¿REFORMA FISCAL O REINO DE LA UTOPÍA?

Si Messi fuese Quintana o Dujovne, ya hubiera levantado la Copa América

El más reciente informe de la consultora Economía & Regiones plasmó en números el escepticismo que reina en las empresas y agentes individuales sobre las posibilidades de concretar una reforma fiscal que permita reducir la presión impositiva unos 10 puntos del PBI para alinearla con el promedio de la región, porque de por sí ni la recaudación récord, ni el acople de un ascendente endeudamiento, ni la inflación resultante, consiguen evitar que el déficit financiero del sector público nacional se ubique en un insostenible 7,5% del PBI. Duda además la consultora fundada por Rogelio Frigerio de la factibilidad del enfoque federal impreso en el borrador de anteproyecto de ley coordinado desde la llamada mesa chica de la Jefatura de Gabinete, donde el ex Farmacity Mario Quintana ejerce una influencia casi decisiva, ya que recarga el mayor peso del racionamiento en las arcas provinciales, que son las que administran servicios públicos esenciales mano de obra intensivos, como educación, salud, seguridad y justicia, y que condicionan las futuras manos levantadas de los senadores y los gobernadores para la aprobación de leyes, empezando por la propia reforma hoy en barbecho. Plan B: si no sale, habrá que encomendarse al capo de AFIP, Alberto Abad.

Ni aún con el mejor jugador del mundo en el plantel, o sea Lionel Messi, la selección argentina de fútbol logra ser la N°1 de América tal como sí lo ha sido el equipo de lujo del presidente Mauricio Macri en cuanto a presión tributaria dentro de la región; encabezó la tabla en 2016 con 34,6%, seguido por Brasil con 32,7% y Bolivia con 32,4%.

El galardón implica que los impuestos representen la mitad de los precios que aumentan incesantemente y que, según un informe publicado el martes 20/06 en el diario La Nación, es necesario trabajar entre 174 y 205 días al año, sobre 365, para pagarlos. 

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien se dedica a relatar la economía, tal como lo hacen por Fox Sports, Mariano Closs o Sebastián Vignolo con los partidos de fútbol más destacados, viene hablando de la necesidad de encarar una reforma fiscal, aunque recién para cuando se aplaque la animosidad electoral, a fin de año. Detrás, trabajando en forma por momentos contradictoria, se ubica Mario Quintana.

Surge un tema decisivo, sin embargo: ¿reforma fiscal sin definir previamente el gasto público que se desea financiar? ¿Reforma tributaria a tontas y a locas con los egresos? ¿Reforma impositiva sin un acuerdo general que permita un Presupuesto Base 0? Empezamos mal.

El tema se trata de un verso, a juzgar por lo que opina la mayoría de los economistas y que se expone como conclusión en el semanario de la consultora Economía & Regiones,: “Si se tiene en cuenta el actual enfoque del gobierno nacional y las restricciones que operan, la posibilidad que haya baja del gasto es baja, por lo tanto (restricción de presupuesto mediante), la reducción de los impuestos es altamente improbable. Si la hay, es probable que termine siendo insuficiente, y no alcance para estimular la inversión, el empleo y el crecimiento”.

Advierte en ese sentido que “para poder bajar impuestos, primero tiene que haber una mayor baja del gasto que permita bajar la presión tributaria bajando déficit fiscal, disminuyendo la presión sobre el BCRA y las colocaciones de deuda”.

La parte del león de las siderales erogaciones públicas que se afrontan con impuestos récords (sobre todo para los que cumplen) y con endeudamiento, que es un mal que las artes de mesadinerista del ministro de Finanzas, Luis Caputo, logró hacer durar 100 años con el bono colocado el lunes 19/06, la detenta

> el sistema previsional (jubilaciones, pensiones, subsidios sociales) y

> la plantilla salarial que paga el Estado por un empleo público nacional que se multiplicaba a un ritmo de 4% promedio anual durante la última administración de Cristina Fernández de Kirchner, y de 2,5% en las provincias, aunque la tendencia que se habría revertido recién durante el año anterior.

Con la perspectiva de un tibio crecimiento en torno de los 3 puntos, esta economía nacional sin cepo que no consiguió atraer inversiones extranjeras no le da mayor cabida a una privatización de parte del gasto, aunque sea en término de remuneraciones.

Por eso ha tomado cuerpo la versión de que se viene un recorte en las jubilaciones después de octubre y una chorrera de despidos en el sector público, el verdadero rostro feroz del ajuste, que el kirchnerismo ha venido denunciando en este año y medio de gestión macrista sólo para enmarcar una incipiente limpieza que se hizo en los puestos estatales con algunos de sus militantes. Haber confundido a la opinión pública tratando a la brutal transferencia de ingresos que agrandó la brecha entre ricos y pobres tal como si fuera un ajuste equitativo fue como recrear la fábula del pastor mentiroso: si de verdad Macri emerge de las elecciones en ciernes convencido de impulsar reformas impositivas, laborales y para achicar del Estado, habrá mostrado las fauces de lo que denuncia parte de la oposición.



Utopía expectante

La expectativa de que haya señales concretas de cambios fiscales, sin embargo, figura en la agenda de prioridades de las empresas y agentes individuales, según E&R, para evaluar sus decisiones futuras de producción, inversión (demanda de trabajo) y consumo; respectivamente. “Con una baja importante de los impuestos, aumentara la inversión, el empleo y el consumo. Por el contrario, sin baja de impuestos, lo más probable es que continúe la anemia en materia de actividad y empleo”, advierte la consultora.

No obstante, antepone a esa loable secuencia virtuosa la restricción económica que enfrenta el gobierno nacional, con un déficit financiero del sector público nacional se ubicaría en 7,5% del PBI, lo cual no es financieramente sostenible.

“Ergo el déficit tiene que bajar sí o sí. En este contexto, la restricción económica es que se necesita una mayor reducción del gasto como contrapartida de la baja de impuestos”, supedita.

Señala el reporte que, en toda la gestión K, el gasto público más que se duplicó en términos del PBI, pasando de 21,5% (2003) a 43,6% (2015).

Y advierte que, a pesar de haberse más que duplicado, la baja del gasto público no es nada sencilla por 3 razones:

> menor voluntad que la que se requeriría de parte del gobierno nacional,

> trabas de parte de la oposición,

> alto nivel de inflexibilidad a la baja y automaticidad de ajuste en el gasto.

Subraya E&R que “los números del 2016 y 2017 son una prueba contundente de que estas 3 razones operan conjuntamente e impiden la baja del gasto, que sube de 43,6% (2015) a 44,5% (2016) y 46% (2017) en términos de PBI sumando Nación, Provincias y Municipios”.

Las rigideces del gasto tornan casi utópico plantear una reforma fiscal en la que se desarrolle un cronograma gradual de baja de impuestos año por año, por lo menos hasta hacer converger la presión tributaria doméstica con el promedio regional, lo cual implicaría reducir aproximadamente 10 puntos del PBI porcentuales de exceso que ahogan al sector privado desincentivando la inversión, la acumulación de capital, la mejora de productividad y la creación de empleo.

De todos modos, la consultora acuerda con el supuesto diagnóstico oficialista en torno del proyecto de reforma tributaria en que se propondría eliminar el impuesto al cheque, reducir cargas sociales y sustituir el impuesto a los ingresos brutos por un impuesto al valor agregado provincial.



Estructura impositiva

Al analizar toda la estructura impositiva, recuerda que en el período 2003/2016, la presión fiscal (Nación + Provincias + Municipios) aumentó +56,1% en términos de PBI; a nivel nacional (+60,8%) más que en la esfera provincial (+45,2%).

Sin embargo, a excepción de Ganancias sobre Personas Físicas (+98,3%), los impuestos que más subieron son aquellos que recaen sobre las empresas afectando negativamente la inversión, la productividad y la generación de nuevos puestos de trabajo, es decir al crecimiento económico. Ganancias Personas Jurídicas (+49,5%); Contribuciones Patronales (+134,0%) y Aportes Personales (+156,3%) están entre los impuestos nacionales que más crecieron.

Por el lado de Provincias, la incidencia de Ingresos Brutos (+105,6%) es la que más creció; y es un gran problema para la producción, la inversión y el empleo.

Considera por lo tanto altamente posible que una reforma tributaria en el actual contexto no traiga aparejada una reducción significativa de impuestos que permita impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento con la forma que se necesita.

Observa a través de los borradores que circulan:

> que carga “de más” sobre Provincias cuando el peso de la reducción impositiva debería recaer más sobre Nación.

> que hay restricciones políticas, agravadas por el enfoque que busca darle el gobierno Nacional, lo cual dificulta la reforma.

> que existen restricciones económicas emergentes de la falta de debate en materia de reducción del gasto.

Discrepa E&R con el enfoque federal subyacente, argumentando que las provincias son fiscalmente “mejores” que el gobierno nacional al tener un déficit financiero 7 veces inferior: provincias -1,1% del PBI y Nación -7,5% del PBI proyectado para 2017.

Y, además, agrega que las provincias son fiscalmente “mejores” aún recibiendo menos coparticipación de la que les corresponde por ley. Nación ha perjudicado sistemáticamente año tras año a las provincias durante los últimos 15 años (debido a la creación de nuevos impuestos no coparticipados en forma plena, y las detracciones de AFIP y ANSES, entre otras razones), situación que se está “corrigiendo gradualmente” a partir de la devolución de 6 puntos porcentuales de los 15 que se llevaba la ANSeS en 2015, y que se desafectaría en forma plena en 2020.

No obstante, todavía se está lejos 34% de la masa de recursos automáticos a coparticipar que fue establecido por la ley 23.548.

En este marco de hacer recaer el ajuste en las provincias, no le será sencillo al gobierno nacional modificar la Ley de Coparticipación, acordando políticamente con los gobernadores y los senadores tanto en ese tema como en aprobar leyes importantes.

Llega a la conclusión la consultora que difícilmente la baja de la presión tributaria pueda ser instrumentada a partir de un descenso significativo de la presión fiscal provincial, porque, además las provincias cargan con la mayor parte de la prestación de los servicios públicos esenciales; educación, salud, seguridad y justicia, que son mano de obra intensivos.

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