Argentina en riesgo por la amenaza a la independencia judicial y los decretos COVID-19

Cada año la consultora Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) presenta el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción en el continente, que mide la eficacia en la lucha contra ese problema. Este mide, entre otras variables, la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. 

En 2020, el índice muestra que "la ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza y, en algunos lugares, está retrocediendo peligrosamente", explicó Roberto Simon, director de políticas públicas de AS/COA. "Lo que es aún más preocupante: esto está sucediendo mientras el COVID-19 está aumentando el riesgo de corrupción en toda la región", dijo. Aunque es probable que no sea casual que el declive en la lucha anticorrupción coincida con el COVID-19, ambas se relacionan.

De todos los países latinoamericanos, el país mejor posicionado en la lucha anticorrupción es Uruguay, con el puntaje más alto (7,78 de 10). Le siguen  Chile (6.57), Costa Rica (6.43), Brasil (5.52), Perú (5.47), Argentina (5.32), Colombia (5.18), México (4.55), Ecuador (4.19), Panamá (4.17), Guatemala (4.04), Paraguay (3.88), la República Dominicana (3.26), Bolivia (2.71) y Venezuela (1.52). 

En el caso argentino, señala el informe, decayó mucho el interés público contra la corrupción, debido a los problemas económicos y el cambio en el gobierno.

El desafío más grande en la lucha anticorrupción Argentina lo tiene en el área de su capacidad legal para luchar contra ella. Esta capacidad consiste de, entre otros factores clave: la independencia y la eficiencia de la justicia y de las agencias anticorrupción, el acceso a la información pública y la transparencia de gobierno, la independencia y los recursos de los fiscales. 

"Con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentando múltiples acusaciones de corrupción, algunos han manifestado preocupación por el futuro de las agencias anticorrupción -incluida la Oficina Anticorrupción. Argentina tuvo una caída del 11% en esta variable. La politización crónica de los juzgados ha socavado aún más la independencia judicial y su eficiencia, con una caída del 8% desde 2019", apunta el informe.

Además: "Los aliados del gobierno hoy ocupan posiciones de liderazgo en agencias anticorrupción. Cualquier esfuerzo por controlar las instituciones de vigilancia o presionar a los fiscales y jueces, incluidos aquellos de los casos que involucran a los Kirchner, representaría un golpe duro al contexto de la lucha contra la corrupción en Argentina. El presidente (Alberto) Fernández y otros oficiales de gobierno han sido críticos elocuentes de los acuerdos de delación en Argentina y está por verse si intentarán cambiar el marco legal existente. El gobierno ha revertido el plan de (Mauricio) Macri para crear una agencia autónoma de protección de testigos. Los decretos de emergencia introducidos por los gobiernos nacionales y provinciales por el COVID-19 han suspendido algunos controles gubernamentales. El cambio podría dificultar la capacidad de Argentina de identificar y combatir la corrupción en el año entrante."