PARITARIAS

Larreta cerró 12% con los estatales porteños

La Ciudad negoció una paritaria por debajo de las metas inflacionarias del Banco Central. No habrá cláusula gatillo. Además, entrará en vigencia un nuevo protocolo en caso de toma de colegios.

 
Finalmente, el jefe de Gobienbo Horacio Rodríguez Larreta cerró una paritaria de 12% sin cláusula gatillo con el SUTECBA (según lo informó el sitio La Política Online) y la representación local de UPCN. El acuerdo se aplicará a los empleados del escalafón general y las plantas transitorias durante 2018.
 
Mientras María Eugenia Vidal intenta negociar con los docentes un aumento del 15% Larreta consiguió un número inferior. En abril la Ciudad pagará el 8% de incremento y 4% restante llegará en agosto. 
 
Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere evitar la situación que se presentó el año pasado cuando hubo 29 colegios tomados en rechazo al sistema de "prácticas educativas" que traía aparejado la reforma que se había anunciado. A través de una resolución, se implementó a partir de este año un protocolo que regulará el accionar de los rectores y delegará la responsabilidad del cuidado de los chicos en los padres.
 
Cuando haya una toma, los directores deberán citar a los padres para que retiren a sus hijos de las instituciones. En los casos en que la familia esté de acuerdo con la ocupación, se harán cargo de los gastos que se desprendan por daños en los establecimientos.
 
En 1er lugar, las autoridades deberán dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME. Luego deberán tomar fotografías del antes y el después de las tomas para dejar constancia de posibles actos de vandalismo. Después será la Procuración General quien determinará las multas.
 
"Seguimos trabajando sobre lo que pasó en 2017. Para nosotros no puede quedar en la nada y naturalizado que cuando los chicos no están de acuerdo con una política puedan tomar una escuela. Lo que está atrás de la resolución es que las acciones tengan consecuencias y no se vulnere el derecho a la educación de los otros", dijo Soledad Acuña, ministra de Educación porteña.
 
En 2016 la jueza Elena Liberatori determinó que las tomas de colegio no constituían un delito y dejó sin efecto un protocolo que determinaba qué posición debía tomar un directivo en esos casos. "Para los jueces el derecho a la protesta está por encima del derecho a la educación. Los directivos se quedaban sin poder actuar. No sabían qué hacer cuando había una toma", señaló Acuña.
 
El nuevo protocolo presenta una diferencia importante con el anterior: la responsabilidad del cuidado de los chicos cuando no haya adultos en la escuela deja de ser responsabilidad del rector.
 
Pasa a ser de los padres. Cuando haya toma, quedarán sin vigencia las autorizaciones que se emiten a principio de año para que los chicos se puedan retirar por su cuenta de la institución.
Ante el llamado de las autoridades por una ocupación, los padres deberán pasarlos a buscar o bien autorizar la toma con las posibles multas que ello conllevará. La decisión constará en un acta que cuando se presente un caso de vandalismo llegará a la Procuración General -previo paso por el Ministerio de Educación de la Ciudad- que dispondrá multas económicas de acuerdo a los daños.
 
Un dato curioso es que en las últimas tomas de 2017 no hubo tantas denuncias de vandalismo, pero sí en la de los años anteriores. Los chicos mayores de edad, por haber repetido algún año, quedan afuera del protocolo, aunque, según Acuña, las tomas en general las hacen los chicos de 1ro y 2do año.
 
El nuevo protocolo solo se aplicará a alumnos menores de colegios estatales.
 
Acuña citó el antecedente de un caso de amenaza de bomba en una escuela que fue denunciado en la justicia y cuyos responsables fueron multados.
"Confiamos en que el Poder Judicial se pondrá los pantalones largos y no se dedique a hacer oposición política", consideró.
 
"Hasta ahora se privilegió el derecho de protesta por sobre los de educación y trabajo, y se perdió el sentido de la responsabilidad inherente a las acciones coercitivas", dijo Acuña. Y agregó que esta medida busca volver a instalar que "las acciones tienen consecuencias".
 
"Son muchos los padres y alumnos que quieren que se dicten clases y pocos los que alientan las tomas", sostuvo.
 

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