TWITTER

De la "Comunicación de Guerra Permanente" a las encuestas ganadoras de CFK

"Hay 11 encuestadoras (incluidas relacionadas al gobierno) que dan un amplio margen de triunfo a CFK en Buenos Aires", escribió esta mañana la ex mandataria Cristina Fernández en otra catarata de tuits, tras las protestas que llegaron a la residencia gubernamental en Santa Cruz. Los números son un intento de demostrar que Mauricio Macri busca desestabilizar el gobierno de la provincia, de la cual no arroja cifras. En tanto, para hoy el gobierno de Alicia Kirchner prometió ampliar la denuncia penal que presentó el sábado.

 
Cristina Fernández se despachó esta mañana con una nueva catarata de tuits acerca de los incidentes en Santa Cruz, luego de que el Gobierno de Alicia Kirchner presentara una denuncia penal por lo ocurrido.
 
Esto dijo:
 
"El gobierno juega con fuego al optar por una "comunicación de guerra permanente" 
 
El gobierno tomó varias determinaciones de fondo: aplicar a rajatabla una "Comunicación de Guerra Permanente".
 
La gobernación de Alicia Kirchner no viene recibiendo el aporte del Estado Nacional por razones obvias
 
Un blog OPPI, comenzó a decir que no les pagarían a nadie y que la gobernadora estaba por huir.
 
Extrañamente, ya estaban en el lugar equipos completos de Canal 13 y América 2, también Canal 26
 
incluso uno de los cronistas del TN armó una escenografía, cual director de teatro
 
Manifestantes iban llegando y comenzaron a romper parte de la residencia gubernamental, a sabiendas que había un niña de 18 meses adentro.
 
Macri lo sabía; Vidal, lo sabía; Durán Barba, lo sabía; Magnetto, lo sabía, Marcos Peña, lo sabía.
 
Los hechos de Santa Cruz son técnicas de elaboraciones pensadas para desestabilizar gobiernos.
 
No es menor lo que está pasando. No es un juego. Así se comenzó en otros países.
 
El dato duro que más preocupa al fascismo liberal argentino es el siguiente
 
hay 11 encuestadoras (incluidas relacionadas al gobierno) que dan un amplio margen de triunfo a CFK en Buenos Aires
 
... con promedios que van del 37 al 43%.
 
Pero, lo que más los alarma es que en barrios pobres del GBA, Rosario, Mar Del Plata, Córdoba y Tucumán
 
... el porcentaje se eleva a 58% / 65%, según barrio y ciudad.
 
de cómo el gobierno de Macri va llevando a la sociedad a un estado de confrontación real, quizás sin retorno."
 
La denuncia
 
El gobierno de Alicia Kirchner presentó una denuncia penal por “daños, atentado al orden constitucional, sedición y violación de domicilio” contra un grupo de manifestantes que se enfrentaron con la policía provincial el viernes por la noche afuera de la residencia de la mandataria provincial. La presentación se realizó el sábado por la mañana, horas después de finalizada la violenta jornada, y fue firmada por Andrea Askenazi, adjunta de la Fiscalía de Estado.
 
Extensa, con una gran cantidad de imágenes acompañando el texto, la denuncia penal que realizó el gobierno de Santa Cruz pone bajo sospecha la “espontaneidad” de la convocatoria de los manifestantes que permanecieron fuera de la residencia de la gobernadora donde se encontraba con la ex Presidenta, su nieta de 18 meses y dos mujeres más. Cristina Kirchner responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri de estar detrás de los incidentes. Por su lado, su cuñada dijo que se trataba de un “plan organizado”.
 
Según informa el diario digital 'TiempoSur', se incorporó con la denuncia una captura de pantalla de las declaraciones del presidente, Mauricio Macri, a un sitio web; también otra captura de una persona quien la noche de los disturbios “arengaba por las redes sociales y sobre quien piden que se ordene efectuar un análisis del Twitter del autor de las declaraciones y se realice una pericia informática a fin de determinar su origen y contactos del mismo”. Hoy se incorporarán a la denuncia más registros fílmicos que durante el fin de semana tuvo en sus manos el gobierno.
 
La denuncia remarca que la noche del viernes “mediante redes, radios provinciales y dos medios nacionales, comenzaron a arengar a fin que la gente se acerque a la residencia de la gobernación” y agrega: “se aglomeraron un grupo de aproximadamente 200 personas y los móviles en directo de televisión nacional de Canal 13, TN y América TV y un agente de prensa del Concejo Deliberante de Río Gallegos”, quienes realizaron una transmisión en vivo y en directo de las “acciones violentas dirigidas hacia la residencia de la gobernación”.
 
En el detalle de los sucesos, el gobierno sostiene que hubo “rotura de seis vidrios y tres portones y se escaló y rompió la puerta principal de ingreso a la residencia sobre la calle Alcorta; motivo por el cual el comisario mayor Dante Abud ingresó a la residencia para construir una barricada, para evitar que las personas, que con grado de gran violencia, actuaban coordinadamente en los patios internos de la residencia, lograran el cometido de ingresar a la casa, poniendo el peligro real y concreto la vida e integridad física de quienes allí se encontraban”, consignó 'TiempoSur'.
 
El texto judicial que será ampliado hoy apunta contra algunos medios de comunicación: “Resulta más que llamativo que los mencionados hechos de violencia, casualmente ocurren en las fechas que medios nacionales (TN, Canal 13 y América), deciden visitar nuestra ciudad, contando con móviles en vivo, a fin de mostrar los hechos detallados” acusando “el increíble grado de anticipación a los hechos violentos que tienen estos medios”.
 
El gobierno de Kirchner quiere determinar quiénes fueron los responsables de “atentar contra la integridad de las personas que se encontraban en la residencia y que actuaron con una violencia que no tenía límites”, produciendo: “diversos daños materiales, violando el domicilio y causando rotura de medidores de gas –con el consecuente peligro para la seguridad de la población".
 
Citando al presidente Macri, la denuncia del gobierno de Santa Cruz calificó los sucesos como “un grave ataque a la residencia de la Gobernadora” y que se buscó “destituir al gobierno democrático de la provincia”.
 
Además la denuncia pide una orden de restricción para Juanjo Ortega, secretario general del gremio de Judiciales. Piden que no pueda acercarse a ningún establecimiento estatal. El gremio judicial se encuentra con medidas de fuerza hace más de 20 días reclamando no sólo el pago de los sueldos, sino también que se dé marcha atrás con la declaración de inconstitucionalidad que realizó la Fiscalía de Estado sobre el aumento del 10 % que otorgó la Corte Suprema, y que los judiciales cobran por ley de enganche.
 
La denuncia indica sobre Ortega que se trata de “un activista de reconocida trayectoria por su violencia”.