En defensa de las mineras, el Nac&Pop estrenó la Ley Antiterrorista

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El gobierno nacional y popular (Nac & Pop, en la jerga), ya estrenó su Ley Antiterrorista, en este caso aplicado a asambleístas que protestaban contra emprendimientos mineros, una actividad que Cristina Fernández defiende a capa y espada.

 

Hoy martes 31/01, desde las 17:00, en 12 y 57, La Plata, capital bonaerense, integrantes del Movimiento Libres del Sur y del Movimiento Universitario Sur expresarán su solidaridad con quienes en La Rioja se oponen a la explotación minera en el cerro Famatina, y lo repetirán el domingo 05/02 en Plaza Italia, exigiendo la derogación de la Ley de Inversiones Mineras y normas complementarias que “impuso el menemismo en la década del ’90 y que el kirchnerismo mejoró en beneficio de las trasnacionales”; y de la Ley Antiterrorista sancionada por el kirchnerismo en el Congreso Nacional.

 

“A las desafortunadas declaraciones de los gobernadores de San Juan, José Luis Gioja, quien comparó a los asambleístas con los nazis; y de La Rioja, Luis Beder Herrera, quien juró que la megaminería a cielo abierto y con uso de cianuro no contamina, ahora se sumó la aplicación de la Ley Antiterrorista Nacional y Popular”, afirmaron en su convocatoria.

 

“Utilizando el artículo 213 bis del Código Penal, incluido dentro de ese marco legal, el fiscal provincial subrogante de Catamarca, Julio Landivar, imputó a 9 ambientalistas (que ya fueron liberados). Al momento de su detención, los manifestantes realizaban un bloqueo selectivo y pacífico contra los camiones y proveedores de la minera La Alumbrera en el departamento de Santa María, Catamarca. Cuando fueron liberados, la Policía les hizo firmar un acta que los obliga a no hablar con la prensa bajo pena de revocarles la libertad”, añadió el comunicado.

 

Así se refirieron a los 9 asambleístas detenidos durante una protesta contra un proyecto minero en la localidad catamarqueña de Santa María, imputados por hechos de "terrorismo", segun el fiscal federal de Cámara, Antonio Gustavo Gómez, consultado por la agencia Noticias Argentinas.

 

Gómez destacó que es "la primera vez que se aplica" la Ley Antiterrorista desde su sanción, aunque criticó al fiscal provincial Julio Landivar por haber utilizado un delito federal en la Justicia provincial.

 

"El sistema acusatorio de Catamarca aplica el artículo 213 bis que es uno de los delitos mencionados por la última Ley Antiterrorista, que viene de la época del proceso militar, y es el de pertenecer a una organización que pretende atemorizar", afirmó Gómez.

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"Landivar tiene dos razones para no ser competente, una es que es una ruta nacional donde se produce la protesta, y otra es que aplica un artículo que a partir de la nueva Ley Antiterrorista es un delito federal", agregó el fiscal federal Gómez, con competencia en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.

 

Además, Gómez explicó que la Ley Antiterrorista posee "una excepción" en la que afirma que no se aplicará "en casos donde sean reclamos de defensa de Derechos Humanos, sociales o constitucionales".

 

"En este caso se trata de un reclamo por un derecho humano esencial que es la salud pública, en función de la contaminación de minera La Alumbrera ", afirmó el fiscal.

 

Incluso pidió iniciar un proceso de destitución contra el fiscal provincial Landivar.

 

"En verdad que es para asustarse y actuar. Dentro de la ley y en el ejercicio legítimo de nuestros derechos, pedir la destitución del fiscal provincial Landivar por ordenar la represión en Santa María invocando leyes que no están en sus manos aplicar, es lo mínimo", dijo.

 

Los manifestantes habían sido detenidos mientras realizaban una protesta en la ruta nacional 40, sin corte de tránsito pero impidiendo el paso de los camiones que transportaban elementos hacia la minera La Alumbrera , cuyo cierre exigen desde hace tiempo.

 

Ante esta situación, los manifestantes modificaron el lugar de protesta, que se mantiene sobre la ruta nacional 40 pero se mudó a la provincia de Tucumán.

 

Así, el corte tiene lugar cerca de la localidad de Amaicha del Valle, en Tucumán, que se sumó a otra protesta que se mantenía a la altura de la ciudad catamarqueña de Belén, a unos 100 kilómetros al sur de Santa María, donde se suscitó el conflicto.

 

Nidia Gauthier, abogada de los 9 imputados, criticó el trabajo del fiscal Landivar y anticipó que presentará un pedido de nulidad ante el juez federal de Catamarca Ricardo Antonio Moreno.

 

"Fue un juzgado incompetente el que intervino. Vamos a pedir copia de todas las actuaciones y presentar la nulidad del caso", aseguró Gauthier.