ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Debería estar en Presidencia pero los políticos son menos creíbles que los jueces

Constitucionalista Gregorio Badeni acerca de la ubicación, en el organigrama del Estado, de la oficina de escuchas telefónicas: "Por razones operativas el organismo del cual depende la concreción de las intervenciones telefónicas dispuestas por los jueces o funcionarios ejecutivos, debería estar a cargo de una dependencia de la Presidencia de la República. Sin embargo, si somos pragmáticos y nos guiamos por un enfoque empírico, es conveniente que la dependencia se instrumente frente al Poder Judicial, ya sea en la Corte Suprema de Justicia o en un organismo dependiente de ella."

En los últimos meses se suscitó un debate sobre qué organismo debe tener a su cargo las escuchas telefónicas y la guarda de sus contenidos.

Ese intercambio de opiniones obedeció a la filtración pública de una serie de conversaciones privadas por vía telefónica cuya publicidad en modo alguno se puede justificar, a menos que fuera dispuesta por autoridad competente.

Tradicionalmente, ese organismo dependió del Poder Ejecutivo Nacional con cargo ineludible, para sus integrantes, de no revelar el contenido de las conversaciones telefónicas y de hacerlo conocer únicamente a la autoridad competente y habilitada para requerir la información pertinente.

Conforme al art. 18 de la Constitución Nacional, es inviolable la correspondencia epistolar y los papeles privados. No se trata de una garantía absoluta como lo es la prohibición de la censura previa (art. 14 C.N.) sino relativa. La propia Ley Fundamental establece que una ley especial determinará en qué casos y con qué justificativos cesa esa inviolabilidad también aplicable al domicilio de las personas. La aplicación de la cláusula constitucional con un criterio dinámico y realista fue extendida tanto a las conversaciones telefónicas como a las que se concretan a través de Internet. La violación de la inviolabilidad, en todos estos supuestos, constituye un delito penalizado por el Código Penal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles indemnizatorias que puede acarrear.

El órgano oportunamente seleccionado por el Poder Ejecutivo fue aquel que tenía a su cargo preservar la seguridad nacional suministrando los datos resultantes de las intervenciones telefónicas.

Pero es importante resaltar que, como regla general, las intervenciones telefónicas debían ser ordenadas por un juez para completar la indagación de los hechos debatidos en una causa, no necesariamente de natruraleza penal. Sin orden judicial, la intervención resultaba inviable constituyendo una violación de la intimidad y privacidad tutelada por la ley. Así, y al margen de la investigación de delitos complejos donde la intervención era dispuesta de oficio por el juez, muchas veces era dispuesta a pedido de un particular que pretendía salvaguardar sus derechos. Llamadas telefónicas conteniendo amenazas o produciendo molestias al titular de una línea telefónica, determinaban con frecuencia los pedidos de intervención.

Además de los jueces, y en forma excepcional, la intervención también podía ser dispuesta por el Poder Ejecutivo en defensa de los intereses superiores de la Nación y respondiendo a un propósito genérico de "espionaje" de las actividades antiargentinas..

Sin embargo se pudo constatar, particularmente en el curso de las últimas décadas, que dichas intervenciones eran dispuestas por funcionarios de segundo nivel o por quienes estaban autorizados a disponerlas pero incurriendo en una desviación de poder. El espionaje político, el espionaje de la vida privada o íntima de políticos o empresarios, se tornaron cada vez más frecuentes, totalmente desconectadas de los motivos constitucionales y legales que las autorizaban. Para colmo esa difusión se extendió a las grabaciones resultantes de las intervenciones ordenadas por los jueces. No eran los jueces los difusores sino los personajes que tenían a su cargo la intervención o alguna participación secundaria en ellas.

Fue así, por ejemplo, que el público tuvo acceso a grabaciones privadas o al intercambio de opiniones entre figuras públicas, sin que existiera justificativo ni orden lícita que permitiera su difusión. Ejemplo notorio de esta irregularidad fue la difusión que tuvieron las conversaciones que mantuvo la ex presidente de la República, Cristina Kirchner, con individuos.

Si bien la difusión mereció la aceptación de algunos sectores sociales por permitirles conocer el deficiente grado cultural que tiene la ex Presidente, así como también la obsecuencia de algunos de sus colaboradores, quien realizó la desviación de las grabaciones autorizadas o concretó las intervenciones sin la correspondiente autorización, incurrió en un hecho delictivo.

En otras palabras, los funcionarios que, por disposición del órgano ejecutivo o de los jueces, acceden a esa información no pueden difundirla. Carga similar a la que pesa sobre los funcionarios de la AFIP respecto del secreto fiscal que tutela a los contribuyentes. Pero los particulares, y con mayor razón los periodistas, que acceden a esa información que les suministran quienes violan su obligación funcional, pueden difundirla si ella reviste interés público o institucional.

Es la doctrina imperante en los Estados Unidos y que fue adoptada por nuestra Corte Suprema en el caso "Bonelli". Una cosa es obtener y difundir la información ilícitamente y otra difundir esa información sin tener obligación de guardar el secreto de ella. En el primer supuesto existe un delito; en el segundo hay una hipótesis del ejercicio de la libertad de expresión que no está ni puede ser penalizada.

Esa desviación de la información por obra de funcionarios gubernamentales o empleados judiciales, precipitó la necesidad de fijar criterios más precisos y eficaces para evitar la publicidad de aquella información obtenida lícitamente de las intervenciones telefónicas.

Una de las soluciones propuestas reside en crear un organismo específico en el ámbito del Poder Ejecutivo, ajeno a toda tarea de "espionaje" interno o externo. Al depender del Poder Ejecutivo, ese organismo estaría dotado de la técnica novedosa y necesaria para cumplir su cometido, con cargo de informar periódicamente qué funcionarios gubernamentales y qué jueces les requirieron las intervenciones, dando a conocer los fundamentos de las peticiones para verificar su razonabilidad.

Sin embargo, la desconfianza que recae sobre los funcionarios gubernamentales vinculados con la seguridad y el "espionaje", propicia otra solución.

Consiste en poner a cargo del Poder Judicial, y concretamente en su jefatura que recae sobre la Corte Suprema de Justicia, la tarea de disponer la autorización de las intervenciones y velar por la reserva de sus contenidos.

Si bien está considerablemente deteriorada la credibilidad que merecen los jueces ante los ciudadanos (disfruta de un 9% de aceptación), ella está por encima de la que genera la clase política en orden al estricto cumplimiento de las mandas que les son encomendadas.

Es cierto que el desempeño de esta función, esté a cargo de la Corte Suprema o de un organismo especial que dependa de ella, conlleva el riesgo de incrementar la politización del Poder Judicial. Riesgo que se podrá reducir considerablemente el día que el gobierno y la clase política resuelvan introducir ciertas reformas indispensables en el Poder Judicial, comenzando con esa nefasta institución insertada por el pacto de Raúl Alfonsín con Carlos Menem en la reforma constitucional de 1994, que es el Consejo de la Magistratura; la actualización de la ley que regula la actividad de los jueces desde 1958; el control de la eficiencia judicial así como también de la ética en la conducta pública y privada de los jueces. Son presupuestos cuyo cumplimiento acertado seguramente revertirá la imagen y el prestigio de los jueces ante los ciudadanos.

En otras palabras, por razones operativas el organismo del cual depende la concreción de las intervenciones telefónicas dispuestas por los jueces o funcionarios ejecutivos, debería estar a cargo de una dependencia de la Presidencia de la República. Sin embargo, si somos pragmáticos y nos guiamos por un enfoque empírico, es conveniente que la dependencia se instrumente frente al Poder Judicial, ya sea en la Corte Suprema de Justicia o en un organismo dependiente de ella.

Ambas soluciones son constitucionalmente viables. Optar por una u otra depende del grado de eficacia y seguridad que tengan quienes, en definitiva, serán los encargados de ejecutar y fiscalizar la delicada tarea de limitar, conforme a la ley, una garantía expresamente impuesta por la Constitución.

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