Un jubilado denunció penalmente a los funcionarios porque la Justicia de la Seguridad Social los intimó cuatro veces para que cumplan un fallo de reajuste de haberes que fue dictado en mayo de 2008.
Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun calificaron de "prematuro" el sobreseimiento de los funcionarios al considerar que el análisis de la causa jubilatoria "no implica que allí se agote la actividad investigativa".
"Lo que debe dilucidarse es si han incurrido en responsabilidad penal los funcionarios de la Administración Nacional de Seguridad Social al no dar cumplimiento a las reiteradas intimaciones formuladas", advirtieron. Para la Cámara Federal, "en tales condiciones, no resulta suficiente para cerrar definitiva e irrevocablemente el proceso el hecho que se le hubiere dado curso administrativo a la intimación efectuada -y no al reclamo, como reiteradamente se afirma- o que incluso se hubieren finalmente embargado los montos para garantizar el dilatado cobro de sus haberes mensuales ajustados".
Los camaristas recomendaron "con la celeridad que el caso exige" que se pida y analice el expediente que se inició en la ANSES sobre las intimaciones judiciales.
En disidencia, el juez Eduardo Farah votó por confirmar los sobreseimientos por considerar que las intimaciones judiciales no fueron dirigidas a Bossio y Pantarotto ni existe constancia alguna que acredite que, aún así, la hubiesen recibido y se hubiesen negado a cumplimentar.
La causa está radicada en el Juzgado Federal 2, a cargo desde el viernes pasado de Sebastián Ramos, el flamante magistrado que juró junto a otros tres nuevos integrantes de los tribunales de primera instancia de Comodoro Py 2002.
