PELIGROSA FALTA DE LIBERTAD RELIGIOSA EN SALTA

¿Por qué Urtubey impone la enseñanza católica en la escuela pública?

Si en Salta hubiese menos violencia, menos denuncias de corrupción y más sensación de justicia que en el resto del país, hasta podría debatirse la decisión gubernamental de imponer la enseñanza religiosa en los colegios públicos. Pero Salta se asemeja al resto de la mediocre, nada transparente y cada vez más violenta Argentina. No se entiende, entonces, el beneficio de vulnerar los derechos de las supuestas minorías, más allá de que la élite gobernante en Salta presuma de católica apostólica romana y anhele quedar bien con la Curia. El debate no es nuevo pero con Juan Manuel Urtubey lanzado a ser presidenciable en el futuro obliga a pensar si todos los argentinos quieren que ese modelo de enseñanza religiosa en la educación pública se imponga a todo el país. Precisamente fue un tema que abordó el abogado Torcuato Sozio.

En Salta se enseña religión en todas las escuelas públicas en horario de clase. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aún debe decidir si la ley provincial que habilitó esta posibilidad en 2008, impulsada por el gobernador Juan Manuel Urtubey, es constitucional o no.

En 2013, la Corte de Justicia de Salta -que es auditada por el gobernador a control remoto- consideró que la educación confesional es constitucional y que los niños pueden rezar o ir a misa como parte de la jornada escolar siempre que sea dentro del horario de catequesis.

Los responsables de semejante despropósito se llaman Guillermo Alberto Catalano, Ernesto Roberto Samson, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz, y el cupo femeninopara Susana Graciela Kauffman.

Las familias demandantes -en una acción de amparo colectiva promovida por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)- apelaron la sentencia y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que requirió un dictamen de la Procuración General de la Nación.

El modelo educativo que propone Urtubey a los argentinos es, evidentemente, peligrosamente autoritario. Y no consigue resultados novedosos porque Salta es un espejo donde quisieran mirarse todos los argentinos.

La Procuración General de la Nación emitió un dictamen aconsejando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación apoyar el recurso presentado por la Asociación de Derechos Civiles, para eliminar la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas o bien que sean dictadas en horarios extracurriculares. A la espera del fallo definitivo, en Salta aseguran que la medida “todo continuará igual”.

El procurador fiscal Víctor Abramovich presentó un escrito ante la Corte expresándose a favor de la inconstitucionalidad de los elementos de la Ley de Educación Provincial N° 7546. En la resolución, el máximo Tribunal de Salta argumentó que la religión católica es mayoritaria en la población salteña. Sin embargo, desde la Procuración General de la Nación respondieron que “el hecho de que la mayoría de la población de la provincia demandada profese una religión determinada no es argumento suficiente para justificar la instrucción en dicha religión vulnerando gravemente los derechos constitucionales de las minorías”.

Pero Urtubey parece creer en el imperio de las mayorías, además de confiar en que el clero católico apostólico romano le permitirá llegar a Presidente de la Nación.

El abogado Torcuato Sozio, director ejecutivo de la ADC, habló con Pablo Ferer, del diario saleño El Tribuno:

-Desde la Asociación apoyan la demanda que presentaron familias salteñas en contra de la educación religiosa que se brinda en las escuelas públicas de Salta, ¿cómo piensan que fallará la Corte Suprema al respecto?

-Nosotros somos sumamente respetuosos de las decisiones de cualquier tribunal. Esperamos, por supuesto, una decisión favorable, pero no quisiera decir nada que implique ningún tipo de injerencia en un órgano judicial.

-¿Cuál es el planteo de la Asociación con respecto a la educación religiosa?

-Lo que hemos planteado en esta acción es el hecho de que desde la Constitución argentina hay libertad religiosa y por lo tanto entendemos que cualquier injerencia del Estado, ya sea con la colocación de símbolos religiosos en edificios públicos o con la enseñanza religiosa en cualquier nivel del sistema educativo, no se está respetando esa independencia religiosa de elegir libremente si quiere ser ateo, agnóstico o de cualquier religión. Esa situación puede violentar mucho, además, a las personas que no tienen por ejemplo la religión mayoritaria, porque muchas veces se dice que en el país somos mayoritariamente católicos, pero eso no significa que no pueda haber, como las hay, religiones distintas a la católica, por lo tanto nos parece que el Estado debe tener en eso una actitud muy respetuosa. Es un tema de libertad ciudadana.

-La asociación también cuestionó el voto electrónico...

-Lo hemos cuestionado por entender que no garantiza la transparencia en la voluntad del ciudadano. Sabemos que hay países en los cuales ese sistema se implementó. Entendemos, también, que quienes lo proponen, en la mayoría de los casos, lo hacen con buenas intenciones para evitar el manejo electoralista o políticamente ilegítimo que podría hacerse del voto papel, pero tiene que ser un proceso de mucho estudio y elaboración. Acá se implementó, como los niños dirían, a los piñazos, sin la debida evaluación con respecto a las garantías que se deben respetar. Para poder ser implementado en el país tendríamos que estar seguros de que se haga de un modo efectivo y que garantice que no va ser violentada la voluntad ciudadana. Más teniendo en cuenta la cantidad de mecanismos y de aspectos que tienen los sistemas informáticos y sus posibles vulnerabilidades.

-Además se lo plantea como la única alternativa posible al voto tradicional...

-Me parece que tiene que haber un debate al respecto. Hay ciertas cosas en Argentina en las que no podemos debatir y parece que debemos pronunciarnos de forma binaria, por una solución o por otra. Creo que el voto electrónico es un tema que claramente merece un debate, porque también los argumentos que se dan a su favor hay que tenerlos en cuenta. De todas maneras, insisto, en las actuales condiciones no estamos en condiciones de implementarlo.

-En Salta existe una polémica por un proceso de selección de postulantes para jueces que realizó el Consejo de la Magistratura local y que fue rechazado por supuestas irregularidades, ¿cuál es su opinión con respecto a ese mecanismo de selección de funcionarios del Poder Judicial?

-Creo que la institución del Consejo de la Magistratura, que estableció la reforma constitucional de 1994, es un gran avance, porque puede despolitizar mucho la designación de los jueces. Lo que pasa es que si ese Consejo está politizado y funciona mal, como en el caso de la etapa de la presidenta Cristina Kirchner, se desvirtúa su funcionamiento y las consecuencias son que también se desvirtúan las nóminas que se elevan al Poder Ejecutivo. Es como una cadena, donde si uno de los eslabones está podrido entonces toda la cadena se rompe.

-Todo esto se da en un marco en el que la mayoría de la sociedad se queja por la lentitud de la Justicia y esto se debe, entre otros motivos, a la falta de jueces.

-El hecho de que en la Argentina prácticamente un tercio de los juzgados están con subrogancias, con jueces suplentes, evidentemente genera un retardo, porque en muchos casos un juez debe resolver sobre dos juzgados. Evidentemente esto genera un problema serio en el servicio de Justicia.

-Otras de las gestiones de la Asociación por los Derechos Civiles es para que se nombre a un defensor del pueblo de la Nación. ¿Cuán necesario es que el país cuente con esa figura?

-Nosotros estamos tan obsesionados con la necesidad de ese nombramiento que en 2014 fuimos a la OEA (Organización de Estados Americanos) con otras organizaciones de la sociedad civil para pronunciarnos enfáticamente sobre la necesidad de tener un defensor del pueblo. Creemos que es una vergüenza que la clase política no haya podido resolver esa situación. Desde el 2009 que no hay un defensor titular. El organismo funcionó con uno adjunto hasta el 2013 y desde ese año está desactivado. Es una figura muy trascendente que quedó debilitada, pero tuvo un rol muy importante, por ejemplo, en la tragedia de Once, en la protección de pueblos originarios y en la limpieza del Riachuelo. Es el abogado de la sociedad.