JUSTICIA

"Acusaciones inciertas, antojadizas, imprecisas, mitos amplificados"

Jorge A. Valerga Aráoz es el abogado defensor de Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, por los hechos ocurridos, supuestamente, en la "Noche del Apagón", los días 20 y 27 de julio de 1976, en Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, en el departamento Ledesma, Jujuy. Juez de Cámara nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional -en 1985 integró el tribunal de la Cámara Federal que juzgó y condenó a las juntas de Comandantes- Valerga Araoz dijo: "No hay pruebas que vinculen ni a Alberto Lemos ni a Carlos Pedro Blaquier con hechos violatorios de los Derechos humanos".

 

 
SAN SALVADOR DE JUJUY (El Tribuno). El doctor Jorge A- Valerga Aráoz, a cargo de la defensa del Dr. Carlos Pedro Blaquier, presidente de Ledesma SAAI y del ex administrador del complejo agroindustrial, ingeniero Alberto Lemos, se prestó a la requisitoria periodística, con el propósito de aclarar detalles que conforman los argumentos que dicha defensa viene sosteniendo. 
 
Tanto Blaquier como Lemos, están imputados en la causa por delitos de lesa humanidad que se sustancian en el Juzgado Federal de Jujuy, referidos a los hechos sucedidos en Calilegua, en la conocida como “Noche del Apagón”. 
 
Valerga Araoz, sostiene que no existen pruebas que vinculen a los nombrados con hechos que violen los derechos humanos, y agregó que muchas de las acusaciones que se presentan son “inciertas, antojadizas, imprecisas” o “mitos amplificados por la difusión de versiones extrajudiciales”.
 
-¿En qué estado está actualmente la causa contra el Dr. Carlos Pedro Blaquier y el ingeniero Alberto Lemos?
 
-En plena etapa de investigación: se están recibiendo declaraciones testimoniales y proveyendo prueba ofrecida por esta defensa y los acusadores. Ambos fueron citados a prestar declaración indagatoria y sólo el Ing. Lemos pudo cumplirla. La audiencia en que debió hacerlo el Dr. Blaquier fue suspendida por el juez Poviña debido a la agresión que recibió en la puerta del Juzgado por un grupo de manifestantes mientras se encontraba dentro de un automóvil blindado. Este ataque feroz con barras de hierro, bloques de cemento y sillas metálicas de un bar vecino, se prolongó por más de cinco minutos mientras el chofer del vehículo trataba de eludir el intenso tránsito del centro de la ciudad de San Salvador. Blaquier salvó su vida de milagro. Estimo que la nueva audiencia será a poco de terminada la feria judicial.
 
-Sin embargo, Blaquier se resistió a volver al país cuando fue solicitado por el juez.
 
-Esto no es así. Por el contrario, se enteró de su citación estando en el extranjero por un tratamiento médico y adelantó su regreso. Aun cuando era desaconsejable para su salud someterse a los 1.200 metros sobre nivel del mar de San Salvador, tal como se demostró en los peritajes judiciales practicados, el Dr. Blaquier acató la decisión y se presentó en el lugar fijado por el Juzgado, asumiendo todos los riesgos serios de salud que corrió.
 
-A Blaquier lo acusan de haber colaborado con la represión ilegal de la dictadura ¿ustedes qué dicen a eso?
 
-Que es absolutamente incierto y antojadizo. No hay pruebas que vinculen a Blaquier y Lemos con los hechos violatorios de los Derechos Humanos que se les imputa, que indudablemente ocurrieron y están definitivamente acreditados. El fiscal sólo esboza elucubraciones genéricas tales como “debería haber sabido que” o “por su cargo no podía estar ajeno a”, que no dejan de ser meros enunciados dogmáticos. Y lo hace así porque no existe una prueba real que justifique una acusación seria. Por otra parte, a julio de 1976 los civiles nada sabíamos de los horrores que estaban sucediendo. El Dr. Blaquier siempre se pronunció en favor de la libertad y en contra de cualquier autoritarismo. Muchos años antes de esta imputación tuvo la oportunidad de escribir que “la mejor de las dictaduras es peor que un mal gobierno democrático” y, en referencia particular al golpe de 1976, expresó que “fue un gravísimo error haber depuesto al gobierno constitucional de Isabelita, que permitía combatir la guerrilla al amparo de la ley, e instaurar a un gobierno inconstitucional que la combatió al margen del ordenamiento constitucional”.
 
-¿Ledesma prestó camionetas para trasladar detenidos en marzo de 1976?
 
-No, es otra falsedad total. Las pocas referencias que se hacen en la causa al uso de camionetas de Ledesma son muy imprecisas y muy contradictorias. Tampoco creo que los militares las necesitaran ya que contaban con el manejo discrecional de la economía del país para una actividad que consideraban por encima de cualquier otra prioridad. Pero suponiendo lo contrario, no iban a pedirlas prestadas; se las apropiaban directamente ya que ellos consideraban que estaban librando una guerra. Tanto es así que la orden clandestina dada por Videla de secuestrar, torturar y matar, también asentía la posibilidad de robar, y por esto último también fue condenado Videla como comandante en jefe.
 
-Pero hay testimonios que dicen haber visto las camionetas de Ledesma en un operativo.
 
-Las referencias son muy imprecisas. Primero la señora de Arédez dijo que vio la camioneta porque reconoció el logotipo de la empresa. Pero, cuando le pidieron que lo dibujara, trazó aquel que se usaba en 1959, único año en que su marido trabajó en la Empresa, pero ese logo se había cambiado por otro totalmente distinto a partir de 1972. Luego dijo que quien vio la camioneta fue su hijo de 16 años desde el balcón del primer piso de su casa. Además, hay otra persona que declaró judicialmente que no había visto vehículos de la empresa y luego en una película dijo que sí los vio, siguiendo seguramente el guión que se le presentó. Otra víctima lo dice respecto de otro operativo, pero es corregido por otras 4 víctimas quienes sostienen haber sido llevadas en la caja de un vehículo de las Fuerzas de Seguridad, como el resto de las víctimas, quienes se refieren al uso de vehículos oficiales como del Ejército o de la Policía.
 
Pero supongamos, solo como hipótesis, que se hayan usado una o dos camionetas de Ledesma –ya que nadie, pero nadie, se refiere a una flota o algo por el estilo-; lo más probable es que las patotas que actuaban hubieran forzado a la persona que tenía la guarda de dicho vehículo a entregarlo sin ninguna posibilidad de resistir, porque ese era un modo de operar. Pero de ninguna manera puede vincularse tal circunstancia aislada con una decisión institucional de la empresa que no existió. Es importante destacar que la empresa tenía en ese año más de 100 camionetas, cuyas características y números de dominio fueron aportados por Ledesma S.A.A.I. al Juzgado, y su uso y guarda estaba descentralizado entre las distintas áreas y a cargo de diferentes personas.
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-¿Ledesma prestó sus instalaciones para los operativos clandestinos de las fuerzas de seguridad?
 
-De ninguna manera y no hay absolutamente nada en el expediente que lo sugiera. Sí se advierte una gran confusión terminológica cuando algunos testigos expresan que luego del secuestro los llevaron a la comisaría o la gendarmería “de Ledesma”, de “ingenio Ledesma” o directamente “del ingenio”. Esto obedece a que la gente de allí llama indistintamente así al barrio de Libertador San Martín cercano a Ledesma SAAI, donde existe un destacamento de la Gendarmería Nacional y pegado a éste la Policía local. Pero es algo indiscutible en el expediente que las sedes policiales y de Gendarmería están fuera del predio de la Empresa, a tres cuadras, y siempre lo estuvieron. Nadie dice haber permanecido detenido en el interior de la empresa.
 
-También se acusa a Ledesma de haber generado el corte de luz que favoreció las detenciones en Calilegua en la Noche del Apagón.
 
-Esto es un mito que fue amplificado por la difusión de versiones extrajudiciales. Ledesma SAAI no tenía a su cargo ni controlaba el suministro eléctrico de Calilegua por lo que no se advierte cómo pudo haberlo provocado. Por otro lado, no debe olvidarse que los operativos se realizaban con “zona liberada” por lo que no se explica por qué el apagón nocturno en un lugar poblado iba a facilitar la detención de personas; por el contrario, les complicaría su actividad porque deberían procurarse los elementos de iluminación tanto para la privación de la libertad como para el robo de elementos de valor que caracterizaron estos hechos, y para evitar la eventualidad de un intento de fuga de la persona buscada. Por otro lado, en esa época eran muy comunes los apagones en Calilegua, de lo que dan cuenta varios testigos en el expediente.
 
-Se habla de 400 detenidos durante la "noche del apagón" ¿Cuántos de ellos figuran en el expediente judicial?
 
-Tengo entendido que en todo Jujuy no alcanzó ese número durante toda la dictadura. No obstante, el sólo hecho de que hayan ocurrido secuestros y desapariciones es algo gravísimo e inaceptable, sin importar su número. Pero de lo que uno puede darse cuenta es que ese número se agranda artificialmente y así se transmite a la opinión pública con la finalidad de perjudicar a Ledesma. En las causas de las que hablamos se investiga la detención de 32 personas en diferentes días, por lo que es evidente que el Ejército y las fuerzas de seguridad no necesitaban la colaboración de una empresa privada, ni de nadie. En fin, sean muchos o pocos, la empresa nada tiene que ver con ello.
 
-La semana pasada señalizaron con un cartel a la empresa Ledesma por haber colaborado con la dictadura. Qué opinión le merece ese hecho?
 
-Es una gran irregularidad que provoca perjuicios morales y económicos. Da por cierta una hipotética participación en delitos aberrantes cometidos por la dictadura militar, que está en plena investigación, con lo que se vulnera flagrantemente el principio constitucional de defensa y de inocencia. Además, ha generado un gran malestar en la comunidad de Libertador y en los empleados de Ledesma, ya que ellos saben tanto de su falsedad como del importante trabajo social que realiza la empresa, considerándose a la acusación judicial como una persecución sin fundamento.
 
-¿Qué expectativas tienen sobre estas causas?
 
-Al no existir ninguna prueba de alguna supuesta relación de causalidad entre la actividad de los directivos de la Empresa y las violaciones a los Derechos Humanos investigados, el expediente no debería avanzar respecto de Blaquier y Lemos. Va de suyo que el objeto de este proceso no puede ser el escrutinio de sus ideas políticas o criterios socioeconómicos que seguirían para insertar internacionalmente al país o para lograr el equilibrado desarrollo entre crecimiento e igualdad social , como así tampoco el modo en que el Dr. Blaquier condujo exitosamente una empresa durante más de cuarenta años. Así, la defensa aspira a que se produzca la prueba pendiente, se la analice con las reglas de la sana crítica y se sobresea totalmente a sus dos defendidos.

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