EL PROBLEMA ES LA COMPETITIVIDAD

Comienza un pacto social en el que nadie cree

Durante la semana comenzarán los encuentros tripartitos convocados por el Gobierno nacional para intentar frenar las expectativas inflacionarias en 2011. (?) A Cristina, hasta ahora, no se le ocurrió algo más interesante. Obviamente que a Amado Boudou tampoco.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El pacto social al que se aferran los peronistas fue una tragedia que comenzó con el asesinato de José Ignacio Rucci y terminó con el Rodrigazo. En el interín, un mal ministro de Economía (José Ber Gelbard, el amigo de David Graiver), al que los peronistas todavía reivindican por ignorancia.

 
Pero ahí va Cristina Fernández, sin otra idea a mano (y quien debería acercárselas, Amado Boudou, es la ineficiencia hecha ministro de Economía), reivindicando un proyecto de pacto social en el que nadie cree, y los asistentes se sentarán a la mesa más por compromiso político-institucional que por contribución real.
 
Así, con la intención de contener las expectativas inflacionarias en 2011, el Gobierno nacional reunirá esta semana  la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) en el marco del Pacto Social y Económico. 
 
Debe tenerse en cuenta que el Ejecutivo Nacional siempre ha negado la inflación. ¿Cómo es que, entonces, luego de minimizarla, tendrá decisión política para aplacarla?
 
Un absurdo.
 
Por ejemplo, según el relevamiento realizado por el diario La Voz del Interior en 4 supermercados (Walmart, Carrefour, Disco y Libertad), entre los primeros días de noviembre y los de diciembre, la canasta de alimentos y de higiene y limpieza para 4 personas se incrementó 2,43% promedio.
 
Para comprar lo que necesita una familia hacen falta ahora casi $ 1.500. El año pasado, los mismos productos totalizaban, para esta época, $ 1.068,02. La diferencia es 40,4% y, en pesos, de $ 431,05.
 
Así, del salario neto de un trabajador privado en Córdoba, que es de $ 3.071, según el Ministerio de Economía de la Nación, el súper se llevaría prácticamente la mitad.
 
Si bien el Ejecutivo se muestra optimista sobre el futuro de los encuentros, su principal desafío será congeniar los intereses diversos -y hasta contrapuestos- de ambas entidades, ya que mientras los empresarios pretenden frenar las demandas salariales y el debate sobre la distribución de ganancias, los trabajadores buscan mejorar el poder adquisitivo de los asalariados y su inserción en la “torta” distributiva.
 
Tras el anuncio realizado por la presidente Cristina Fernández en la conferencia anual de la UIA, en noviembre pasado, finalmente esta semana se realizará el 1er. encuentro formal del espacio de diálogo que integrarán empresarios y trabajadores. Los ministros Julio De Vido y Carlos Tomada encabezarán la mesa de negociaciones.
 
El objetivo de la administración nacional es lograr un acuerdo tripartito que colabore para frenar la escalada de precios que viene afectando hace tres años a los consumidores y a algunos sectores productivos.
 
Asimismo, el Ejecutivo pretende fijarle un techo a la inflación para que no ponga en riesgo el crecimiento del próximo año, que según sus estimaciones podría ubicarse en entre 6% y  7%. Justamente, la escalada en las expectativas inflacionarias es lo que pretende frenar el Gobierno nacional, a sabiendas de que resulta un componente central en la puja distributiva que se plasma en las negociaciones colectivas.
 
La visión empresarial
 
Pero para ello tendrá que lidiar con los objetivos diferentes que tienen la UIA y la CGT dentro del espacio.
 
La agenda que prepara la entidad empresaria para esta semana tiene entre sus principales puntos la necesidad de una rápida contención de las demandas sindicales, dado que los gremios ya están pensando en aumentos salariales de 25% para 2011. También pondrán sobre la mesa su preocupación por el “avance” del Estado sobre el sector privado, su principal queja en la última conferencia industrial.
 
Por último, los empresarios buscarán acordar  leyes laborales que frenen la denominada “industria del juicio” e intentarán interferir en el proyecto de ley que propone el reparto parcial de las ganancias empresariales entre los trabajadores.
 
La postura de la CGT
 
Por su parte, la agenda que prepara para esta semana la central que encabeza Hugo Moyano tiene entre sus principales aspectos un fuerte reclamo para frenar la escalada de precios, con el objetivo de conservar el poder adquisitivo de los asalariados. Aquí habría un punto de acuerdo con los empresarios, pero la cuestión será en qué punto ubicar el porcentaje de aumento para 2011.
 
Asimismo, la CGT expresará un pedido por mejores condiciones laborales en sectores específicos y mayores inversiones.
 
 
 
El Pacto Social de 1974, por ejemplo, impulsado por el entonces ministro Ber Gelbard, bajó la inflación a la mitad, pero en forma tan voluntarista que generó las condiciones para el estallido del Rodrigazo en 1975, que multiplicó por seis la inflación del año anterior. 

Las condiciones hoy son diferentes y no justifican invocar esos fantasmas, pero del aprendizaje surge que: 

a) en primer lugar, la responsabilidad dominante es del Gobierno, particularmente en la política fiscal y monetaria, que necesita ser congruente con los objetivos buscados; 

b) en segundo lugar, para no incurrir en un
juego corporativo, por encima de las instituciones, conviene apuntar a un pacto por la competitividad.

Los aprestos para un eventual pacto no pueden dejar de lado el
hecho que, en los últimos tres años, mientras la productividad laboral en la industria creció a 3,7% anual, los salarios en dólares lo hicieron a un ritmo de 17% anual, es decir, 13,3 puntos porcentuales/año por encima. 

Comparado con Brasil, un país que revaluó su moneda en el período, los salarios en dólares de Argentina aumentaron 4,5 puntos porcentuales más cada año (17% vs. 12,5%). Para 2011, puede estimarse que en Brasil las remuneraciones en la industria habrán de subir un 5% en dólares. 

Si la Argentina no respeta esa restricción, habrá riesgos para la competitividad y el empleo local. No debe ignorarse que Brasil mantiene un superávit comercial de más de US$ 4.000 millones/año con la Argentina y que, en el plano local, la creación de empleos industriales está estancada desde 2007.

Si bien “Pacto Social” luce más completo y “políticamente correcto” que “Pacto por la competitividad”, en realidad, hay una serie de objetivos de la política social, el Plan Hijos, entre ellos, que ya están en marcha y cuentan con financiamiento presupuestario. En todo caso, corresponde al Congreso perfeccionar estos instrumentos. A su vez, en el mediano y largo plazo, se sabe que la mejor política social pasa por la creación sostenida de empleos de calidad.

En una economía cerrada, las empresas y los sindicatos pueden convivir con una inflación del 25% anual. Es un problema, pero no les impide subsistir. 

Pero en una economía abierta, ese 25% puede ser un costo que saca de mercados productos o empresas, si es que el tipo de cambio no acompaña a la inflación. Y este es el caso actualmente de nuestro país, por la afluencia de capitales y por la abundancia de dólares comerciales que genera el elevado precio de las materias primas. Cuando los costos de las industrias se enfrentan al cepo cambiario, el ajuste se desplaza a la inversión y/o el empleo.

La agenda, por lo tanto, requiere desactivar la espiral de precios y salarios que dinamita la “política social de largo plazo”. Pero, además de buscar la estabilidad, un pacto por la competitividad obliga a funcionarios, empresarios y sindicalistas a prestar atención y buscar referencias acerca de lo que se está haciendo más allá de nuestras fronteras. 

Por año, en el mundo, se crea un número limitado de nuevos empleos de calidad y deberíamos apuntar a un aumento de la porción de esa torta a favor de la Argentina. Y eso se logra diferenciando positivamente al país en cuanto a su productividad y costos, su logística, su política tributaria, la calidad de sus recursos humanos, el financiamiento de largo plazo, etc.

Más arriba se señaló que, para
no perder competitividad con Brasil, el límite a la suba de costos laborales en dólares para 2011 es de cinco por ciento /año. Con los guarismos que hoy se manejan, alguna variable
está destinada a quedar fuera de
escuadra.

Si los salarios subieran un 25% en pesos y el tipo de cambio quedara estable en torno a cuatro 
pesos, entonces habría un deterioro de competitividad industrial de 20 puntos porcentuales.

Para no perder competitividad, la suba salarial del 25 por ciento podría ser acompañada por una devaluación hasta ubicar el dólar en $ 4,80. Habría que ver si esto es factible pero, en ese caso, se estaría condenando al resto de la sociedad a un nuevo y violento salto inflacionario.

Y si le proponemos a los trabajadores de la industria que, por puro patriotismo, acepten una actualización de sólo cinco por ciento para 2011, no sólo serían el pato de la boda, sino que se estaría desalentando a los jóvenes a aprender ciencia y técnica vinculada con la manufactura, por el deterioro real de las remuneraciones del sector. El que tiene las llaves para salir de este laberinto es el Gobierno.

Para que la inflación se frene en 2011 y, de ese modo, pueda desactivarse la espiral de precios y salarios, la clave está en la política fiscal y monetaria. En 2010, el gasto público sube un 33 por ciento interanual, bastante más que la variación registrada en 2009, un año recesivo en el que el empuje fiscal se justificaba.

Asimismo, la política monetaria no ha hecho más que convalidar la suba de los precios hacia el andarivel del 25 por ciento anual.

Para que un pacto de competitividad funcione, el Gobierno debería 
comenzar por desistir del impuesto inflacionario que, pese a no ser legislado, ha pasado a colectar nada 
menos que el equivalente a 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

De no avanzarse en esta dirección, quizá 2011 sea un año de transición, para tener que enfrentarnos a problemas más serios en 2012.

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