JUSTICIA

CAMINO A LA EXPROPIACIÓN

Vicentin: El juez admite la intervención mientras acreedores piden su inconstitucionalidad

El juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de la cerealera, ingresó al proceso al subinterventor designado por el Ejecutivo, aunque esto no implicaría convalidar legalmente la medida.

El juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores de la empresa Vicentin, deberá resolver sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por abogados de acreedores privados de la compañía agroindustrial que busca poner en jaque al decreto de intervención de la firma. El recurso se suma a otro acreedor que recordó al juzgado que preserve a la propiedad privada.

De acuerdo a fuentes judiciales citadas por la  la agencia Télam, en una resolución fechada el martes, el juez aceptó el pedido de ratificación en su cargo del subinterventor designado por el gobierno nacional, Luciano Zarich, con lo que dio por avalada la intervención. 

Sin embargo, lanación.com aclara que Lorenzini dictó una simple providencia procesal por la que se admite en el proceso al subinterventor designado. Y cita a fuentes judiciales de Santa Fe que afirman que ello no implica una valoración sobre la legalidad o ilegalidad de su tarea o sobre la constitucionalidad o no de su designación.

Sobre la constitucionalidad,  el magistrado recibió un recurso presentado por los abogados Rodolfo y Horacio Benavides, en representación de un acreedor de Vicentin que participa del concurso judicial de la empresa, quienes pidieron declarar la inconstitucionalidad del DNU que declaró la intervención y pidieron medidas para resguardar los bienes de la empresa.

La medida judicial se suma a otra impulsada el día previo por otro acreedor privado, de nombre Juan José Passadore. El recurso le pedía al juez “que tratara a todos los acreedores por igual, así como el Banco Nación se había presentado a avalar al interventor, por el principio de igualdad el también tenía derecho a ser escuchado, y le solicitó que pusiera orden en el proceso preservando por sobre todo a la empresa, la propiedad privada, el debido proceso, no dejándose avasallar por el Poder Ejecutivo que pretendía imponer un interventor y el apartamiento de los directivos de la empresa”.

La presentación le recordaba al magistrado, además que el decreto 522 que decidió la intervención gubernamental de la empresa podía ser declarado inconstitucional de oficio.

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