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"BENEFICIOS A SHELL"

Revocaron el procesamiento de Aranguren y Alonso

Jue, 20/02/2020 - 7:32pm
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Por Urgente24

La Cámara Federal revocó este jueves (20/02) los procesamientos del ex ministro de Energía del macrismo, Juan José Aranguren, y de la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, dictados en diciembre pasado por el juez Luis Rodríguez el marco de la causa que investiga presuntos beneficios concedidos de manera irregular a la multinacional petrolera Shell. La Sala II del tribunal resolvió dictar la falta de mérito y ordenó una serie de medidas de prueba para esclarecer la situación. En el fallo, se deslizaron algunos cuestionamientos al magistrado.

Falta de mérito para Aranguren y Alonso, pero seguirán siendo investigados.
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La Cámara Federal revocó este jueves (20/02) los procesamientos del ex ministro de Energía del macrismo, Juan José Aranguren, y de la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, dictados en el marco de la causa que investiga presuntos beneficios concedidos de manera irregular a la multinacional petrolera Shell.

La Sala II del tribunal resolvió dictar la falta de mérito y ordenó una serie de medidas de prueba para esclarecer la situación.

Según los camaristas, no está claro que haya existido delito con acciones que hayan buscado beneficiar especialmente a la petrolera Shell en la compra de gas a Chile, y que la compra haya implicado un perjuicio para el Estado.

De este modo, si bien seguirán siendo investigados por el juez Luis Rodríguez, quien los procesó en diciembre pasado, el fallo expresa que no hay elementos para procesarlos por un delito, al menos por ahora.

“Se mantiene una situación de duda sobre el cariz (delictivo o no) de la conducta de Aranguren, que amerita investigar seriamente (si el ex funcionario tuvo) un interés ilícito", dijeron los camaristas.

El dictamen de la Cámara Federal contiene cuestionamientos al juez Rodríguez, ya que establece que "ciertamente hay interrogantes que resulta imprescindible realizarse. Pero el expediente muestra que los encargados de investigar aún no se los han formulado. Menos todavía, los han contestado”.

“El principal tiene que ver con la posibilidad de involucramiento de Aranguren en aras de beneficiar a la empresa”, especificaron y agregaron: “Para obtener indicios conducentes –en uno u otro sentido-, era (y es) necesario dilucidar si los pedidos de adquisición de cargamentos se compadecían con la necesidad estructural de abastecimiento de energía del país, si las contrataciones se produjeron siguiendo las regulaciones aplicables y las recomendaciones efectuadas por YPF -o, en su caso, si CAMMESA se apartó de ellas-, si participaron todos los actores pertinentes y dentro de un procedimiento de selección previa, competitiva y abierto”.

“Eso no es todo. Las adquisiciones realizadas en uno y otro período no han sido hasta ahora analizadas comparativamente del modo que resultaba necesario”, agregaron. Y sostuvieron que “fácil es advertir el motivo de esto: no es lo mismo si se determina que los pasos y prácticas a seguir se mantuvieron unívoca y regularmente, que si aparecen desviaciones no justificadas o explicadas. Se trata de cuestiones que deben ser investigadas”.

También consideraron que “resta determinar con claridad cuáles otras empresas del rubro aumentaron sus importaciones, por qué motivos, en qué porcentaje –con relación a su abastecimiento en el mercado local- y por qué montos, para confrontar ello con la situación de Shell y obtener –o no- signos o particularidades propias de un eventual trato desigual. La hipótesis en juego así lo exige, para arribar a alguno de los temperamentos que establece la ley”.

Y, en línea con eso, resaltaron que “aún no se hayan transitado vías de pesquisa tendientes a detectar conexiones o contactos directos o indirectos –durante el período objetado- entre el imputado e integrantes de la firma privada, en aras de averiguar si existió connivencia en derredor de los dos eventos a que refirió el juez”.

Los magistrados agregaron que el eje de las imputaciones contra Aranguren “radica en si, al ejercer como Ministro, existió de su parte una conducta (sea activa o de omisión) que tuviera el objeto de beneficiar a una empresa privada (con la que tenía un vínculo laboral previo y accionario no expresamente vedado para un funcionario público), en abandono de los intereses estatales por los que debía velar en razón de su cargo y que “con todo: se mantiene una situación de duda sobre el cariz (delictivo o no) de la conducta de Aranguren, que amerita investigar seriamente si concurrió de su parte un interés ilícito”. Por lo que consideraron que la investigación realizada hasta ahora “no ha cumplido con ese objeto y por ello, el procesamiento dictado es prematuro” y declararon su falta de mérito.

En el caso de Alonso, el fallo resalta que lo resuelto sobre Aranguren repercute necesariamente sobre la situación procesal de la ex titular de la OA por la naturaleza de los cargos en su contra, por lo que revocaron su procesamiento, declararon también su falta de mérito y ordenaron profundizar la investigación sobre ella.

En particular, que se averigüe el estado actual de otras causas seguidas contra la imputada y si de allí surgen elementos relevantes para este caso.

La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes acusaron al entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".

Los diputados denunciaron que en su declaración jurada patrimonial, Aranguren, ex presidente de la filial argentina de la petrolera, declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones 'clase A' de la empresa Royal Dutch Shell".

El 28 y 29 de marzo de 2016 se dictaron las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell.

También se autorizó la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia", lo que, según la denuncia puso "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".

Aranguren ya había sido indagado el pasado 19/11 por negociaciones incompatibles con la función pública, y declaró que "en ningún momento" benefició a Shell. Explicó que “el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañía por el gas durante en el período 2016-2017, que es el periodo imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración”.

“El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado”, explicó. "Las empresas no se beneficiaron con los aumentos, no fue a las empresas, sino que redujo los subsidios que se pagaban a los usuarios”.

También argumentó que “en ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público”.