El juez Armella ratificó la orden de desalojo y amenaza con sancionar a Garré

No fue así.

Con el antecedente del respaldo otorgado por la Asociación de Magistrados que el 10/03 emitió un comunicado en defensa del cumplimiento de las órdenes judiciales -donde se remarcaba que los poderes públicos deben cumplir las decisiones de los jueces “sin que quepa interpretación alguna por parte de aquellos”, este viernes (11/03) el juez Armella, volvió a ratificar la orden de desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente ubicadas en el predio sito en Villa Soldati y cargó las tintas contra los funcionarios públicos que no vienen llevando a cabo la medida de desalojo dispuesta.

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo -a través de su ministro de Seguridad, Nilda Garré, había presentado un escrito en el Juzgado de Armella, en el que deslindaba su responsabilidad en el cumplimiento del desalojo dispuesto por el magistrado. En la presentación, el Gobierno nacional asegura que el desalojo es competencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Armella había rechazado dicha pretensión obligando a Juan José Mussi, en su condición de presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y a la Policía Metropolitana a coordinar el operativo de desalojo "inmediatamente".

El mismo documento aplicaba "en forma inmediata" una multa de $500 diarios a la secretaria de Seguridad de la Nación, Cristina Caamaño Iglesias Ruiz, "hasta tanto se haga efectivo, íntegro y adecuado cumplimiento" el desalojo ordenado para este jueves (10/03).

Además, se intimaba a los integrantes de la Acumar a trabajar en forma conjunta para evitar "futuros intrusamientos" como el que se dio este último fin de semana y originó la intervención de la Justicia.

"Bajo pena, en caso contrario, de soportar en forma automática una sanción de multa diaria por la suma de $500", se indicó.

Ante la falta de resultados, el Juez Armella vuelve a la carga con la confirmación del desalojo dispuesto y la amenaza de nuevas sanciones pecuniarias de índole personal para los funcionarios que incumplan. ¿Multará a Garré?

Según publica el CIJ, el magistrado resolvió ayer (11/03) lo siguiente:

I.- Se de efectivo cumplimiento a todo lo ordenado en el pronunciamiento de fecha 09-03-2011, el cual se encuentra plenamente vigente e inalterable, ante lo cual, en caso de constatarse la consecución del incumplimiento, se generará la aplicación de nuevas sanciones pecuniarias a todos aquellos Funcionarios que resulten responsables.

II.- Al pedido de levantamiento de la sanción de multa impuesta a la Secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, acreditado que sea el cumplimiento total, efectivo y concreto de la manda judicial se proveerá.

III.- Requerir a la ACUMAR, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Metropolitana a que en forma conjunta e identificando acciones y responsabilidades, informen diariamente las medidas que se vayan adoptando en cumplimiento de la manda judicial.

IV.- Requerir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a través de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), en el perentorio plazo de 24 hs. presente un informe detallando en forma concisa y acabada la cantidad de viviendas efectivamente afectadas al plan de relocalización de Villas y Asentamientos precarios, en el predio sito en la calle Lafuente, Castañares y Portela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificando la cantidad exacta de viviendas y módulos habitacionales; con la documentación respaldatoria al efecto.

V.- Requerir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aporte la información con que cuente respecto a si los ahora ocupantes del complejo habitacional supra indicado y de las villas de emergencia de la zona habían sido o no incluidos entre los beneficiarios del complejo o, en su caso, si se encuentran incluidos en planes de vivienda alternativos.

VI.- Requerir a los Sres. Titulares de los Ministerios de Seguridad de la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación de todas las acciones que garanticen efectivamente el trabajo de los responsables al cumplimiento de la presente manda, a fines de evitar toda situación que entorpezca en cualquier modo el desenvolvimiento normal de las obras referenciadas, haciéndoles saber que el incumplimiento de la presente, en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, los hará incurrir inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabilidad que les correspondiere por mandatos específicos y determinados por el incumplimiento a una orden judicial, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento, que el Suscripto considere adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen.

VII.- Requerir a la Sra. Secretaria General de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dra. Daniela Olivetto, notifique la presente en forma urgente y personal, bajo debida constancia a los representantes ante esa autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), lo cual deberá ser acreditado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.

Antecedentes

Las medidas fueron dispuestas por el juez en el marco de la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, donde ordenara en el año 2008 la puesta en marcha de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.

Las 204 viviendas fueron ocupadas durante el fin de semana largo, generando incidentes con los damnificados. Los ocupantes ilegales habían anticipado que se irán si les otorgan un lugar donde vivir.

Las viviendas están situadas en el barrio Parque Avellaneda, muy cercano al Parque Indoamericano, donde en diciembre pasado se registró la ocupación ilegal de ese predio y del que se determinó recientemente que su ocupación, no constituya delito.