RENUNCIAS Y DENUNCIAS

El INCAA-GATE, una trama de intereses cruzados

Sobreprecios, favores a empresarios afines al gobierno anterior y una burocracia que se mantuvo indiferente a las irregularidades. Esas son algunas de las cuestiones que sobrevuelan en torno al conflicto con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Este martes 18/04 se conoció, por ejemplo que la película de Néstor Kirchner costo $3,8 millones al organismo o que el ex director del diario K, Página 12, Alejandro Sokolowicz cobró $650 mil para una obra audiovisual. La trama de una película con un final abierto, hasta el momento.

El conflicto del INCAA sigue dando que hablar. Este martes 18/04 el periodista Eduardo Feinmann al que los actores y miembros de la industria del cine acusaron de “operador del oficialismo” reveló nuevos datos en su programa de la tarde.

De esta manera aseguró que El ex director del matutino Página 12 cobró del INCAA $650 mil para realizar una película sobre Juan Pablo Segundo que nunca realizó. Además se conoció que dentro del "fomento al cine nacional" se gastaron $3,8 millones del INCAA en la película de Néstor Kirchner. La trama de una historia irregular En los últimos años, sobre el Incaa hubo todo tipo de sospechas y denuncias.

En febrero de 2016, la Auditoría General de la Nación (AGN), presidida entonces por el kirchnerista Ricardo Echegaray, aprobó un informe realizado durante la gestión de su antecesor Leandro Despuy, en la que se detallaron múltiples incumplimientos de la ley del cine y sus reglamentos, y de la ley de medios audiovisuales, y dejó graves conclusiones sobre el uso de las cuentas del Banco Nación utilizadas para la recaudación y el pago de subsidios y créditos.

El período auditado en ese informe comprendía los años 2008 a 2012 durante la gestión al frente del Incaa de la actual diputada Mazure. La AGN remarcó en ese informe la falta de control por parte del Incaa, el Comfer, la Afsca y la AFIP sobre los importes transferidos al FFC, lo que impidió validar su integridad. "El gravamen recaudado según la ley de medios audiovisuales no cuenta con controles que permitan convalidar el importe ingresado al FCC", afirmó la auditoría.

En ese momento no hubo marchas de artistas ni directores frente a la sede del Incaa, sino aplausos cerrados a la ex presidenta Cristina Kirchner en el Salón Blanco de la Casa Rosada. En los últimos años, todos los presidentes del Incaa fueron denunciados en distintos fueros por presuntos subsidios a películas que nunca se hicieron (bajo los denominados 3ro J, un artículo de la ley del cine del que se abusó sistemáticamente), desvíos de recursos del fondo de fomento a gastos corrientes del Incaa, discriminación (certificadas ante el INADI) y listas negras (registradas en la Defensoría del Pueblo de la Nación). Mazure y Jorge Coscia protagonizan enormes expedientes que prácticamente no avanzan y que parecen tener destino de prescripción. Y todo eso, sin contar el apasionante caso de Néstor Kirchner, la película.

¿En qué consisten ahora las irregularidades?

El periodista de La Nación, José Crettaz expresa: “La forma en la que tomaron estado público las presuntas irregularidades se pareció mucho a una "opereta", como la definió Campanella. El hecho de que el Ministerio de Cultura no haya explicado en profundidad de qué se tratan y sólo haya enunciado sobreprecios, falta de licitaciones o gastos llamativos en viajes y traslados. Los pocos hechos concretos que trascendieron hasta ahora destacan la compra de dos sillas por 233.000 pesos; el alquiler por 700.000 pesos mensuales de un predio propiedad de Cinecolor (socia de Patagonik, la empresa de la que proviene Cacetta) para la instalación de la Cinemateca Nacional -que encajaría en un caso de conflicto de intereses-; y el alquiler por parte del Incaa de un predio en Constitución que sería propiedad de Rovito, ahora ex rector de la Enerc.

Este último predio (Artecinema, donde funciona un Espacio Incaa) es propiedad de Rovito, los productores Daniel Burman y Fernando Sokolowicz, y los españoles José María Morales y Miguel Morales. El contrato entre el Incaa y sus propietarios está vencido y el instituto paga actualmente "el costo de mantenimiento", según dijo uno de los propietarios a LA NACION”. Pero tal vez el más relevante de todos ellos sea la construcción de cuatro edificios para la Enerc sin hacer un llamado a licitación y subdividiendo las compras en montos menores para evadir las normas que obligarían a llamar a licitación pública. Esas denuncias habían sido rechazadas en su momento por Cacetta y su ex jefe de asesores Sergio Bertolucci, que acusaron de "denunciadores seriales" a quienes las presentaron.

De hecho, no son expresamente denuncias sino pedidos de información mediante recursos de amparo. Así fue que se reunieron unas 10.000 fojas con copias de la información que Cacetta debió entregar para evitar el pago de una multa diaria. Aquella caja de papeles llegó hace cuatro o cinco semanas hasta el presidente Macri, su jefe de gabinete y el vicejefe de gabinete, Mario Quintana. Según el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, el ex presidente del Incaa no dio respuestas sobre esos temas ni tomó decisiones para aclarar o remediar esas cuestiones y por eso fue removido.

A todo esto, el sobreseimiento de Cacetta por parte del juez federal Luis Rodríguez el mismo día que fue desplazado del Incaa genera todo tipo de suspicacias. La mayor de todas es el hecho de que, en general, los jueces evitan tomar decisiones en causas que involucren a directores, actores o productores de cine y televisión. Por su falta de transparencia, su funcionamiento endogámico, su enorme y compleja burocracia y su partidización, el Incaa ha sido siempre protagonista de "manejos poco claros", como los llama Avelluto.