Y siguen exponiéndose las grietas. Ni la gestión de gobierno está a salvo de semejantes dicotomías. El tándem que formaron el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger no cejan en buscar la forma de “meter al mercado” en la pauta monetaria antiinflacionaria. No sólo ponen en marcha un plan canje de Lebacs con el lanzamiento de títulos a 3 años que “patee para adelante” una parte del volumen en torno de los $1.000 millones de cortísimo plazo que mueven, sino que imaginan a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) como moneda indexada para hipotecas de inmuebles y prendas de automotores. De modo que la inflación excedente de la capacidad adquisitiva del deudor sea cargada en los plazos de repago.
LA GRIETA INTERNA DE MACRI
De Lebacs y UVA en la City al cajoneo alimentario político
La administración de Macri dividió de hecho el país económico en dos mitades desproporcionadas: una, monetaria y financiera, que se mueve al frenético pulso de la City, con sede en el Banco Central; y el otro, que se mimetiza con el exceso de verborragia que contrasta con déficit de acción, y coordina la Jefatura de Gabinete. La demostración fehaciente del quiebre se ve en que, mientras la dupla que forman el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, ya avanza en un plan canje de Lebacs por bonos a 3 años, a los que aplica la tasa de referencia, e impone la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) para incentivar la apuesta por la pauta antiinflacionaria movilizando el crédito a largo plazo para viviendas y automotores a cuotas accesibles, Marcos Peña dejó dormir en el Congreso desde el año pasado la emergencia alimentaria, que la inflación agravó, al dejar a 6 millones de personas con problemas de hambre, según acaba de denunciar el instituto investigador de temas sociales de la UCA.
Si bien es normal que los operadores de la City aventajen por varios cuerpos, en términos turfísticos, a los planificadores de la economía real, de hecho en la administración macrista lograron constituir un gobierno aparte. Más que por independencia del Banco Central, debido al impactante contraste con la inacción ejecutiva del jefe de Gabinete, Marcos Peña, tanto en la coordinación interministerial como con la representación oficialista parlamentaria.
Uno de los casos más flagrantes: desde mediados del año pasado dan vueltas en el Congreso iniciativas vinculadas a la emergencia alimentaria nunca resueltas, en un contexto de elevados índices de pobreza. Hace unos días, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina, reavivó las urgencias soslayadas: cuantificó en 6 millones a los pobres que padecen hambre.
El Cronista Comercial publica hoy (12/06) un artículo de opinión de la senadora nacional del FPV Tucumán, Beatriz Mirkin, en el que aduce que el proyecto que presentaron el año pasado y ni con las modificaciones que se introdujeron llegó a prosperar, planteaba que el 50% de los recursos que, hasta el momento, provenían del juego, de la Lotería Nacional –que eran $3 mil millones–, fueran destinados a políticas alimentarias, pero “el Poder Ejecutivo prefirió entregarlos a la Ciudad de Buenos Aires, para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Según la ministra (Carolina) Stanley eso era urgente. Cada uno evaluará sobre las prioridades”, denunció.
En su lugar, el gobierno aumentó el presupuesto para comedores comunitarios y merenderos, pero no así el de los comedores escolares, a cargo de las provincias, recordó la senadora que responde al ex gobernador José Alperovich.
Alarmante caída en el consumo de leche y carne
Aunque sea un enfoque ultra K e inclusive haya sido aprovechado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para reclamar diversas emergencias sociales, el diputado provincial del Frente Renovador, Pablo Garate, también justificó la iniciativa en la “alarmante” la caída en el consumo de leche y carne, “producto del incremento de precios, que lleva a que los sectores más humildes se vean obligados a un cambio de dieta”. Invoca en ese sentido un informe del Sindicato de Unión Agrarias Argentinas (UUA), según el cual se registró una caída anual del 2,2% del consumo, lo que equivale a casi 3,2 millones de litros, en solo un año.
Garate ingresó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley por el cual solicita se declare en emergencia alimentaria a la Provincia de Buenos Aires por 12 meses, para garantizar la provisión de los bienes o productos básicos de la canasta familiar a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran desarrollando actividades relacionadas con el servicio de prestación de alimentos, o -en forma directa y descentralizada a través de los municipios-, a las familias afectadas por la crisis socio-económica y en especial a los niños.
En declaraciones al programa radial Piso 97, en FM 97.1, el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense y referente del Frente Renovador, Daniel Arroyo, ratificó la urgencia de “decretar la emergencia alimentaria ya que permitiría volcar más dinero en los comedores comunitarios, en los comedores escolares y sobre todo controlar y bajar la el precio de los alimentos porque si siguen subiendo, va a seguir subiendo la pobreza en Argentina”.
E hizo hincapié en la urgencia que demanda soluciones, porque “en un país donde 6 millones de personas padecen hambre, resulta urgente declarar la emergencia alimentaria. Esperamos que este proyecto sea acompañado por la totalidad de los bloques de diputados, como lo fue la Emergencia Social", había afirmado durante la presentación de la iniciativa Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, organización impulsora.
El ex funcionario provincial manifestó que “de todas las dimensiones que marcan la pobreza, la base y lo principal es lo alimentario” y advirtió que “es muy crítico lo educativo, el tema viviendas y los servicios básicos pero si uno no se alimenta, no hay nada que conversar”.
Mientras en Argentina el aumento en el precio de los alimentos aleja a la población más vulnerable de nuestro país de poder saciar debidamente la necesidad de comer, en en concierto latinoamericano y del Caribe se está impulsando un código internacional de conducta que oriente al mundo en prevención, reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos.
Al respecto, hay 19 proyectos de ley en los parlamentos de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay, sostuvo esta semana la FAO, el organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que respalda una iniciativa regional que contiene un marco metodológico para identificar los puntos críticos, prácticas y actores claves vinculados con las pérdidas y desperdicios de alimentos, a ser presentada durante este mes al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA).
El nuevo subdirector General y representante Regional para América Latina y el Caribe en la FAO, el mexicano Julio Antonio Berdegué Sacristán, lamentó que "una gran parte de los alimentos que se producen en el mundo acaben en la basura, cuando más de 795 millones de personas aún sufren hambre en todo el planeta, es un verdadero crimen".
Según la FAO, cada año se usan cerca de 1.400 millones de hectáreas de suelo para producir alimentos que no son consumidos, una superficie mayor a la de Canadá e India en conjunto.
En la Argentina, se estima que la pérdida de alimentos al año asciende a 16 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente 400 kilos por persona anual, más de un kilogramo por día per cápita.
Seguramente los tachos de basura indican por dónde pasa la grieta en la materia, en un país proveedor mundial de alimentos como el nuestro.
De todos modos, dada la aplicación del gobierno a los deberes en los foros internacionales, es probable que se dé prioridad al tratamiento de la seguridad alimentaria por sobre la emergencia alimentaria.