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EL AMIGO DE CARLOS STORNELLI

Investigan si D'Alessio era un extorsionador serial

Dom, 24/02/2019 - 4:32pm
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Por Urgente24

El juez federal Julián Ercolini intenta quitarle a su colega Alejo Ramos Padilla la causa que involucra al fiscal Carlos Stornelli y a su allegado Marcelo D’Alessio. La esposa de Ercolini, María Julia Kenny, fue responsable de prensa del ministro de Justicia, Germán Garavano. Ahora trabaja junto al fiscal Eduardo Casal, a cargo de la Procuración General en forma interina. Ercolini es el juez que sobreseyó a los accionistas de Clarín y La Nación en el caso Papel Prensa y que impuso a CFK un embargo por $10.000 millones. Stornelli nunca ofreció su celular para que se lo investigue y pidió, a través de su abogado Roberto Ribas, que Ramos Padilla abandone la causa. ¿Casualidad que D’Alessio haya pedido lo mismo? El juez Ercolini le pidió a Ramos Padilla la causa, argumentando lo mismo que Stornelli: los pagos de la extorsión fueron en Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, dictaminó que no puede opinar ante la orfandad de elementos. La disputa terminará en las cámaras federales. 

Marcelo D'Alessio, al llegar tapado con un buzo a declarar ante el juez de Dolores Ramos Padilla. Foto: Rolando Andrade.
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Marcelo D'Alessio es el talón de Aquiles más notorio de la 'causa Cuadernos' porque desnuda una cantidad de arbitrariedades e irregularidades que obligan a una revisión general de los expedientes que el juez Claudio Bonadío pretende elevar a juicio.

Tambien exhibe un comportamiento delictivo de parte de quienes deben proceder en nombre de la Justicia.

Además, deja en evidencia la manipulación de una causa judicial que supuestamente debía beneficar al oficialismo.

Y, a la vez, muestra a la sociedad la endeblez conque la prensa oficialista construye supuestos íconos de la transparencia. El papelón sigue escalando pero es interesante seguirlo desde la prensa más cercana a Cristina Fernández de Kirchner, porque es la que más investiga los avatares de D'Alessio y sus amigos, dispuesta a licuar la 'causa Cuadernos'.

Aquí un breve zapping de un expediente que los amigos de D'Alessio quieren trasladar de Dolores (Provincia de Buenos Aires) a los tribunales de Comodoro Py, situación que, además, incrementará el bochorno que acumulan esas instalaciones que habría que pensar en erradicar definitivamente hacia algún mecanismo diferente.

Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna:

"Pese a la negativa del fiscal Carlos Stornelli a entregar sus teléfonos celulares para que pudiera determinarse la frecuencia y la índole de sus contactos con Marcelo D’Alessio, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, pudo verificar la existencia de las comunicaciones entre ambos, dijeron fuentes de la Prefectura que intervinieron en el peritaje. Se realizó en los celulares de D’Alessio, sobrino del escribano general del gobierno, Carlos Marcelo D’Alessio. Allegados al funcionario presidencial dijeron que repudia a su sobrino, quien extorsionó en nombre de Stornelli al empresario rural Pedro Etchebest y cortó todo contacto con él desde que se publicaron aquí los audios, las capturas de pantalla y las fotografías reveladoras de la extorsión. Al mismo tiempo un tercer empresario denunció a D’Alessio por extorsión e involucró al abogado Rodrigo González y al operador judicial de Clarín, Daniel Santoro, quienes negaron la acusación. El lugar de reunión era el restaurante El Obrero, decorado con fotos del Presidente de la Nación. Su propietario es socio en otro emprendimiento de Charly Liñani, quien fue denunciado por el ex secretario presidencial Pablo Barreiro por haber intentado extorsionarlo junto con D’Alessio y González.

Los dos teléfonos iPhone que usa el aventurero detenido en el barrio cerrado Saint Thomas, de Ezeiza, sólo pueden activarse con los datos biométricos del rostro del titular o con autorización del fabricante. En 2016, el FBI litigó con Apple porque la empresa de Cupertino se negó a abrir el celular de uno de los autores de la masacre de San Bernardino en diciembre de 2015. Apple se rehusó alegando el derecho a la privacidad de sus clientes. Pero también pensó en la publicidad para la marca que significaba que ni siquiera las autoridades pudieran acceder a sus secretos, cosa que no ocurre con los modelos que corren el sistema Android. El entonces jefe del FBI James Comey, relevado luego por el Presidente Donald Trump, reveló que había pagado 900.000 dólares por el crackeo del aparato. Al caer la tarde del viernes, Prefectura ya había descargado la información contenida en los dos iPhone y quedó pendiente la apertura del Samsung que corre sobre el sistema Android y otros aparatos electrónicos de D’Alessio. Las dificultades en este caso no fueron técnicas, sino por falta de tiempo. El secretario del juzgado, Leandro Labozzetta, tomó fotografías y certificó la actuación. Recién el lunes habría un informe escrito que detalle las comunicaciones con Stornelli. (...)".


Irina Hauser y Raúl Kollmann en Página/12:

"Los mensajes entre el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio suman decenas, incluyendo algunos posteriores al estallido del escándalo y en los que D’Alessio se ofrecía a declarar a favor del fiscal. 

Pero no es lo único: hay centenares de comunicaciones por WhatsApp, contactos y llamadas con personajes que, presuntamente, revistan en los servicios de inteligencia. También hay comunicaciones con al menos otro fiscal y con distintos funcionarios públicos. Lo que arrancó como la investigación de una extorsión al empresario Pedro Etchebest para mejorar su situación en la causa de las fotocopias de los cuadernos está derivando en algo de otro volumen: la investigación sobre una red u organización en la que no sólo fue extorsionado Etchebest sino que padecieron lo mismo otras personas –posiblemente unas 20– y en que los delitos derivaron también en extorsiones por dinero, coacciones, aprietes y hasta la maniobra de “plantarles” droga a imputados. 

(...) Poco después de recibir la denuncia, (Alejo) Ramos Padilla encabezó un allanamiento a la lujosa vivienda de D’Alessio, en el country Saint Thomas. Según se puede ver en el acta, el falso abogado arrancó diciendo que nadie podía acceder a las computadoras ni celulares porque él investigaba a la organización libanesa Hezbollah y también buscaba terroristas en la Triple Frontera. “Es una cuestión de seguridad nacional”, gritaba. 

En esa primera parte del allanamiento, D’Alessio le dijo al juez que llamase a Patricia Bullrich, a Gustavo Arribas e incluso al Presidente. Pero luego, más sereno, se escudó en Stornelli: “Estoy en la investigación que tiene en este momento Stornelli. Si quiere, llámelo. Es lo de Campillo. Yo estuve con él en Pinamar. Déjeme hablar con Carlos”. 

(...) Como ya anticipó este diario ayer, todos los textos de Whats- App y mensajes consignados en la denuncia de Etchebest serían originales, tal cual surgió nítidamente a simple vista en la pericia realizada el jueves. El informe final de la Prefectura no está entregado todavía. Pero Página/12 pudo saber que una primera revisión detectó decenas de mensajes entre D’Alessio y Stornelli. 

Los que despiertan más curiosidad son tres textos:

** Un mensaje en el que D’Alessio le dice a Stornelli que “yo me ocupo personalmente de Pedro”. Podría ser una referencia concreta a Etchebest, el extorsionado. 

** Hay un pedido de Stornelli a D’Alessio para que se le haga una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, defensor de uno de los imputados en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

** Hay un cruce de WhatsApp en el que se combina el encuentro en Pinamar, en plenas vacaciones de Stornelli. En una mesa esperaba el empresario Etchebest y en la otra el fiscal hablaba con D’Alessio. Al final del encuentro, Stornelli se fue a dar una vuelta en la flamante camioneta de D’Alessio y al regreso éste le pidió los 300.000 dólares al empresario Etchebest. Las cosas no sólo están grabadas, sino que D’Alessio admitió haber pedido el dinero. Además, cobró 14.700 dólares en dos pagos, uno en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero y el otro en la confitería Selquet. 

Está constatado que el celular del que vienen y al que van los mensajes es el de Stornelli. Solo falta el informe oficial incorporado a la causa.  (...)".


Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna:

"(...) En su declaración indagatoria en Dolores, D’Alessio se preocupó en aclarar que Stornelli no fue parte de la extorsión y que actuó por órdenes de los comisarios de la policía bonaerense retirados Aníbal De Gastaldi y Ricardo Bogoliuk, ahora en la Agencia Federal de Inteligencia. Esta declaración ascendió de inmediato a la portada de la troika de la desinformación, Clarín, La Nación e Infobae, que dieron por cerrada toda sospecha sobre Stornelli. Nada en la causa indica ese alivio. La posible intervención de dos funcionarios de la AFI, cuyo titular Gustavo Arribas es íntimo amigo presidencial y pasó a la diputada Elisa Carrió las escuchas ilegales a varios presos en la Colonia Carcelaria de Ezeiza, sólo ratifica la relación promiscua entre jueces, fiscales, medios de comunicación y dirigentes políticos.

Ercolini no sólo se negó a solicitar los celulares de Stornelli como le reclamó Ramos Padilla. Además pidió que el juez de Dolores se inhibiera de actuar y le remitiera el expediente. Como el sumario estaba bajo secreto, Ercolini debió pedir vista, para determinar si existía conexidad con el que se tramitaba en su juzgado por la denuncia de Stornelli. Su pedido fue así ilegal. Ramos Padilla prosiguió con la investigación, tal como corresponde, y la competencia deberá ser dirimida por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, como alzada del juez que primero intervino. Pero como en esta causa nítidamente política los códigos penal y procesal son apenas accesorios que se usan cuando conviene, es probable que Ercolini dé intervención a la Cámara Federal de la Capital, donde se cocinó la doctrina Irurzun que niega la excarcelación a cualquier funcionario del anterior gobierno, porque podría conservar contactos que lo ayudaran a entorpecer la investigación o fugarse. La decisión quedaría así en el superior común a ambas cámaras, que es la Casación de Comodoro Pus. (...)".


Irina Hauser y Raúl Kollmann en Página/12:

"(...) Lo que está pasando en la causa judicial es que no únicamente se acumulan evidencias sobre la extorsión a Etchebest sino que va configurándose un modus operandi. 

En la casa de D’Alessio fueron encontrados legajos sobre cada víctima potencial. Sus bienes, la familia, sus debilidades. Son trabajos de inteligencia. Las constancias de esa actividad aparecen en los cuadernos escritos de puño y letra por D’Alessio. “Es otro chofer”, ironizó uno de los peritos. En total hay informes de esa naturaleza referidos a un enorme conjunto de personas y elementos para operaciones contra aproximadamente unos 20 blancos, aunque la pesquisa todavía debe analizar la documentación con mayor detalle.  

La investigación recién está en sus inicios, sobre todo porque el material acumulado es enorme. Pero la percepción dominante en los investigadores es que hay extorsiones por dinero, aprietes, maniobras en causas judiciales y suministro de drogas y pastillas para “plantar” en algún expediente. 

La hipótesis es que una parte de esa información sobre cada uno de los extorsionados salió de organismos de inteligencia y otra parte se produjo en el aparato judicial. No sólo Stornelli es uno de los investigados. También fiscales bonaerenses de la zona oeste. Y en la mira hay, igualmente, varios funcionarios públicos. 

(...) La apertura de los celulares del jueves provocó una lluvia de misiles contra Ramos Padilla para impedirle que acceda a la información. El juez notificó al abogado de D’Alessio, Claudio Fogar, que iba a realizar la pericia y que, además, iba a hacer concurrir al propio D’Alessio para que esté presente. 

Los peritos –unos diez– ya le habían anticipado al magistrado que para abrir los iPhone se iba a necesitar, sí o sí, la huella digital y hasta el rostro de D’Alessio. El juez ordenó que la prueba se hiciera, con la voluntad del imputado o contra su voluntad, equiparando la situación a las que se producen cuando se le toman las huellas digitales a cualquier persona o cuando se hace un allanamiento. Finalmente, D’Alessio aceptó poner el dedo en uno de los celulares y luego admitió la lectura del rosto para desbloquear el otro. Es más: hasta terminó poniendo él mismo alguna clave. 

La defensa se lanzó a denunciar a un secretario de Ramos Padilla –el secretario que estaba presente en la pericia– por el presunto delito de coacción, causa que instruye ahora el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Parece difícil una coacción delante de unas 20 personas que fueron las que firmaron el acta en el edificio Guardacosta de la Prefectura. La pericia continuó este sábado con alguno de los discos rígidos y estuvo  presente el abogado Claudio Fogar. 

El viernes se presentaron en Dolores los dos comisarios mencionados por D’Alessio como las personas que lo “contrataron” supuestamente para investigar a Etchebest: Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. El argumento no tiene la menor credibilidad: la idea –pergeñada con los comisarios– era pedirle dinero al empresario para saber de dónde sacaba la plata. O sea que si Etchebest pagaba los 300 mil dólares que le exigieron les debería decir también de qué cuenta o de qué sociedad o de qué país tomó los fondos.  

Con Etchebest funcionó el modus operandi. Lo estudiaron, le buscaron los puntos débiles, analizaron su familia, su situación económica, luego le dijeron que estaba involucrado en la causa de las fotocopias de los cuadernos y lo extorsionaron. En el caso de Etchebest usaron, por ejemplo, información de las veces que había salido o entrado del país, lo intimidaron diciéndole que su hijo estaba en Estados Unidos y movía tal y tal otra sociedad, le echaron en cara el valor del campo en Sierra de los Padres y le dijeron que sabían  que vive en el opulento edificio Le Parc de Puerto Madero. Una operación de inteligencia con fines de extorsión.  

D’Alessio se defendió argumentando que todo lo hizo por pedido de la AFI, representada por Bogoliuk y Degastaldi. Ambos tuvieron altísimos rangos en la Bonaerense, pero también se fueron del cuerpo en medio de sospechas.  

Según contaron los abogados, el magistrado no aceptó que declaren porque está esperando el análisis de todos los materiales, que incluyen numerosas comunicaciones entre D’Alessio y los comisarios. Todo indica que Ramos Padilla piensa que son parte de la asociación ilícita. Por ahora, el juez les informó a los letrados que dictó la prohibición de que Bogoliuk y Degastaldi salgan del país, les advirtió que debían entregar pasaportes y celulares y adelantó que no podrán vender bienes registrables. (...)".