JUSTICIA

PEAJES

Con el voto de Bruglia, anulan el procesamiento de exfuncionarios macristas

La Cámara Federal porteña declaró la "nulidad" de los procesamientos al exministro de Tranporte, Guillermo Dietrich, a su par de Hacienda, Nicolas Dujovne, y al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste, entre 2016 y 2018.

La Cámara Federal porteña declaró hoy la "nulidad" de los procesamientos al exministro de Tranporte Guillermo Dietrich, a su par de Hacienda Nicolas Dujovne, el extitular de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste, entre 2016 y 2018.

La decisión fue adoptada por la sala II del tribunal de apelaciones con los votos de los jueces Martín Iruruzn y Leopoldo Bruglia, quienes sostuvieron que cuando los exfuncionarios fueron indagados por el ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral no tuvieron acceso a la prueba que había en su contra, según indicaron fuentes judiciales.

Bruglia es uno de los camaristas que la mayoría kirchnerista en el Senado probablemente removerá de su cargo por considerar que su traslado desde otro tribunal se produjo de manera irregular. 

Canicoba Corral había considerado que los exfuncionarios macristas habían beneficiado a Autopistas del Sol (AUSOL) y al grupo Concesionario Oeste S.A. -del cual participaban empresas del grupo Macri- con la prolongación de las concesiones en Acceso Norte y Acceso Oeste, sin licitación, hasta el 2030, en un acto que incluyó el reconocimiento de supuestas deudas por atrasos tarifarios por US$499 millones  y US$247 millones de dólares respectivamente.

Según Canicoba Corral, los ex funcionarios que actuaron en el proceso de renegociación "fueron parte de la ejecución de un complejo engranaje de maniobras diferentes, pero todas ellas destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios, quebrando para ello la confianza depositada conforme la función pública que desempañaban y en palmario desmedro de las arcas del Estado".

Los procesamientos fueron apelados y la Sala II de la Cámara federal porteña, al analizar la situación indicó: “Cuando se indagó a los imputados, la causa no estaba en secreto –tampoco luego- . Los actos se concretaron por medios digitales, en razón de la forma de funcionamiento que regía y lo sigue haciendo en los tribunales. En las audiencias se enumeró como prueba de cargo la documentación reservada de la causa, identificándose allí expedientes administrativos y otras constancias (se habló de doce paquetes con actuaciones del Ministerio de Transporte, de Hacienda, de Vialidad, de la SIGEN, de la Procuración del Tesoro, de la IGJ, de la CNV, secuestros de allanamientos, etc.)".

Ante este escenario, los camaristas Irurzun y Bruglia entendieron que los acusados no pudieron defenderse. "Ni antes ni durante ni después de las audiencias tuvieron la posibilidad de confrontar el contenido de cualquiera de esos elementos que se les enunciaron. Ante los reclamos, el juez argumentó, primero, que para él no correspondía legalmente permitir a las defensas la compulsa previa a las indagatorias ; superado ello, invocó que su carga al sistema informático –por su dimensión- era dificultosa y llevaría tiempo".

En esta misma línea, consideraron que tales condiciones de falta de acceso a la prueba, "se mantenían inalteradas cuando se procesó a Iguacel, Dietrich, Saravia Frías y Dujovne. Y que en todos los pronunciamientos objetados se valoró como prueba fundamental aquella documentación que aún no se había puesto a disposición de las partes imputadas".

Por estos argumentos, Irurzun y Bruglia entendieron que si el pronunciamiento se apoya sobre pruebas que previamente "no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas, se genera un perjuicio directo sobre el derecho de defensa. El procesamiento así dictado es nulo”

Ahora será el juez Julián Ercolini, quien subroga el juzgado que dejó Canicoba Corral,  quien deberá fijar una nueva fecha de indagatoria para los imputados en el caso. 

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