Ahora, el (ladri) progresismo quiere ir por las cajas de seguridad
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Los argentinos, con depósitos abultados en más de 400.000 cofres, deberán comenzar a preguntarse si corren el riesgo de continuar o buscan alternativas ya que el (ladri) progresismo (siempre resentido, siempre culpando a otros por sus frustraciones y nunca haciéndose cargo de su impericia), propone un asalto a la intimidad de las personas.
Las diputadas nacionales Nélida Belous (Proyecto Progresista-Tierra del Fuego) y Alcira Suana Argumedo (Proyecto Sur-Ciudad de Buenos Aires), presentaron un proyecto de ley que propone "dar un marco regulatorio al depósito de bienes que efectúan los particulares en las cajas de seguridad de las entidades bancarias".
Por ello, si su proyecto se convierte en ley, el depositante deberá contemplar que el contrato del depósito en cofres "se verifica cuando una persona, física o jurídica entrega para su guarda una cosa mueble o inmueble a un banco estatal o privado, el que deberá proceder a su cuidado para posteriormente restituirla en idéntica forma".
Si se deposita dinero en efectivo, de cualquier moneda, se deberá manifestar no sólo el total del importe entregado, sino también la descripción de los billetes, especificando la cantidad total y el valor de cada uno.
Esta tarea deberá ser llevada a cabo cada vez que se ingresen o retiren bienes.
El banco, en tanto, deberá controlar todas las modificaciones que efectúe el cliente y tendrá que dejarlas asentadas en un formulario.
Y quedará prohibida cualquier forma de depósito entre un particular y una institución "que no se adecue" a los términos de la normativa.
En caso de que dos o más personas compartan la misma caja, deberán realizarse tantos formularios como depositantes hubiere, y cada uno tendrá que informar cuáles son los bienes de su propiedad.
En el mencionado formulario deberá constar una descripción de dichos bienes que fueron entregados al banco como así también una valuación actualizada de los mismos.
También, el usuario tendrá que justificar el origen de los fondos utilizados para adquirirlos.
Una vez cumplimentados estos requisitos, la entidad deberá responder por la destrucción, desaparición, inutilización total o parcial, o todo daño que pudieran sufrir los bienes.
Asimismo, deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados al usuario.
Lo mismo ocurrirá si el banco sufre un robo en sus instalaciones.
Sólo se eximirá si prueba que se trató de un caso fortuito.
El nuevo sistema de contratación generaría una carga importante para la institución, que deberá llevar un estricto control sobre el contenido de los cofres.
Cada vez que un usuario tenga acceso a una caja de seguridad debería ser celosamente controlado por un empleado del banco, para que éste verifique el contenido efectivo de la caja.
Y no contempla la inexplicable intromisión en la intimidad de los depositantes que supone la imposición de declarar los bienes que se depositan, eliminando el marco de confidencialidad y secreto vigente hasta ahora.
Varios legisladores del Frente para la Victoria y de la centroizquierda han anticipado su interés en impulsar la iniciativa.
