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EL FOYEL Y LOS "ENCAPUCHADOS"

Denuncian "maniobras dilatorias", mientras la familia sigue aislada en su vivienda

Lun, 19/10/2020 - 2:09pm
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Por Urgente24

La ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, expresó la necesidad de que la justicia resuelva en forma urgente la situación de la ocupación en el predio privado de El Foyel y destacó que es un caso sin precedentes, con los propietarios en el interior. Consideró que la situación no puede dilatarse más y lamentó las "maniobras dilatorias" de la defensa. "El ministerio público ha actuado de manera muy expeditiva, pero como actuamos en el marco del derecho estamos sometidos a este tipo de situaciones y chicanas jurídicas que se presentan", manifestó.

Esperan la orden del juez para el desalojo.
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A la espera de la orden de desalojo, denuncian "chicanas jurídicas".
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La Ministra de Seguridad y Justicia Betiana Minor lamentó que estaban esperando la audiencia de esta mañana para resolver la cuestión de fondo respecto a la toma de tierras en El Foyel y se enteraron que el abogado que representa a las familias que están en la toma presentó la recusación de los dos fiscales que intervienen lo que fue rechazado y luego la del juez de garantías y posteriormente se lo intenta notificar para llevar adelante la audiencia de recusación y no se lo puede ubicar para notificarlo.

"Claramente estamos ante maniobras dilatorias de una situación que no resiste para más", expreso y destacó que el Ministerio Público pidió que la audiencia se lleve a cabo de todas maneras sin la presencia del abogado.

Señaló las palabras de la gobernadora que planteó que "ellos actúan de hecho y nosotros en el marco del derecho" y sostuvo que "a las claras no podemos permitir que se sigan generando situaciones de este tipo con maniobras que no tienen otro objetivo que dilatar una cuestión de fondo que no merece análisis". Remarcó que los propietarios tienen el título hace muchos años y "no podemos permitir que sigan sucediendo estas cosas". Están a la espera de lo que se resuelva en el poder judicial.

Si bien tienen el acompañamiento de la fuerza de seguridad y se les puede permitir el paso, "es la primera vez que tenemos una ocupación de este tipo con los propietarios en la vivienda, es una situación sin precedentes que me parece que ya lleva demasiados días en esta situación, el ministerio público ha actuado de manera muy expeditiva, pero como actuamos en el marco del derecho estamos sometidos a este tipo de situaciones y chicanas jurídicas que se presentan".

 "Lo he reiterado en distintas oportunidades, tenemos que entender que si bien la coyuntura tiene que ver con una cuestión social, económica y habitacional eso no puede alentar a que se lleven adelante ocupaciones de hecho que están tipificadas como delito", expresó.

Respecto a declaraciones de distintos sectores sostuvo que como funcionarios, comunicadores y representantes de distintos espacios "debemos empezar a repensar nuestro rol y que las palabras tienen una implicancia, debemos ser muy responsables a la hora de comunicar a la población ciertas cuestiones como esta".

La funcionaria sostuvo que "hace tres días que tenemos el operativo montado, para dar cumplimiento a la resolución judicial que se disponga dentro del marco de las garantías y derechos constitucionales vigentes". Enfatizó que están atentos a lo que se resuelva en las próximas horas.

Carreras afirmó horas antes que esperan la orden para actuar

El viernes pasado el fiscal Francisco Arrien declaró ilegal la toma del predio de 600 hectáreas en El Foyel, ubicado a 80 kms de Bariloche y 46, de El Bolsón. 

"Estamos esperando a que el juez nos autorice a desalojar", dijo hace horas la gobernadora rionegrina Arabela Carreras en declaraciones a los medios: "Tenemos policías en el ingreso al predio para evitar que mas personas entren en la usurpación".

La ocupación la realizan personas que se identificaron como miembros de la comunidad mapuche conocida como Lof Gallardo Calfú, que desconocen la titularidad de sus actuales dueños.

Carreras explicó que los propietarios no pueden entrar ni salir por el acceso principal del terreno y que el juez rechazó el pedido de la provincia para liberar el predio. Dijo que apelaron esa medida y que esperan que el magistrado los "autorice". A la vez, aseguró que tienen "la decisión, las fuerzas y los recursos" para realizar la liberación pacífica del lugar.

En tanto, la presencia policial en el ingreso al predio busca evitar que entren más usurpadores y que haya acompañamiento de los efectivos a los propietarios, quienes se encuentran "secuestrados" en sus propias tierras desde la semana pasada. 

Carreras reiteró esta mañana que miran "con mucha preocupación lo que sucede", y criticó el accionar de la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda, a la que acusó de impulsar las usurpaciones. 

"En estos días han trasladado personas en apoyo a quienes participan de las tomas y las agruparon en el ingreso del camino".

Consideró que "empezó a tener un rol la política partidaria" y recordó que Odarda fue candidata a vicegobernadora en las elecciones pasadas por el Frente para la Victoria, que fue derrotada por la lista de Juntos Somos Río Negro.

Carreras vinculó el revés electoral del kirchnerismo en la provincia con el impulso del INAI a la toma de tierras. Afirmó: "Esto hace que Río Negro esté con este tremendo problema, del accionar del organismo en relación con las usurpaciones". Dijo que "los actores locales del INAI son referentes políticos partidarios del Frente de Todos y también autoridades nacionales", y que "por eso se generan estos conflictos".

Por su parte, desde Juntos por el Cambio, el legislador provincial Juan Martin, afirmó que promoverán el juicio político al juez Ricardo Calgano que frenó el pedido de la Fiscalía de desalojar inmediatamente la toma de El Foyel: "Nosotros no creemos que la culpa sea solamente del INAI, como dicen algunos. Todo el gobierno es responsable, porque el INAI no actúa autónomamente y si así lo hiciera ya deberían haber echado a sus responsables", dijo el legislador Juan Martín.

"Esta es otra muestra de la desconexión con la realidad de nuestro Poder Judicial", afirmó el legislador, planteando que "parece ser que las garantías son sólo para los delincuentes y que las víctimas no tienen ningún derecho". "Esta resolución del juez echa por la borda un excelente trabajo de la Fiscalía, que rápidamente elevó las actuaciones para terminar con un flagrante delito", añadió.

Juan Martin consideró que "el derecho de los acusados a ser oídos en el proceso fue debidamente contemplado con la citación que les hizo el juez, y que si decidieron no presentarse es porque no tienen interés. Esto no debería impedir que la Justicia siga actuando y que se los desaloje, en lugar de esperar a ver si los pueden detener y llevar a notificarse y declarar".

"Esta no es la primera vez que Calcagno está sospechado", recordó, puntualizando que "hace un par de años se lo sacó del juicio por un femicidio al considerar que no actuaba imparcialmente, y además tuvo denuncias ante el Consejo de la Magistratura por varias irregularidades y actitudes impropias. Incluso, la gobernadora Carreras cuando era legisladora pidió el juicio político".

Por otra parte, el legislador de Juntos por el Cambio -quien viajó de urgencia a Bariloche para acompañar a la familia Soriani- sostuvo que "está claro que hay un fuerte esquema de complicidad con los delincuentes, que en este caso tienen un fuerte apoyo logístico que incluye teléfonos satelitales".

"Nosotros no creemos que la culpa sea solamente del INAI, como dicen algunos. Todo el gobierno es responsable, porque el INAI no actúa autónomamente y si así lo hiciera ya deberían haber echado a sus responsables. Además, vemos que estos episodios de tomas se están dando en todo el país, incluso en zonas donde no hay ningún supuesto reclamo ancestral", afirmó.

El parlamentario también planteó que "es llamativo el silencio de la dirigencia local del Frente de Todos". "Acá en Bariloche se habla mucho de que tal o cual referente de ese espacio está detrás de las tomas y creo que deberían salir a aclararlo", concluyó.


El testimonio de la familia encerrada

Martín Soriani, desde su vivienda en El Foyel, afirmó que aguarda alguna novedad de la justicia, junto a su esposa y gente que trabaja para ellos.

Desde el jueves a la tarde permanecen encerrados sin poder salir, con custodia de la policía de Río Negro las 24 horas. 

"No es nada lindo estar aislados. Estamos a unos mil metros de distancia de la gente que usurpó nuestro terreno con carpas. No se alcanza a ver del todo porque es una zona boscosa. No tenemos una visión directa", detalló Soriani.

Soriani dijo desconocer el número de ocupantes. "Están encapuchados y se ocultan todo el tiempo. Quizás ves dos, tres, cuatro y en otro momento, son 20, 30", planteó al tiempo que consideró que el hecho "fue totalmente planificado".

Relató que el jueves por la mañana, estaba en Bariloche cuando recibió un llamado de un joven que trabaja para él, advirtiendo que no lo dejaban ingresar al predio. Decidí retornar a El Foyel de inmediato. "Una vez acá, me encontré bloqueada la tranquera con cartelería. No me dejaban ingresar a mi propiedad. Decían que ellos venían a recuperar tierras, con injurias y muy malos modos. A los gritos. En ese momento, llegó la policía. Y recién pude entrar a mi casa por la tarde. Me acompañó un policía", puntualizó.

Indicó que tiempo atrás, sufrieron amenazas pero nunca pensaron "que se iban a concretar". "No sabemos quiénes son pero los dos cabecillas son de El Bolsón. La justicia ya ordenó su captura", dijo en referencia a Blanca Rosa Gallardo y Juan Carlos Oyarzo.

"Tenemos una mezcla de sensaciones tremendas. Uno no puede estar tranquilo en su propia casa. No podemos entrar ni salir. Solo esperamos que la justicia actúe. A nosotros, como dueños del campo, nos hicieron ir a presentar los papeles. Hace 40 años que vivimos acá", sostuvo Soriani.

Advirtió que tenían provisiones pero se van acabando, "de modo que estamos a cuentagotas. Algún vecino nos ha alcanzado algo. Están apoyándonos. Lo cierto es que es una extensión grande y no es nada sencillo acceder al lugar".

La audiencia

Para esta mañana estaba programada la nueva audiencia judicial para tratar el desalojo. Pero antes se realizó un encuentro dirigido por el juez Marcelo Alvarez Melinger, el abogado defensor Manuel Mansilla, el abogado por la querella, Paolinelli, y los fiscales Martín Lozada y Francisco Arrien.

"El objeto de esa audiencia fue el tratamiento del desalojo del predio que venimos pidiendo desde el viernes", sostuvo Lozada aunque el abogado defensor de los imputados interpuso una serie de planteos.

"El defensor señaló que no había podido tener contacto con sus defendidos. Rebatimos que es abogado desde el viernes pasado a las 15 y tuvo tiempo suficiente para tomar contacto. Dijo también que no había ido al lugar y le indicamos que estaba en condiciones de ir", expresó Lozada, al tiempo que destacó que el juez rechazó los planteos de la defensa y declaró la validez de la audiencia respecto del desalojo.

"Además -recalcó el fiscal jefe-, el abogado es defensor no solo de Oyarzo y Gallardo sino de todas las personas que están adentro del predio. Como se niegan a identificarse ante la policía, el juez ordenó al defensor y le dio 24 horas para que se identifiquen y concurran, junto con Oyarzo y Gallardo, a la audiencia de mañana a las 9 donde se va a tratar el desalojo".

El juez de garantías Ricardo Calcagno desestimó el pedido de desalojo el último viernes pero admitió el planteo de Lozada, Arrien y el abogado por la querella y declaró en rebeldía a Blanca Rosa Gallardo y Juan Carlos Oyarzo. Por eso, ordenó su captura para que comparezcan a la audiencia de formulación de cargos ya que no se presentaron el viernes pese a que habían sido legalmente notificados, según informó Arrien.

Las dos personas están sospechadas de participar de la usurpación del campo de la familia Soriani.