LAVADO DE DINERO

La UIF bajo sospecha: ¿Rosa Falduto cubría a los Kirchner?

La embajadora estadounidense, Vilma Socorro Martínez, acusó al Gobierno argentino de no colaborar en la lucha contra el lavado de dinero y reportó a Washington sospechas sobre operaciones financieras del matrimonio Kirchner. También consideró que Rosa Falduto (reemplazada por José Sbatella al frente de la Unidad de Investigaciones Financieras) fue patrocinada por María Servini de Cubría y Aníbal Fernández.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En un cable secreto de diciembre de 2009, la embajadora estadounidense Vilma Socorro Martínez afirmó que las autoridades argentinas retuvieron un reporte de operaciones sospechosas que afectaban al "círculo íntimo" de los Kirchner y rechazaron contestar reportes similares sobre el matrimonio presidencial enviados por Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.

La embajadora basó esas afirmaciones en un dato que, según dejó por escrito, le había proporcionado el representante legal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la región.

"Los Kirchner y su círculo tienen mucho que ganar si continúan manteniéndose laxos" los controles antilavado, escribió Martínez.

Y ella advirtió que si "el gobierno argentino se mantiene indiferente a las políticas antilavado, puede ofrecer un atractivo local para los narcotraficantes internacionales y los terroristas; si no se mueve para cerrar estas lagunas y hace un esfuerzo, puede encontrar pronto a su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y fondos del terror".

En otros documentos enviados desde la sede diplomática en Buenos Aires hay referencias críticas al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández (a quien recomiendan "tratar con cautela"), y se hace mención a la inquietud que tuvo el año pasado la secretaria de Estado, Hillary Clinton, sobre una posible escalada bélica en las Malvinas.

Esa inquietud motivó que ella aprovechara su coincidencia con Cristina Fernández en la toma de posesión de José Mujica en Montevideo, Uruguay, para trasladarse, fuera de agenda, a la Argentina, postergando por algunas horas su visita programada a Chile.

El cable sobre lavado de dinero y manejos financieros destroza las políticas antilavado del Gobierno y plantea desconfianza, aunque apuesta a que la designación de Julio Alak, como ministro de Justicia, podía revertir esa idea. (?)

En diciembre de 2009 Alak había hecho declaraciones en las que se comprometía a impulsar medidas antilavado.

En febrero de 2011, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), volverá a evaluar a la Administración argentina.

El cable diplomático reseña que los técnicos antilavado son escépticos sobre las intenciones del gobierno argentino de combatir el blanqueo de dinero y creen que, por el contrario, el lavado de capitales de la evasión fiscal, la corrupción, son un problema. Y añade que las operaciones financieras del narcotráfico son una preocupación creciente.

El cable señala que la Argentina fue examinada por lo realizado durante 2008 y que en ese lapso se aprobó la ley que permitió el blanqueo de capitales del exterior, sin pagar impuestos.

El informe del grupo internacional se basa en lo expresado por el jefe del equipo, Fabio Contini, consejero económico de la embajada de Italia en el país, quien estuvo aquí más de un año y está casado con una argentina.

Expresó Contini -según escribió Martínez- que las medidas antilavado están pensadas para cumplir mínimamente con los estándares internacionales y "no demuestran un real entusiasmo por limpiar el sistema financiero".

Rescata la fortaleza de la legislación, pero dice que la aplicación de la ley es laxa, con inspecciones deficientes.

Y critica a jueces y fiscales porque parecen indiferentes a la hora de impulsar investigaciones sobre este delito. También cuestiona con fuerza al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de quien dijo que frustra los avances en cuestiones de política antilavado.

El cable relata que el ex jefe de la oficina local del grupo de Acción Financiera, Juan Félix Marteau, bien visto por la diplomacia norteamericana, fue reemplazado por influencia de Fernández.

Asumió en su lugar Alejandro Strega, hijo de un abogado laboralista, 'Quique' Strega, cercano al jefe de Gabinete, desde los días cuando Aníbal Fernández era intendente de Quilmes. (Antes, Strega fue subsecretario de Trabajo durante las gestiones de Jorge Triaca y de Rodolfo Díaz en días de Carlos Menem).

Las fuentes citadas por Martínez le sugirieron que el alejamiento de Marteau se debió a su insistencia en investigar los casinos donde tenían intereses hombres cercanos al kirchnerismo.

Al mismo tiempo, dice que “numerosos contactos” de la Embajada, muy críticos con la forma que se combaten estos delitos, evaluaron que la Unidad de Investigativa Financiera (UIF) como “una institución inepta y políticamente comprometida”.

Respecto a su titular, Rosa Falduto, dice que su patrocinio proviene de la jueza Romilda Servini de Cubría, y que su otro benefactor fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

"La UIF es una institución inepta y políticamente comprometida", escribe Martínez, con palabras de su fuente del FMI.

Según ese informante, la embajadora señala que Falduto se mantenía en esa posición porque le resultaba útil a la presidenta Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner.

Y en el párrafo más sensible, escribe que el funcionario del FMI le relató que "Falduto está reteniendo personalmente reportes de transacciones sospechosas sobre el círculo íntimo de los Kirchner y se ha negado a responder a los reportes de operaciones sospechosas sobre los propios Kirchner, procedentes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.

Aníbal Fernández

El 10 de septiembre de 2009, el entonces consejero político de la Embajada, Thomas Kelly, envió el cable 253.1523, sólo apto para perder su carácter secreto en el año 2039. Allí se hace un largo perfil de Aníbal F., que acababa de ser nombrado jefe de Gabinete.

“Al igual que a muchos políticos argentinos, lo persiguen los rumores sobre corrupción”, afirma casi al comienzo el reporte, que enumera sospechas sobre “vínculos con el narcotráfico”, el “monitoreo clandestino de los correos electrónicos de opositores políticos” y “los esfuerzo para conseguir votos ilegalmente en Buenos Aires y Córdoba para las elecciones de junio (de 2009)”.

Kelly admite que mucha de esa información “no tiene suficiente fundamento” ni existe “evidencia contundente” al respecto, pero igualmente cree necesario alertar a Washington.

El cable de la Embajada define a Aníbal F. como el funcionario K “más accesible y “predispuesto a colaborar” con los estadounidenses.

“Con frecuencia nos dice que es el más ‘pro-estadounidense’ del gabinete de Cristina”, explica.
“Más animal político que diplomático, es un constructor de feudos que detesta ceder el control de recursos estratégicos”, lo define.

“Aunque siempre está bien preparado, a veces puede resultar grosero”, afirma Kellly, que revela que Aníbal suele “tomar nota” de las “atractivas traductoras” que acompañan a los funcionarios de USA o puede referirse a “la demanda local de genitales jóvenes” para justificar lo difícil de la lucha contra la explotación sexual.

Kelly cita “reportes de inteligencia” que sugieren que en mayo de 2007, Aníbal “dirigió un equipo de inteligencia privado” para “monitorear clandestinamente los mails de funcionarios nacionales y provinciales, ejecutivos y periodistas sospechados de trabajar contra el Gobierno K”. Entre los afectados, su escrito cita a Ricardo Lorenzetti, Francisco de Narváez, Juan Carlos Blumberg y León Arslanián.

Kelly afirma que “reportes de prensa e inteligencia sin fundamento” sugieren que Aníbal F. “puede estar beneficiándose económicamente del narcotráfico”. Se menciona su supuesta dirección de una red de tráfico de cocaína mientras era alcalde de Quilmes en 1994 y que una fuente en el SEDRONAR asegura que el jefe de Gabinete ordenó parar una investigación por drogas en Salta, cerca de la frontera con Bolivia.

En otro cable posterior, se vuelven a ventilar sospechas sobre los vínculos de Aníbal F. al referirse a la “deslucida” actuación de Alejandro Strega, hombre de su confianza que designó como representante argentino en el GAFI, el organismo internacional de encargado de combatir el lavado de dinero.

Sobre De Vido, un cable firmado por el ex embajador Lino Gutiérrez en 2006, afirma que “ha habido denuncias creíbles” de que “participó en cuestionables contratos públicos de obras federales y provinciales”. Al ministro de Planificación se lo menciona como uno de los funcionarios que más empuja para que el Gobierno “se abrace al proyecto bolivariano de Chávez”. En 2008, Kelly especula con que “el motivo principal de la inclinación de De Vido por Chávez podría ser pecuniario”.

Sin con Aníbal y De Vido hay especulaciones, con Jaime el diagnóstico es contundente. En un cable fechado el 15 de julio de 2009, en el que se analiza el nuevo escenario tras la derrota del Gobierno en las legislativas se da cuenta de que “el Gobierno despidió a su estatista y corrupto secretario de Transporte, Ricardo Jaime”.

El jefe de Gabinete fue el único en reaccionar ante estas revelaciones. Las calificó de “estupidez”.

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