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A su pesar, Cristina recibirá a algunos gobernadores por la coparticipación

Ya lo anticipó Urgente24: bastaba con insistir con el proyecto de nueva distribución de la recaudación producida por el llamado 'impuesto al cheque' para que el Ejecutivo Nacional entrara en emergencia. Por ahora no se prevén definiciones importantes y, en un gravísimo error de los Kirchner, el tema seguirá instalado. El mero debate público de la redistribución del dinero fiscal es una demostración de debilidad política del matrimonio pingüino trasplantado al territorio bonaerense.
28 de marzo de 2010 - 11:10

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El gobierno tomó nota del creciente malestar que existe en las provincias por el deterioro de las cuentas públicas y decidió ampliar la convocatoria para debatir un nuevo reparto de la coparticipación, según el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien precisó que será "la 1ra. de varias reuniones" previstas entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las provincias argentinas.
Aníbal Fernández dijo que la intención es realizar un "análisis común", evaluar "las realidades de cada una de las regiones" y que los gobernadores puedan presentar la situación fiscal en que se encuentran las provincias.
Carlos Abrehu explicó en La Gaceta de San Miguel de Tucumán:
"(...) Si algo detesta el kirchnerismo es ceder recursos que le debiliten su poderío. Menos lo hará si su premisa es preparar el operativo de regreso de Néstor a la Casa Rosada en 2011. El primer desafío a este modo de relación entre la administración federal y las provincias son los proyectos para modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto al Cheque.
La sublevación de algunos senadores peronistas encendió luces de alarma en el oficialismo. La Casa Rosada cuenta con un equipo de soldados leales: Alperovich, Jorge Uribarri (Entre Ríos), José Luis Gioja (San Juan) y Jorge Capitanich (Chaco). Todos ellos sueñan con ser parte de la fórmula presidencial oficialista para 2011.
Sus diputados y senadores levantarán la mano para defender lo que ordene Cristina. En el ámbito doméstico, el radical José Cano consiguió que su crítica al posicionamiento oficial en torno de la Ley del Cheque obligara a Alperovich a salir a la palestra. Se ventiló así una puja que parecía circunscrita al Congreso. (...)".
Esta convocatoria de la jefa del Estado incluye a los gobernadores oficialistas del PJ y a algunos aliados como la fueguina Fabiana Ríos y el santiagueño Gerardo Zamora.
En ese contexto, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, se quejó por no haber sido invitado a la reunión del lunes 29/03 en Olivos entre la presidente Cristina de Kirchner y los mandatarios provinciales y recordó haber pedido "muchísimas reuniones" con las autoridades nacionales.
En diálogo con radio Mitre, Binner señaló que "20 de las 24 provincias reclaman lo mismo, tienen crisis que son debidas a una falta de construcción económica nacional que les permita vivir con dignidad".
"Se produce una concentración cada vez más grande", dijo Binner en alusión a los fondos que quedan en poder de la Nación y no son coparticipados equitativamente a las provincias.
El mandatario sostuvo que "el tema es la gente, hay 30% de la población que tiene problemas para llegar a fin de mes".
Desde Santa Fe, insistió, "hemos pedido muchísimas reuniones, hemos tenido reuniones con la presidente y planteamos nuestras demandas". Pero recordó que ante la falta de soluciones a sus reclamos el gobierno de su provincia "tuvo que acudir a la Corte" Suprema de Justicia nacional.
El malestar de varios gobernadores -incluso de algunos oficialistas- por la situación fiscal complica al gobierno no sólo en el plano ejecutivo, sino también en el Congreso, donde legisladores que responden a esos mandatarios se muestran renuentes al kirchnerismo.
    
La 'punta del iceberg' resultó ser el proyecto para modificar el reparto del Impuesto al Cheque, que beneficia a la Nación sobre las provincias, una iniciativa opositora ante la cual el gobierno reaccionó proponiendo un amplio debate en torno a la coparticipación.
"Cada uno presentará la situación (fiscal) en la que se encuentra", aseguró Aníbal Fernández.
    
Al respecto, recordó que "las provincias le están debiendo a la Nación algo así como $12.300 millones, ligados a todas situaciones anteriores (a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner), que se fueron trasladando en el tiempo para morigerarlas".
     
Voceros del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, indicaron que el mandatario es partidario de avanzar en una modificación "progresiva" de la coparticipación de los impuestos y confía incluso en que sancione una nueva ley "antes de fin de año".
     
El gobernador de Misiones, Maurice Closs, explicó que en las próximas semanas debe hacer frente a un "vencimiento" de su deuda pública.
    
Y que de tener que cumplir con ese desembolso con fondos propios, se verá obligado a "parar toda la obra pública en la provincia, con los costos que eso tiene en términos de empleo y salarios".
Al respecto es muy importante el relato del diario La Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba:
"Luego de apagar el incendio que le había dejado la administración de Eduardo Angeloz, el fallecido Ramón Mestre solía recordar una anécdota de los primeros meses de gestión. Preocupado por los efectos de la emergencia que había dispuesto, que incluyó la cesantía de 20.000 contratados y el recorte de sueldos y jubilaciones, el entonces gobernador acudió ante Domingo Cavallo, entonces poderoso ministro de Economía de Carlos Menem.
-Doctor, tiene que ayudarme. Apenas puedo pagar los sueldos y las jubilaciones; no tengo plata para cancelar la deuda -dijo un atribulado Mestre.
-La deuda no se paga Ramón. Cancele los intereses y refinancie el capital -fue la respuesta que recibió de Cavallo, según el relato que el sorprendido Mestre efectuó ante La Voz del Interior.
El esquema sugerido por el ministro fue usado por la Argentina y las provincias hasta que el país cayó en default en 2001. Desde esa fecha, los mercados permanecieron cerrados para los títulos de deuda.
(...) Córdoba ya se puso en la fila para emitir su propio título de deuda, una vez que el país ponga sus cuentas en orden. También están anotadas Buenos Aires, Santa Fe y Chubut, entre otras, que sumarían una colocación de US$ 2.000 millones.
La Provincia pretende emitir US$ 350 millones, que -según dijo el ministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore-, serán para "obras de infraestructura", aunque los analistas advierten que también se usarán para gastos corrientes.
La clave es que para emitir ese título, Córdoba necesita la garantía de la coparticipación, que la tienen que firmar Cristina Fernández y Boudou, lanzados en una cruzada para no coparticipar la totalidad del impuesto al cheque, según el proyecto opositor que tendría mayoría en el Congreso.
No termina ahí el calvario de las autoridades provinciales. También necesitan de la firma de ambos para acceder al Programa de Asistencia Financiera (PAF) que les permita atender al menos el 70% de los $1.550 millones que Córdoba debe cancelar en 2009. (...)".

Acerca de la disputa por los fondos, escribió Alcadio Oña en el diario Clarín:
"El Gobierno tiene listo un trabajo con el que pretende mostrar la montaña de plata que les gira a las provincias y, a la vez, esterilizar los reclamos por una mejora en el muy desigual reparto de la recaudación del impuesto al cheque. El punto es que esos recursos, que no integran la coparticipación, son manejados al gusto de Olivos, en general bajo el conocido sistema de premios y castigos.
Según surge de un informe del IARAF, un instituto especializado en análisis fiscal, este año alcanzarían una magnitud impresionante. Como mínimo, $36.000 millones ó US$ 9.280 millones, sin contar el Fondo de la Soja. Allí está la famosa caja del poder.
El grueso está constituido por las llamadas transferencias discrecionales, o sea las partidas que van a las provincias para financiar gastos corrientes e inversiones. No se distribuyen parejo entre ellas, y la cartera mayor la administra el ministro de Planificación, Julio De Vido.
En 2009 las llamadas transferencias discrecionales ascendieron a $ 23.480 millones, un 53% más que en 2008, de acuerdo con cifras del IARAF y de la consultora abeceb.com.
Un par de datos revelan el sesgo político implícito en el manejo de estos recursos.
Uno es que el aumento del 53 % se correspondió con un año electoral.
El otro es más de lo mismo: las partidas crecieron vertiginosamente hasta el 28 de junio y luego se desaceleraron con parecida velocidad.
El otro componente fuerte de la caja oficial son los Préstamos de Asistencia Financiera, los PAF, que el Gobierno otorga todos los años a las provincias para que éstas, a su vez, salden intereses de su deuda con la Nación. Este año hay presupuestados $ 12.000 millones, aunque en realidad significan cargar con nueva deuda.
Los PAF tienen ciertas particularidades, y todas implican subordinación de los gobernadores al poder central.
Una es que se trata de deuda garantizada con la coparticipación: si no se paga, la Nación se la cobra de "la copa".
Otra, que también son asignados arbitrariamente -unas provincias reciben más y otras menos- y en cuenta gotas. Ambas parecen razones suficientes como para que Olivos no resigne esta otra fuente clave para sus armados políticos.
Los $ 36.000 millones que seguramente aparecen en la carpeta del Gobierno son una nimiedad, comparados con los poco más de $8.000 millones que la Nación perdería si coparticipa plenamente el impuesto al cheque.
Pero es todo un mensaje que el kirchnerismo más duro diga que no está previsto ceder un solo peso de ese gravamen, porque se desfinanciaría al Estado. La traducción directa es que no habrá más plata para las provincias: al menos, en los términos que pretenden algunos gobernadores.
Hay, pues, una cuestión de dinero. Y según se verá, otra enteramente política.
Si los kirchneristas díscolos posibilitan que en el Congreso la balanza se incline hacia un nuevo régimen de reparto del impuesto al cheque, el Poder Ejecutivo vetará la ley. No es lo que prefiere, porque eso le acarreará costos, pero es lo va a hacer. (...)
Si hasta mantiene retenidos más de $ 8.000 millones de los ATN. Le corresponden por entero a las provincias, pero son empleados para bancar las necesidades financieras del Tesoro Nacional. Como se ve, también entran en la caja de los recursos discrecionales.
No sólo plata hay detrás de la controversia por el reparto del impuesto al cheque. También se dirime la posibilidad de que las provincias recuperen cierta independencia. Es obvio que en Olivos esto ya se sabe. Pero no deja de ser rara la manera en que está planteado el debate, cuando en realidad las provincias y la Ciudad Autónoma son el territorio nacional."

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