social, y determinamos que era empleada del estado, más precisamente del Consejo Provincial de Educación, como docente

Esa persona, sostuvo Vignaroli "sale de la media, de quienes están como beneficiarios, ya que no podía ignorar que no estaba desocupada y no podía acceder a un plan de desocupados, sin embargo, lo cobró hasta julio de este año".

Esto les permitió a quienes estudian el caso "empezar a investigar uno por uno, las personas que figuran como beneficiarias, a ver si en realidad tampoco estaban en posiciones de acceder a un plan, con lo cual esto te muestra también, de alguna manera, que se daban listados de 2.000, 3.000 personas, si verificar los requisitos, lo cual es uno de nuestros postulados. Ese va a ser uno de nuestros postulados en la formulación de cargos".

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AFIP confirmó irregularidades con planes sociales

En cuanto al Potenciar Trabajo, que es un programa de Nación, “la AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes -del ministerio de Desarrollo Social- pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”.

Con esas palabras, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, reconoció ante el fiscal federal Guillermo Marijuán el informe que el 24 de octubre elevó a la cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz y que habría detectado incompatibilidad en el cobro de 253.184 beneficiarios del Potenciar Trabajo. Entre ellos, había fallecidos, personas con más de dos propiedades y hasta quienes había comprado dólares y que Infobae publicó de manera exclusiva, según Infobae.

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Piqueteros amenazan por planes sociales: "Va a haber quilombo"

Mientras se habla de suspender por completo el Potenciar Trabajo hasta que todos se reempadronen para limpiar la irregularidad e investigar con exactitud qué pasó, el gobierno nacional ahora busca desindexar su actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

"Estamos alertas, por ahora es un deseo. No vamos a movernos hasta que lo hagan, pero si avanzan va a haber quilombo", aseguró a Clarín un encumbrado dirigente social que integra el Frente de Todos y que, según confió, se enteró en buena medida por las declaraciones de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. "Hay molestia por las formas", agregó.

Para los movimientos piqueteros y sociales, incluso para los oficialistas, como el Evita, nucleados en la UTEP, la medida implicaría, de concretarse, un ajuste. "Es una vieja idea, es una situación compleja. Sabemos que hay una necesidad fiscal y un problema político. Pero no es el momento", abundaron desde el Movimiento Evita, en alerta por la advertencia.

Por supuesto, como trasfondo de esta cuestión particular es qué pasará con los planes sociales en general.

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