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Reforma impositiva: Anticipos e interna, en un reñido contexto preelectoral

El proyecto que prepara el Gobierno del cual se niegan a hablar antes de presentarlo al Congreso, lo cual se hará este año, comienza ya a mostrar algunos anticipos de cara a las elecciones de octubre. Es el caso de la eliminación del impuesto al cheque o el cambio sobre ingresos brutos, que le servirían a Mauricio Macri en el reñido contexto electoral. En este marco, explotó una interna política de la cual corren versiones periodísticas.

 
 
Según dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, esta semana, ante la cúpula directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), la reforma impositiva del gobierno será "gradual" y "no de shock", pero no les quiso revelar más detalles del proyecto que será enviado al Congreso luego de las elecciones legislativas de octubre.
 
El presidente de la entidad, Miguel Acevedo, contó que los empresarios "hemos tratado de sacarle algo" sobre la reforma impositiva "y nos ha dicho que será gradual pero no nos ha adelantado nada porque lo va a hablar primero con el Congreso" y "que después esperaba nuestro respaldo si estábamos de acuerdo".
 
Sin embargo, se ha publicado ya sobre varios cambios, algunos de los cuales llegarían incluso antes de las elecciones de octubre, como lo sería el fin del impuesto al cheque.
 
'Ambito Financiero' dice, por caso, que en 2018, comenzaría a regir la alternativa al ajuste por inflación: 
 
"El Gobierno quiere que comience en 2018 un único capítulo de la reforma tributaria que, de aprobarse en el Congreso, comenzaría a regir en 2019. Se trata del mecanismo que tiene en mente el Ministerio de Hacienda para reemplazar el mecanismo de ajuste por inflación. Este sistema de revalúo de activos según el alza de los precios y la depreciación de los bienes está suspendido por ley desde 1992 con la aplicación de la ley de convertibilidad y los sectores privados presionan desde la salida del "uno a uno" para que los diferentes Ejecutivos lo vuelvan a aprobar. La idea del Gobierno es que en el texto del Presupuesto para 2018 que el Gobierno presentará en sociedad en septiembre, se incluya una nueva fórmula, basada en un "revalúo optativo" de determinados bienes de empresas afectados por la inflación. La aplicación del nuevo esquema impactaría entre el 5% y 10% del valor del bien y debería aplicar los reclamos de los privados. Al menos hasta que se discuta un cambio de fondo en la nueva ley de reforma tributaria que se aplicaría desde 2019, las empresas tendrían un primer (y quizá único) alivio al aumento de los valores de sus activos por el alza de los precios y no por la mejora en las rentabilidades de sus empresas. 
 
Por otro lado, una eventual inclusión del ajuste por inflación, liso y llano, sólo se analizaría para ser sumado al proyecto final, ya que la estrategia oficial para la macroeconomía en general; incluye la convicción de que el alza de los precios ya estará controlada y no afectaría la recaudación. El Gobierno espera que para el próximo año el alza de los precios sea de aproximadamente 10% y de un dígito en 2019". 
 
Por su parte, el diario 'Clarín' anticipa que "el impuesto a los combustibles iría atado al precio del barril". Martín Bidegaray afirma que: "Aunque buena parte de la reforma impositiva que prepara el Gobierno es un misterio, en el sector de los combustibles ya saben lo que pidieron. Buscan una modificación en el impuesto a la transferencia a los combustibles (ITC), que grava alrededor del 24% del precio en la nafta súper y cerca de 25% en la "premium".
 
La idea es que ese tributo no sea fijo, como sucede ahora, sino que pase a ser variable, atado a la cotización del barril de petróleo crudo.
 
El petróleo es el principal insumo de las refinadoras para elaborar combustibles. Desde el año próximo, el Gobierno desistirá de tener injerencia en ese mercado -ahora actúa como una suerte de veedor entre distintas partes-, con el objetivo de que sea un mercado libre, con mayor competencia.
 
En ese sentido, los precios "libres" dependerán de a cuánto podrá comprar las refinadoras los barriles de petróleo. (...)
 
En el Ministerio de Energía le pidieron a Hacienda que el ITC sea variable y actúe como amortiguador. Esto quiere decir que el impuesto suba cuando el precio del petróleo crudo baja, mientras que el tributo descienda cuando el crudo registra un alza.
 
La idea es un sistema de "bandas" para el ITC. De esa forma, el impuesto sería por un porcentaje variable y ajustable, al menos en el escenario que estiman las petroleras."
 
El mismo medio publicó este fin de semana también que Hugo Moyano esconde detrás de la figura de su hijo Pablo el rechazo a la reforma fiscal de Dujovne, que tocaría la bendita caja: Se habla de "un recorte de dos puntos sobre los aportes patronales para las obras sociales". "A los gremios les podés tocar cualquier cosa, menos la caja", afirmó. 
 
En tanto hoy tanto el sitio 'iProfesional' como otros, publicaron que "Macri quiere anunciar el fin del Impuesto al Cheque antes de las elecciones como anticipo de la reforma tributaria".
 
"No lo eliminará totalmente pero permitirá tomarlo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, en el caso de los autónomos. A los monotributistas se lo devolverá la AFIP", afirma en la volanta de la nota que sostiene:
 
"El presidente Mauricio Macri analizó el lunes con funcionarios del área económica los avances en el proyecto de reforma tributaria y analizan darle un fin al Impuesto al Cheque antes de las elecciones, como un anticipo a lo que se vendrá en temas impositivos después de octubre.
 
El tributo a los "débitos y créditos bancarios", no dejará de existir realmente, sino que podrá ser tomado como pago a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, en el caso de los trabajadores autónomos, tal como lo había presentado su creador Domingo Cavallo en abril de 2001.
 
En caso de ser monotributista, que no esté alcanzado por ese gravamen o su pago exceda las liquidaciones mensuales de esa persona o empresa, el pago será devuelto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
 
Se trata de un tributo considerado por algunos observadores como uno de los más distorsivos que tiene la Argentina y una de las principales fuentes de recaudación que tiene el Gobierno después del IVA y Ganancias.
 
Además es coparticipado, lo que lo convirtió en casi intocable en los últimos años.
 
Así es que al Gobierno no le será fácil encontrarle un reemplazo para que no impacte en los ingresos estatales".
 
'Ambito Financiero' también se hace eco de este punto, aunque agrega otro dato sobre ingresos brutos: "La reforma impositiva que tiene en mente el gobierno y se conocerá en sociedad después de las elecciones de octubre, tiene en la mira terminar con el impuesto al cheque y, al menos en parte, con ingresos brutos. En el caso del tributo a los "débitos y créditos bancarios", no dejará de existir pero podrá ser tomado a cuenta de Ganancias o será devuelto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el caso, como los monotributistas, que no estén alcanzados por ese tributo o su pago exceda las liquidaciones mensuales de esa persona o empresa. Para ingresos brutos el gobierno tiene pensado un "Plan Canje": parte de lo que las provincias perderán de recaudar por el posible fin del impuesto, será retribuido por la nación con el cumplimiento liso y llano del fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a la Nación a aumentar en un 15% las transferencias por coparticipación. En ambos casos los cambios serán graduales y aplicados en diferentes etapas en cinco ejercicios fiscales que comenzarán en enero de 2019 y terminarán en diciembre de 2013. 
 
Terminar con la presión del impuesto al cheque fue una de las muchas promesas de campaña de Mauricio Macri, que quiere tener el anuncio definido, en lo posible, antes de las elecciones de octubre de este año y como adelanto de la reforma impositiva que se viene. Como se trata de eliminar, de alguna manera, el tributo más odiado y distorsivo del sistema tributario, se descarta que algún que otro voto extra aportará. En términos de ingresos, no será fácil encontrarle un reemplazo al dinero que el sector público obtiene cada mes por este tributo (...)".
 
En este marco, estalló un interna en la AFIP que se vio reflejada por la salida del responsable de informática del ente recaudador luego de que se filtrara información sobre familiares de funcionarios de primera línea del Gobierno nacional que participaron del blanqueo de capitales. 
 
En la AFIP dicen que esa información estaba enlistada y que también se suponía que estaba resguardada bajo secreto fiscal, lo que justificó el enojo inmediato que bajó desde la Rosada apenas aparecieron nombres como el de Marcelo Mindlin y hasta de un familiar del secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas. 
 
Se trata del subdirector general de la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones, Jorge Enrique Linskens: "(...) el funcionario desplazado pagó el costo de la difusión pública de los nombres del hermano del Presidente, Gianfranco Macri; de su amigo, el constructor Nicolás Caputo; del primo del jefe de Gabinete de ministros, Alejandro Peña Braun; allegados y empresarios de primera línea con los respectivos montos exteriorizados hasta el 31 de marzo. Pero de fondo, existe otra pulseada simultánea por el destino de la empresa telepostal OCA, que enfrenta a Abad con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien puja por mantenerla a flote y así poder negociar con el líder camionero Hugo Moyano", cuenta 'Ambito Financiero'. 
 
Sucede que en un sector de la Rosada lo interpretaron como un "mensaje" vinculado a pulseada con Jefatura de Gabinete por una deuda de una empresa, clave para negociar con el moyanismo.
 
"La semana pasada no hubo acuerdo entre los pedidos del secretario de Coordinación Interministerial para que el ente recaudador no avance sobre la deuda que registra la empresa telepostal por casi $4.000 millones. Para el fisco no hay posibilidad de hacer ingresar a la firma en el marco del artículo 32 de la Ley 11.683 para un plan excepcional de moratoria como los que obtuvieron cientos de empresas durante la gestión de Ricardo Echegaray. Abad no otorgó ninguno desde que desembarcó en la gestión Cambiemos y remitió una disposición interna por la cual ordenó que no se tramitaran más. El pedido de Quintana sobre la empresa de distribución más grande del país con 7 mil empleados tuvo respuesta negativa. Más allá de la vigencia, la empresa es una carta de negociación que el Gobierno pretende utilizar con Moyano para mantener buena relación con el sindicalismo y evitar fricciones innecesarias. Al líder camionero le atribuyen estar por detrás de Patricio Farcuh, formal cabeza de OCA. 
 
Desde el Gobierno vieron crecer la interna: con una disposición, Abad podría volver a reinstaurar la aplicación del mentado artículo 32 para una ley que, en la letra, se encuentra vigente. En los pasillos de la AFIP niegan que este escenario sea una opción que no traiga reminiscencias a su antecesor durante la era K. En este contexto, la filtración adquirió otro cariz que excedió la sensibilidad del secreto fiscal. Entendieron un mensaje por detrás de los nombres que fueron publicados y dieron por sentado que la lista es más extensa y que las revelaciones podrían tener más capítulos. También descreyeron de la meteórica investigación interna que derivó en la renuncia formal de Linskens, 12 horas después de que trascendieran periodísticamente los datos reservados. El funcionario desplazado es planta permanente de AFIP. No renuncia sino que será reciclado en otro sector. No es la primera vez que la AFIP queda bajo la mira por la difusión de datos bajo secreto fiscal de personalidades. Dos denuncias penales se dilataron en los tribunales federales que expusieron bandos internos antagónicos que se acusaban entre sí", contó ese matutino.
 
De manera similar, 'Perfil' reveló las "versiones extraoficiales":
 
"Según informes de al menos dos fuentes no oficiales de AFIP, los cambios estuvieron vinculados a la filtración de información sensible sobre el blanqueo de capitales. Específicamente apuntan a la nota que publicó el fin de semana Página 12 sobre la participación en el régimen de exteriorización de capitales de Gianfranco Macri (hermano del Presidente), Alejandro Peña Braun (primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña) y Nicolás Caputo (amigo cercano de Macri).
 
Otras fuentes también extraoficiales, sin embargo, hablan de otro motivo: vinculan la filtración del fin de semana a un presunto enfrentamiento entre Abad y la primera línea del Gobierno por la negativa de éste a otorgar un refinanciamiento especial bajo el artículo 32 -suspendido por la actual administración de AFIP- para la deuda de OCA, por la que, según esas fuentes, presiona Hugo Moyano a la Casa Rosada".
 
Por su parte, el diario 'Clarín' de manera más directa afirmó que "Una ayuda a Moyano genera internas entre la AFIP y Casa Rosada", luego de que Abad se negara a otorgarle un alivio financiero para OCA previsto en la ley. 
 
Afirma que "la posible extinción de OCA habría despertado una interna dentro del Gobierno. La semana pasada se hablaba por los pasillos de la Casa Rosada de una pelea entre Mario Quintana y el titular de la AFIP, Alberto Abad. Las versiones afirmaban que el vicejefe de Gabinete buscaba evitar la quiebra con un plan de pagos "a medida" de la empresa para evitar la quiebra y la pérdida de 7.000 empleos, algo que Abad rechazó. En el ente recaudador negaron a Clarín que esa discusión haya existido y en jefatura de Gabinete respaldaron la decisión del jefe del fisco, incluso a sabiendas de que la determinación complicaría aún más la desgastada relación entre el Gobierno y Hugo Moyano que maneja a la empresa de correo privado desde las sombras.
 
A poco de asumir, Abad emitió una disposición para evitar el uso del plan excepcional de pagos, previsto en el articulo 32 de la ley de procedimiento fiscal. "El famoso artículo 32 era una discrecionalidad que tenía el administrador federal para dar planes de 150 cuotas a tasas muy bajas. Hubo un caso famoso, el caso Ciccone", dijo Abad al anunciar el mes pasado, cuando la AFIP lanzó el "Plan Puente" de facilidades para los morosos del IVA, aportes y monotributistas.
 
Sin embargo, ni la ley de procedimiento fiscal ni el artículo fueron derogados. Y en AFIP afirman que "No se va a utilizar el articulo 32 con OCA ni con ninguna empresa". Asimismo, este diario pudo saber que en el ente recaudador planea redactar un texto que reemplazará a la ley 11.683 y que se presentará como proyecto de ley en el Congreso. La nueva norma buscará limitar el alcance del polémico artículo.
 
Pese a los entredichos que habrían existido entre Quintana y Abad, en Jefatura de Gabinete respaldaron al jefe del ente recaudador. "Con OCA no habrá ningún tratamiento diferencial", dijeron en la Rosada a Clarín".