ACUERDO EN EL SENADO

Le queda poca cuerda al Lava Jato: Políticos y empresarios inician un freno

Poco más de 5 horas después de ser aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado, el plenario de la Casa aprobó el texto base del senador Roberto Requião (PMDB-PR), que define nuevas reglas para los delitos de abuso de autoridad: la Operación Lava Jato -que ha aniquilado a Brasil- tiene los días contados. Políticos y empresarios brasileros se han cansado del juez Sergio Moro, y muchísimos ciudadanos se han desencantado del resultado del impeachement que llevó al poder a Michel Temer, con 87% de impopularidad, según la encuesta que ha difundido el diario financiero Valor.

Las corporaciones política y empresarial se han cansado en Brasil de Sergio Moro y su Lava Jato, que sirvió al PSDB para ejecutar su venganza contra el PT, llevando al poder al PMDB, pero ahora resulta que dirigentes de todos los partidos ya consideran que se llegó demasiado lejos. Y hay un acuerdo entrelíneas entre Michel Temer, Luiz Inácio Lula da Silva y los senadores Renan Calheiros y Aécio Neves.
 
El resultado fue la votación en el Senado el miércoles 26/04.
 
Con 29 de sus 81 miembros en la mira de la Operación Jato, el Senado brasilero aprobó por 54 votos a 21 el proyecto de ley que castiga el abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos, en una versión suavizada sin algunos puntos controvertidos. 
 
Por unanimidad, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado aprobó la propuesta del senador Roberto Requião que se ocupa de abuso de autoridad de los crímenes. 
 
La proposición votada es euna alternativa (sustituto) de 2 proyectos que ingresaron al Senado sobre el tema: PLS 85/2017, del senador Randolfe Rodrigues (Red-PA) y PLS 280/2016, de Renan Calheiros (PMDB-AL).
 
El texto firmado por Randolfe es el resultado de un conjunto de sugerencias preparados por abogados y entregados al Congreso en marzo por el Procurador General de la República, Rodrigo Janot.
 
Los fiscales federales y dl juez Sérgio Moro fueron ampliamente criticados durante la sesión.
 
Algunos legisladores argumentaron que la iniciativa podría inhibir el desempeño de los fiscales y los jueces.
 
Además, dijeron, con la Operación Lava Jato en curso no es el momento adecuado para aprobar una ley que pueda inhibir la acción de la Policía Federal, fiscales y jueces. El argumento fue rechazado por el ponente Roberto Requião. 
 
El texto aprobado por la CCJ y para ser analizado por otros senadores en el Pleno presenta una ley de amplio alcance, válida para los funcionarios o personas públicas y militares equiparados a ellos; miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; los fiscales y los tribunales y los Consejos cuentas.
 
Después de muchas protestas, el ponente sólo cambió el texto del artículo 3. Inicialmente, se había previsto 2 tipos de procesos por casos de abuso de autoridad pública: incondicionado, bajo la responsabilidad exclusiva de la acusación; y privada, permitiendo que cualquier persona que se sentía agraviado viene a condenación.
 
En esta versión final, Requiao adoptó la misma redacción del Código de Procedimiento Penal, es decir, solamente será acusación particular si el fiscal no propone la acción pública dentro del plazo legal. El cambio se ha introducido en el informe mediante una enmienda del senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE).
 
Después de escuchar varias apelaciones, el ponente ha modificado la redacción del 2do. párrafo del 1er. artículo, según el cual la divergencia en la interpretación de la ley o la evaluación de los hechos y las pruebas necesariamente razonables y justificados, no constituye, por sí mismo, el abuso.
 
A petición, se suprime la expresión "necesariamente razonable y justificado" en razón de que es subjetiva y que sería abrir brecha por la hermenéutica de la delincuencia.
 
El proyecto incluye más de 30 acciones que pueden ser consideradas como abuso de autoridad. Será castigado, por ejemplo, prácticas como la promulgación coercitiva realizar un testigo o investigado sin citación a la corte; fotografía o película atrapados sin su consentimiento o con el fin de quedar expuesto a la vergüenza; esposar a detenidos cuando hay resistencia a la detención y el proceso de vista con el fin de retrasar el juicio.
 
Tal como el párrafo único del artículo 33, es un crimen utilizar en la oficina o la función pública o invocar la condición de funcionario público para evadir una obligación legal o para obtener ventaja o privilegio indebido.
 
El artículo 37, por su parte, castiga la demora demasiado y injustificado en el proceso de examen que ha requerido visto en un órgano colegiado, con el fin de dilatar su progreso o retrasar el juicio.
 
Para aquellos que son condenados por delito de abuso de autoridad, la propuesta prevé tres efectos: la obligación de indemnizar, inhabilitación para cargos de uno a cinco años y la pérdida del cargo. Para producir las dos últimas consecuencias, es necesario que se repita.
 
El texto aún tiene que ser votada en la Cámara. El proyecto cuenta con una serie de restricciones en cuanto a la divulgación de imágenes y el uso de la difusión coercitiva sin previo aviso -práctica común en los procedimientos de la Policía Federal aprobados por el juez Sergio Moro y la Fiscalía-. 
 
Los principales puntos que se han eliminado en cuestión el castigo de lo que se llama hermenéutica de la delincuencia -cuando los jueces han cuestionado su sentencia en otro caso- y el permiso para iniciar una acción privada investigado investigadores y fiscales. Estas medidas fueron consideradas por los miembros del grupo de trabajo como una especie de operación de venganza. 
 
El autor del texto sustituido por el nuevo, Roberto Requião (PMDB-PR), llegó a criticar al juez Moro y los fiscales a causa de la campaña adjudicada a ellos desde las redes sociales y los medios de comunicación en contra de su texto. Los llamó "ingenuos", "sensacionalistas" y "conjunto malicioso que puso un bufón pidiendo la movilización popular en nombre de lo sagrado de su institución".
 
Sin embargo, el senador Randolfe Rodrigues (Red-AP) dijo que el texto votado "mejoró mucho" el texto original, pero aún tiene defectos. Según él, "uno de los artículos abre un vacío legal a la hora de castigar a los jueces."
 
Para Cristovão Buarque (PPS-DF), "el proyecto es defectuoso" y está "lleno de la subjetividad de lo que es el abuso de autoridad". El senador dijo que "el texto no define si los funcionarios públicos pueden ser objeto de la acción: ¿un profesor de la enseñanza pública puede ser procesado por un estudiante por poner una mala nota?", se preguntó. En su opinión, se trata de un proyecto que "protege a las autoridades."
 
Requiao defendió su texto, y dijo que está en el espíritu del lema de la Revolución Francesa: "Libertad, igualdad y fraternidad", y afirmó que es una de los "mayores innovaciones legales" conocidas en Brasil, y representa una "victoria del garantismo en la legislación nacional". 
 
Él negó que el proyecto dañará acuerdos de delación, "solamente serán perjudicadas las declaraciones hechas con engaño". 
 
Antonio Anastasia (PSDB-MG), otro senador, también defendió el texto, y dijo que toda ley tiene "dimensión subjetiva". 
 
"Si ponemos una ley muy detallada, entonces sí estaríamos castigando a los jueces, que tendrían que ser máquinas", dijo. De acuerdo con él, es necesario dejar un espacio abierto a la interpretación.
 
Otro que restó importancia a las críticas al texto fue Ronaldo Caiado (DEM-GO). "Este texto no es sólo la voluntad de los senadores, tuvimos la humildad de recoger la opinión de los jueces y fiscales. La mayoría de los 81 senadores pudo plantear sus crítica", dijo.
 
Humberto Costa (PT-PE), 1 de los 28 senadores apuntados en el Lava Jato, sin mencionar directamente a Moro, disparó: "¿Es aceptable que un juez obligue a un testigo a dar cuenta del testimonio de todos los testigos? ¿Y provocar coercitivamente a un ciudadano sin convocarlo?". 
 
Moro fue criticado por juristas y abogados durante todo el proceso judicial por autorizar la investigación coactiva sin notificación previa, un requisito de la ley. 
 
"Esta ley no es acabar con el Lava Jato sino que se trata de conceder derechos que hoy no se respetan", concluyó Costa.
 
Gleisi Hoffman (PT-PR), también está en la mira del Lava Jato, compartió la opinión, y dijo que "la ley no afecta el Estado de Derecho".