LICITACIÓN

Los motivos de la acordada de la Cámara Electoral contra el Gobierno sobre Indra

Ayer (27/6) en una acordada, la Cámara Electoral rechazó la versión del Gobierno nacional de que fue ese tribunal el que pidió que el Correo Argentino se haga cargo de la licitación para el escrutinio provisorio de las elecciones legislativas de este año. El Correo llamó a una licitación privada donde de antemano se sabía de fuentes del propio Gobierno que se impondría la española Indra en un proceso cuestionado porque tiene menos controles que las licitaciones públicas. Además, a la Cámara también le molestó que se informara que el escrutinio sería más barato que el de 2015. Según una alta fuente del tribunal en declaraciones a Urgente24, desde la Administración Cambiemos omiten decir que hace 2 años se realizaron elecciones a Presidente y que además hubo una instancia más por el balotaje. No sería comparable a una legislativa, sin mencionar el efecto de la inflación.

Son dos los motivos principales por los cuales la Cámara Nacional Electoral emitió ayer (27/6) la acordada con fuertes críticas al Gobierno nacional por la licitación del escrutinio para las elecciones legislativas. Según dijo a Urgente24 una alta fuente del tribunal, el pronunciamiento se debe a la versión reflejada en un recuadro del diario La Nación donde el Gobierno nacional dijo que el Ministerio del Interior “explicó que no convocó a una licitación pública para definir la empresa que realizará el escrutinio provisorio de las elecciones porque la Cámara Electoral dispuso, en enero pasado, que este trámite recayera en el Correo Argentino”.

Como explicamos en Urgente24 más temprano, la Cámara dice que en enero de este año -ante la falta de sanción de la ley de reforma electoral que se debatió en 2016- se propuso implementar una serie de medidas para el fortalecimiento del proceso electoral, que requerían la actuación de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior (Acordadas CNE 2/17 y 3/17).

Una de las propuestas se refería a un mecanismo de escrutinio provisorio diferente al que históricamente se ha implementado desde el Poder Ejecutivo, para robustecer las herramientas de fiscalización, propender a una difusión más rápida de los resultados y, fundamentalmente, para integrarlo “como una fase más del proceso que dirige la justicia nacional electoral, alejado de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, en consecuencia, de cualquier interés político partidario”. Una solución semejante incluía el proyecto de ley de 2016, que impulsó el Poder Ejecutivo y que aún no fue aprobado por el Congreso, recordó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Otra de las molestias del tribunale es que se afirmó desde el Gobierno que el escrutinio sería más barato. Unos US$25 millones, unos US$ 8 millones menos que en 2015. La fuente afirmó que será superior a la inflación, y que además son elecciones más simples que las presidenciales –y por ende más económicas- sin olvidar que 2015 contó con la instancia del balotaje.

Además, hay malestar con la contratación de Alejandro Tullio. El ex director nacional electoral desde 2001 acompañó al gobierno kirchnerista y se fortaleció con él, ahora trabaja para el Correo como director de Asuntos Públicos. También integraría una mesa chica que regula temas electoras y se junta todos los viernes junto con José Torello y un hombre importante del Ministerio del Interior que no es Adrián Pérez, a quien Macri le bajó el pulgar porque no consiguió el voto electrónico en el Congreso.

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