TRIBUNA POPULAR

Con críticas, la Legislatura sorteó una ridícula multa

La Legislatura porteña dio tratamiento a la puesta en funcionamiento de la Tribuna Popular, una herramienta para dar mayor participación a la ciudadanía en las sesiones especiales, aunque se limita a si el oficialismo da quórum o no (en esencia no serían vinculantes, por ende no tendrían mucho sentido). El PRO, más preocupado por la campaña para las elecciones legislativas, estaba obligado a debatirlo por orden de la Justicia, que preveía multas progresivas para el parlamento capitalino.

CIUDAD DE BUENOS AIRES. La Tribuna Popular se trata de un derecho ya fijado en el reglamento interno de la Legislatura que permite convocar a sesión especial para el tratamiento de un tema específico y que en el debate puedan exponer los vecinos o las organizaciones no gubernamentales. Desde que se estableció la Constitución porteña que no había sido puesto en vigencia. Ahora que se aprobaron los requisitos, comenzará a regir.

Sin embargo, la resolución impulsada por el PRO y sancionada este jueves 15/06, con 31 votos positivos y 23 en contra, restringe el uso de la Tribuna Popular a sesiones especiales, y no a las sesiones ordinarias como establecía el reglamento interno en un principio.

Además, fija un quórum diferente al de las sesiones ordinarias, que es de dos tercios de los votos (20 firmas), mientras que para las sesiones especiales de Tribuna Popular sería con mayoría absoluta, es decir 31 firmas. Esto ajustaría la convocatoria a la voluntad del PRO y sus aliados, que superan este último número.

Los interesados en participar de la Tribuna Popular deberán hacerlo con hasta dos horas de antelación al horario fijado para la sesión correspondiente y tendrán 15 minutos para exponer sobre sólo un tema. Sería algo muy similar a lo que ocurre en las Audiencias Públicas, instancia que se cumple en leyes de doble lectura, o en la exposiciones que vecinos realizan en las comisiones, donde tienen media hora para hablar. Lo que sucede es que no son vinculantes, por ende rara vez son tenidos en cuenta por los legisladores.

En definitiva, el PRO accedió a debatir el tema en el recinto, luego de que a fines de mayo la Justicia de la Ciudad diera a conocer un fallo en el que se establecerán multas a la Legislatura porteña en el caso de no acreditar la adopción de las medidas para que las personas que soliciten hacer uso de la Tribuna Popular, puedan hacerlo.

El juez Francisco Javier Ferrer, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº23, en la causa caratulada como “García Mauro Hernán contra la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre amparo”, dispuso intimar a la Legislatura de la Ciudad.

En la resolución, se le dio un plazo de tres días para adoptar las medidas necesarias para garantizar la práctica inmediata en la Tribuna Popular, regulada en los artículos 76 y 77 de su Reglamento Interno. Si en dicho plazo no se acredita el cumplimiento, se procederá a aplicarle sanciones conminatorias.

En consecuencia, luego de tres días automáticamente, la Legislatura debería abonar una multa diaria y progresiva por un monto de $1000 la primer semana; $3000 a partir de la segunda semana; $5000 a partir de la tercer semana, $7000 a partir de la cuarta semana y así sucesivamente.

Este jueves 15/06 por la mañana, el Observatorio del Derecho a la Ciudad se pronunció contra el tratamiento que le dio la Legislatura porteña a la Tribuna Popular, para reglamentar su institución.

Desde la organismo denunciaron: “Para no cumplir con la orden judicial, el Pro buscará las mayorías en la Legislatura para eliminar uno de los mecanismos más novedosos de participación ciudadana en un ámbito parlamentario y que operativiza el mandato de transformar el Gobierno de la Ciudad en una Democracia Participativa”.

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