Garavano, Ferrari y Pont Vergés, unidos más allá de las "rachas"

Sin embargo, Pont Vergés logró sortear duros cuestionamientos del arco oficialista gracias a la sociedad que mantiene con los ministros de Justicia de Nación y Provincia de Buenos Aires, Germán Garavano y Gustavo Ferrari, respectivamente, a través de la ONG Unidos por la Justicia.

“En la última década los socios de Unidos por la Justicia han encabezado numerosos proyectos e iniciativas de reforma de la Justicia Argentina. El ejercicio de diferentes cargos en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la administración pública, agencias de investigación y formación de fuerzas de seguridad, oficinas de acceso a la justicia y de atención a las víctimas, el ejercicio privado de la abogacía y otras organizaciones no gubernamentales, participando no sólo del estudio y diseño de políticas públicas sino también de su implementación, otorga a sus miembros un valor agregado y profundos conocimientos en dichas áreas.

La misión de Unidos por la Justicia es crear un ámbito para el desarrollo profesional y personal de los socios que les permita trabajar para afianzar el estado de derecho, fortalecer el sistema democrático y elevar los niveles de seguridad física y jurídica, tanto en el país como en la región, proponiendo e impulsando los cambios necesarios para que el sistema judicial sea accesible, ágil, eficiente y confiable.

Asimismo se procura generar un espacio para la discusión e intercambio de ideas sobre los cambios necesarios en el sistema judicial, y en definitiva establecer un centro “para la acción”, con un alto nivel de compromiso con los cambios que se proponen para elevar la calidad de vida democrática y hacer valer los derechos de la comunidad en su conjunto", asegura en su página web.

Se trata de una fundación creada por Francisco De Narváez que asesoró al gobierno porteño de Mauricio Macri. Según pudo reconstruir Página/12, en junio de 2010, cobró 150 mil pesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y en los dos primeros años de la gestión PRO tuvo a su cargo la asesoría legal tercerizada del programa Ciudadanía porteña, por la que recibió más de 300 mil pesos. Un informe de la Auditoría de la Ciudad sobre Ciudadanía porteña encontró casos de discriminación y de franca inacción ante denuncias de violencia contra la mujer: a algunas mujeres golpeadas, incluso, les recomendaron que “convencieran” a su pareja para que les firmaran el convenio alimentario.

Continúa el artículo de Werber Pertot:

La entidad fue fundada en 2003 por De Narváez, que figuraba en esa época como vocal y sigue siendo socio. Su primer presidente fue Gustavo Ferrari, mano derecha del Colorado y actual diputado de Unión Celeste y Blanca. En su directorio actual sigue estando Natalia Gambaro, también diputada de ese espacio y principal asesora de De Narváez en temas de seguridad y justicia. Sin embargo, el factótum que se ocupó de organizar los equipos técnicos es Germán Garavano, actual fiscal general porteño. Garavano provenía de Fores –la ONG judicial que defendió la continuidad de los jueces de la dictadura e impugnó sin suerte a Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay– y recaló en Unidos por la Justicia para construir una asociación civil con aires más juveniles y menos jurásicos. El actual presidente es el juez de instrucción Mariano Scotto, pese a las incompatibilidades que podrían existir, ya que la ONG recibe dinero del Gobierno porteño.

Unidos por los negocios
Macri y De Narváez hicieron su primera experiencia conjunta en 2002, cuando formaron sus equipos técnicos de la Fundación Creer y Crecer. Se distanciaron cuando Macri decidió apuntar a la ciudad, dado que De Narváez quería un perfil nacional para el espacio. Macri se quedó con la fundación y De Narváez, con Grupo Unidos del Sud, que funcionaba en el bunker futurista de Las Cañitas, en Arguibel 2860. La misma dirección tiene en la actualidad Unidos por la Justicia, que fue un desprendimiento de ese think tank. Según fuentes del sector, ya en sus orígenes sus miembros cobraban sueldos más que importantes.

Garavano arribó a esa ONG, a la que también se sumaron jueces contravencionales de la ciudad, como Santiago Otamendi y Gustavo Letner, que siguen estando asociados. Como jefe de los fiscales porteños, Garavano salió a la caza de los que cortan calles y actualmente impulsa la avanzada contra tres jueces del fuero contencioso administrativo que molestan a Macri con sus fallos sobre derechos sociales.

El actual presidente (2010), Mariano Scotto, tiene en el Juzgado de Instrucción 26 una causa que involucra a un alto oficial de la Policía Metropolitana, Carlos Kevorkian, en la muerte de un joven hincha de Huracán. En la ONG convive con un socio, Manuel Izura, que es el representante legal de la Metropolitana. El vicepresidente de la ONG, Martín Nessi, a su vez ocupa el cargo de subdirector de la Agencia de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño. También forma parte del directorio Agustín Gamboa, que es el secretario de Políticas Criminales del Ministerio Público. Gamboa fue el que declaró en la causa de espionaje que tuvo una reunión con Ciro James, a pedido de Jorge “Fino” Palacios.

El único que condenó casi al pasar los dichos de Pont Vergés fue su jefe, el Procurador bonaerense Julio Conte Grand, quien consideró "desafortunados" sus dichos.