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Propuesta: Que los aumentos en las tarifas sean no remunerativos

Urgente24 siempre ha cuestionado los gravámenes aplicados a salarios, a combustibles y a tarifas de servicios públicos. Por lo tanto no puede menos que celebrarse la propuesta de Jorge Colina acerca de cómo acotar la voracidad fiscal de Estados provinciales y municipales. Todo esto conduce a la postergada pero necesaria Reforma Tributaria y Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que interpreten cuál es el Estado posible y cómo se financia. Por ese motivo, todos los aportes al debate son bienvenidos:

Desde la recuperación de la crisis de 2002 hasta el año 2015, hubo dos fenómenos aparentemente ajenos, pero que en los hechos quedaron vinculados.

Uno fue el atraso tarifario. La anterior gestión se rehusó a ajustar las tarifas de los servicio públicos (luz, gas, agua y transporte) con lo cual la población pagaba precios artificialmente bajos. Esto trajo aparejado crecimiento del déficit fiscal (por los subsidios que el Tesoro tuvo que pagar), desinversión (porque los subsidios no eran suficientes), sobreconsumo (porque los usuarios tenían la falsa percepción de que los servicios públicos no costaban nada) y, cómo eclosión de todo esto, el colapso del sistema: cortes de luz, falta de gas, falta de agua y sistemas de transporte público decrépitos.

En paralelo, el período también estuvo caracterizado por la voracidad fiscal de los Estados provinciales y municipales. Compelidos por el centralismo fiscal del Estado nacional, que en esos tiempos absorbía prácticamente $ 3 de cada $ 4 de recaudación nacional, se volcaron a cobrar crecientemente y de manera muy enrevesada (con oscuros esquemas de percepciones y retenciones) impuestos provinciales (Ingreso Brutos, Sellos, otros) y tasas municipales (tasas de industria y comercio, otros).

Ambos fenómenos –retraso tarifario y voracidad fiscal provincial y municipal– se unieron cuando las provincias y los municipios se dieron cuenta que podían “subirse” a cobrar impuestos porcentuales sobre las tarifas de servicios públicos, ya que estaban atrasadas y a la gente le costaba relativamente poco pagarlas.

Así fue como se aumentó la presión de Ingresos Brutos provinciales, las tasas municipales y en ocasiones se crearon otras imposiciones especiales a aplicarse sobre las tarifas retrasadas. El problema emerge ahora con el sinceramiento tarifario. Cuando la tarifa aumenta para tender a cubrir la totalidad de lo que cuesta producir el servicio público, estos impuestos provinciales y municipales, que son porcentuales, potencian el aumento de la tarifa.

La solución es simple: hay que establecer que los próximos aumentos de tarifas queden exentos de todos los impuestos y tasas provinciales y municipales. Se trata de un mecanismo análogo al que se usa en materia salarial con los componentes no remunerativos para alivianar el peso de las cargas sociales sobre los aumentos de salario.

En la misma lógica, esta herramienta alivianaría el peso de los impuestos sobre el sinceramiento tarifario, sin que implique reducción de la actual recaudación tributaria de las provincias y los municipios. Se trata simplemente de avanzar en el sinceramiento tarifario manteniendo la actual recaudación provincial y municipal.

No es una solución óptima pero ayuda a mejorar la situación achicando la brecha entre el esfuerzo que hacen las familias y las empresas para pagar los servicios públicos y lo que reciben las empresas proveedoras por producir el servicio.

Lo que seguro no se debe hacer es lo que propone la oposición: retrotraer la situación a diciembre del año pasado y divorciar los ajustes tarifarios (vía ajustes por salario u otros) de los verdaderos costos de producir el servicios público. Esto no resuelve el problema tarifario y, además, lo agrava porque lo que se está viendo en la actualidad es que todo retraso tarifario tiene altos costos sociales, primero por la escasez y mala calidad de servicio, y luego por los inevitables “tarifazos” que hay enfrentar para la normalizar la situación.

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