¿Y LA OBRA PÚBLICA?

Gloriagate: Del fideicomiso de Baratta a las empresas que siguen operando

Avanza el Gloriagate: la Justicia descubrió que parte del dinero recolectado por Roberto Baratta de los empresarios implicados en el pago de presuntos sobornos terminó en un fideicomiso millonario que tiene como beneficiaria a su esposa, la monotributista Dalina Bielle. Además, junto con ella y otros allegados poseen unas 15 propiedades. Por otro lado, empieza el debate sobre el rol de las empresas implicadas en el escándalo de los cuadernos y que no sólo mantienen contratos con el Estado sino que además apuntan a participar de los proyectos de Participación Público-Privada.

Siguen las revelaciones en el caso de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta y empieza a cuestionarse el rol de las empresas involucradas pero que a pesar de tener arrepentidos en la causa, mantienen sus contratos de obra pública y apuntan incluso a participar en los proyectos de Participación Público Privada.

Sobre la mano derecha de Julio De Vido, se conoce ahora el destino de parte del dinero que recaudó el ‘valijero’ como presuntos aportes de campaña. La principal beneficiaria de la recolección sería su mujer, la monotributista Dalina Bielle. Pero también hay unas 15 propiedades a nombre de otros allegados al exfuncionario K, entre ellas un terreno en El Calafate, departamentos, lotes en Buenos Aires y en un country de la zona norte del conurbano.

La investigación está en manos de la fiscal Alejandra Mangano y del juez federal Sergio Torres, que a pedido de la funcionaria dispuso la inhibición general de bienes de Baratta, de su mujer y del chofer Oscar Centeno, señalado como su testaferro.

La fiscal pidió y el juez Torres ordenó que la Inspección General de Justicia aportara datos sobre una constructora en la que Baratta figura con participación accionaria. También la esposa de Baratta aparece vinculada a otra sociedad, que supuestamente se dedica a la venta de ropa femenina. Ella es dueña de la marca Dios las Cría, según revela este martes (21/8) el diario La Nación.

Bielle está registrada en la AFIP en la actividad de venta al por menor de prendas y accesorios de vestir. Al mismo tiempo, entre 2003 y 2009, figura como empleada de la Secretaría de Obras Públicas (la que comandaba José López) y luego, del Ministerio de Planificación. Su situación es similar al resto de los acusados a quienes Baratta les consiguió un empleo público.

Además, se investiga el patrimonio de los familiares de Baratta, incluida su madre; de una hija de Bielle; de la hermana de Centeno (con un lote), y de su ex mujer Hilda Horovitz, con un departamento de 55.000 dólares en San Cristóbal. Esta última propiedad, según Centeno, la pagó Baratta.

El fideicomiso de la mujer de Baratta alberga propiedades y terrenos millonarios. La fiduciante es la esposa de Baratta, que a su vez figura como beneficiaria final, pero el fiduciario es una persona allegada a la familia Baratta, que aparece como fronting para esconder al dueño de los bienes, según La Nación.

Por otro lado, empieza a cuestionarse el rol de las empresas contratistas del Estado que mantienen obras en ejecución y que apuntan a participar en los proyectos de Participación Público Privada (PPP).

El economista Guillermo Nielsen opinó que "las empresas cuyos CEO o dueños admitieron el pago de coimas no pueden participar de los procesos de licitación de obra pública. Y ya a partir de este momento, no es necesaria una sentencia firme, porque hay declaraciones de los máximos ejecutivos bajo juramento que admiten haber pagado sobornos. Es suficiente".

"Ahí hay declaraciones de los máximos ejecutivos o dueños sobre haber pagado las coimas. Eso es en sí mismo motivo suficiente para que queden excluidas de la licitación. En los EEUU una empresa en situación similar ya está al horno y le pega a la cotización", subrayó a Infobae el economista.

Por su parte, José Luis Espert afirmó que "es absolutamente improcedente y falto de ética que las empresas involucradas en sobornos continúen participando de licitaciones, aunque se presuma que es una cuestión de directivos y que la empresa no tenga nada que ver".

"Tiene que suspenderse toda la obra pública y barajar y dar de nuevo. Basta de jugar con el dinero de los contribuyentes. Hay que terminar con esa argumentación de la redistribución del ingreso y permitir la malversación de fondos y sobreprecios porque hay que seguir adelante con la obra pública y extender la red de cloacas", concluyó el economista.

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