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PROBLEMA PARA MACRI

Correogate: La Corte rechazó un recurso del Gobierno y apura una definición

Mar, 24/09/2019 - 5:56pm
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Por Urgente24

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, por unanimidad, intervenir en el expediente por la deuda del Correo Argentino. En la acordada, los jueces cuestionaron a la Cámara Comercial por haber concedido al Estado la posibilidad de acudir al Máximo Tribunal cuando no correspondía. El Gobierno pretendía obtener más tiempo para las negociaciones. Ahora, la Procuración General tiene 15 días hábiles para definir si aprueba el acuerdo al que llegaron los directivos de la firma de la familia Macri y el Estado.

Otro revés para la familia Macri en la causa Correo Argentino.
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Este martes (24/09), por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró "mal concedido" el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional que pretendía la ampliación del plazo para evaluar la propuesta concordataria de Correo Argentino S.A..Asimismo, dispuso la devolución de la causa para continuar con el trámite del concurso.

En otras palabras, la Corte busca apurar una resolución en la causa por el concurso preventivo abierto entre el Correo Argentino y el Estado por el pago de una deuda millonaria. La empresa de los Macri adeuda en concepto de canon 300 millones de pesos/dólares al Estado (sin intereses), acumulada cuando tenía la concesión del servicio postal.

El Máximo Tribunal, además, cuestionó a la Cámara en lo Comercial por haber aceptado un recurso extraordinario del Gobierno (desde la Procuración Nacional del Tesoro) bajo un supuesto de "gravedad institucional" para que el tema llegara al máximo tribunal.

Lo que pedía la Procuración del Tesoro era más tiempo para para resolver si aceptaba una propuesta que presentó el grupo Socma (de la familia Macri) para cerrar el concurso. Hace más de 30 meses que el Estado debe esa respuesta.

La Sala B de la Cámara en lo Comercial le rechazó el pedido de más tiempo, pero de todas maneras le abrió la puerta para discutirlo en la Corte Suprema. Algo que hoy rechazó la Corte con la firma de los cinco miembros: Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, frente a la solicitud del Estado de fijar un plazo no menor a 120 días hábiles para evaluar la mejora de propuesta presentada en autos, y tras explicitar que esa petición no importaba nuevas razones que las que ya se habían considerado frente a la anterior propuesta, juzgó prudente no conceder el término requerido y, en cambio, otorgó por última vez un plazo de 15 días hábiles para que el Estado Nacional se expidiera.
 
Contra esta decisión el Estado Nacional interpuso un recurso extraordinario federal que, si bien fue rechazado por la arbitrariedad alegada, fue concedido en virtud de la causal de “gravedad institucional”.
 
Según publica el Centro de Información Judicial, la Corte sostuvo que el mero hecho de que sea el Estado Nacional quien recurre, sin precisar de qué manera la decisión pondría en juego principios esenciales de orden social, cuyas consecuencias se proyectarían sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o la defensa del interés de la sociedad como un todo, como se afirma, importa desconocer el riguroso principio de acuerdo con el cual la presencia de “gravedad institucional” no constituye una causal autónoma de procedencia del recurso; que –en todo caso- sólo facultaría al Tribunal para prescindir de ciertos recaudos formales frustratorios de su jurisdicción extraordinaria, pero no para tomar intervención en asuntos en los que no se ha verificado la presencia de una cuestión federal.
 
Con este esencial argumento y descartada la existencia de cuestión federal por la Cámara –decisión que no fue cuestionada por el Estado Nacional con el correspondiente recurso de queja-, el Tribunal declaró mal concedido el recurso extraordinario y dispuso la devolución del expediente al tribunal de grado para que continúe el trámite del concurso.

Cabe recordar que desde 2001 la Justicia comercial lleva adelante un expediente por el concurso preventivo de Correo Argentino S.A. (CASA). Hoy está en manos de la jueza en lo comercial Marta Cirulli, con el impulso de la fiscal Gabriela Boquín, e interviene la Sala B Cámara Nacional en lo Comercial.

Fue en ese expediente en donde la fiscal Boquín impugnó un acuerdo al que habían llegado la empresa y el Estado por una quita de deuda, argumentando que era "abusivo para el Estado", y eso derivó en una denuncia penal que ahora tiene en sus manos el juez Ariel Lijo.

La fiscal Boquín viene cuestionando la excesiva dilación de la causa y una suerte de connivencia de representantes del Estado Nacional para demorar el trámite. La funcionaria puso en la mira al procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías al sostener que “pareciera que en base al decreto 201/17 por los conflictos de intereses existentes, se estaría beneficiando a la concursada, lo cual es justamente lo que el decreto buscaría evitar, debiendo ser éste un parámetro de interpretación que el Procurador del Tesoro no tiene presente”.

A mediados de julio, Correo Argentino SA hizo una nueva propuesta para los acreedores: ofreció pagar su deuda de $296 millones por el canon impago de la concesión, más los intereses acumulados desde julio de 2002, en un solo pago y al contado. También renunciar a cualquier juicio futuro contra el Estado por daños y perjuicios -en particular, lucro cesante- “por la quita de la concesión del servicio postal y la apropiación de sus activos”, que tuvo lugar durante el Gobierno de Nestor Kirchner.

Pero el Estado Nacional, a través de la Procuración, pidió aclaraciones y solicitó la suspensión del plazo para expedirse por un término no menor a 120 días hábiles. La Cámara denegó esa suspensión, aunque concedió una prórroga de 15 días para que el Estado manifieste si acepta o rechaza la propuesta. Pero la Procuración llevó luego el planteo a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario, en donde habló de “gravedad institucional”.

El planteo central de la Procuración era que necesitaba otros 180 días hábiles para analizar la tercera y última "mejora de propuesta" que presentó la empresa y que los 15 días hábiles que le concedió la Cámara "por última vez" la resultaban un plazo demasiado exiguo y "arbitrario".

El caso llegó a la Corte Suprema para su estudio, y hoy rechazó intervenir en el expediente.

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