CAUSA HOTESUR

La Justicia ordenó intervenir Alto Calafate, el hotel de Cristina

El juez federal Julián Ercolini ordenó la intervención judicial del hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina Fernández, en el marco de la causa Hotesur SA. La medida se implementará a través de una veeduría a cargo de un equipo especializado de la AFIP, y alcanza también a Valle Mitre -propiedad Lázaro Báez y gerenciadora del Alto hasta julio de 2013- e Idea SA, de Osvaldo Sanfelice, actual administrador del complejo turístico. También se decidió aplicar una inhibición general de bienes de todas esas empresas.

El juez federal Julián Ercolini ordenó este viernes (30/06) la intervención judicial del hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina Fernández, en el marco de la causa Hotesur SA. La medida, que se implementará a través de una veeduría a cargo de un equipo especializado de la AFIP, se decidió tras el pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes solicitaron no sólo la intervención de Hotesur -la firma familiar dueña del hotel- sino también de Valle Mitre propiedad Lázaro Báez y gerenciadora del Alto hasta julio de 2013; e Idea SA, de Osvaldo Sanfelice, actual administrador del complejo turístico. También se decidió aplicar una inhibición general de bienes de todas esas empresas.

En el fallo, el magistrado dispuso designar veedores informantes, decretó la inhibición general de bienes y dictó una medida de no innovar para que no haya cambios en la composición accionaria de las empresas controlantes de los emprendimientos turísticos.

"Los veedores informantes deberán dirigir su actuación con la finalidad de procurar la fiscalización de las firmas, determinar el estado de los bienes que poseen las empresas en cuestión, y los pormenores de los negocios y actividades que aquellas realicen, vigilar la conservación del activo y cuidar de los bienes que posean no sufran deterioro o menoscabo, comprobar entradas y gastos y toda irregularidad que adviertan en la administración, para lo cual deberá dar cuenta de sus observaciones mensualmente", precisó Ercolini.

Los interventores también deberán informar "de inmediato" a los fiscales del caso si se verifica la extracción por parte de los socios de dinero como crédito con la sociedad y/o adelantos o retiros de caja chica.

 

En su pedido, Pollicita y Mahiques habían argumentado que Néstor Kirchner y Cristina Fernández fueron los “principales artífices” de una “maniobra por la que se defraudó al Estado nacional”, donde lograron que Lázaro Báez -un “simple monotributista”- se convirtiera en empresario de la construcción con un patrimonio de 2.451 millones de pesos.

“Una vez que las ganancias ilícitas se encontraban en poder de Báez desarrollaron un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción” de dichos fondos, según los fiscales. En este punto sostienen que se creó un circuito económico basado en la actividad hotelera. Al momento de pedir la intervención judicial de Hotesur, Valle Mitre e Idea, los fiscales remarcaron que es "la medida cautelar más adecuada" para "desplazar a los titulares que se encuentran sospechado de lavado de dinero" y así, "procurar una efectiva fiscalización de la actividad de las firmas".

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