COLOMBIA NO TIENE PAZ

Uribe quiere convocar a referéndum sobre el nuevo acuerdo con las Farc

El jueves 24/11, el Presidente colombiano Juan Manuel Santos, y el líder guerrillero Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como “Timochenko”, jefe de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), firmaron el nuevo Acuerdo de Paz, que busca poner fin a 52 años de guerra en el país. Esta vez, el pacto no será sometido al voto popular y deberá ser ratificado sólo en el Parlamento. El acuerdo anterior había sido frenado en plebiscito el 2/10. “El Congreso es la vía más legítima para refrendar este nuevo acuerdo”, dijo el Presidente colombiano, pero hay representantes del "No" –en especial el ex Presidente Álvaro Uribe- que no lo creen así. En teoría, dicen medios colombianos, Santos tendría la mayoría necesaria para aprobar la proposición en el Congreso. Pero Uribe podría redoblar el juego: ha dicho que convocará a un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre el nuevo acuerdo. El tema urge porque desde el cese al fuego, líderes de izquierda y asociaciones campesinas han denunciado asesinatos de sus líderes en diferentes regiones del país. Según Santiago Valenzuela del diario El Colombiano, entre el 8 y el 22 de noviembre, 6 líderes sociales fueron asesinados (Urgente24 ya ha advertido sobre la necesidad de no repetir la masacre de líderes del M19, cuando aceptó salir de la clandestinidad). El martes 22/11, el mismo Presidente colombiano condenó los asesinatos que hubo en los últimos días de líderes campesinos y defensores de los derechos humanos, y aprovechó para reiterar la urgencia de implementar el nuevo acuerdo de paz con las Farc y evitar el recrudecimiento de la violencia. El día antes, las Farc habían denunciado la muerte de 200 personas en 2016 “con un total manto de impunidad” y que estaba en marcha “un nuevo genocidio contra líderes sociales y campesinos”.

A pesar de que se le hicieron cambios sustanciales al acuerdo, explica Juanita León, del portal colombiano La Silla Vacía, los 2 cambios simbólicamente más importantes para uribistas y otros sectores conservadores no se hicieron: cárcel por unos años a líderes guerrilleros y su no elegibilidad política hasta que cumplieran la pena.

“Tras la ‘tragedia’ que para muchos significó el plebiscito, otra convocatoria a las urnas podría ser un alto riesgo para el presidente Juan Manuel Santos, como también para la oportunidad de firmar la paz”, explicó la revista colombiana Semana.

El nuevo acuerdo de paz fue radicado en la Cámara de Representantes por el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, y luego en el Senado. “Cuando los secretarios generales de ambas corporaciones le pusieron el sello de recibido al documento, y a la carta del presidente Santos que lo acompañaba, comenzó el camino de la refrendación”, explica Semana.

Luego de presentar el acuerdo, las bancadas de la Unidad Nacional (coalición de partidos oficialistas) en la Cámara y el Senado presentaron proposiciones en sus plenarias, para que el martes se haga un debate en el que participen entre otros, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo; el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, así como voceros del Sí y del No dentro de la sociedad civil.

Al final de este debate, que tendría lugar entre el 29/11 y el 30/11, se votaría en favor o en contra de adoptar la decisión política de refrendar el acuerdo. Si las mayorías son favorables en las 2 plenarias, explica Tatiana Duque de La Silla Vacía, el acuerdo quedaría refrendado.

El “Día D” en que se comenzaría a implementar el acuerdo

“En teoría, Santos tendría las mayorías para aprobar la proposición”, explica Duque. Si esto se cumple y el acuerdo se aprueba, el jueves ya podría comenzar a implementarse, esto sería lo que el texto del acuerdo llama el “Día D”.

Santos habló de una de las consecuencias de esto, que es que a los 5 días (más o menos el lunes 05/12) las Farc deben empezar a moverse a las zonas de concentración, a los 90 días (hacia el 28/02/2017) deben empezar a entregar las armas y a los 150 días (hacia fines de abril), todas sus armas deben estar en manos de las Naciones Unidas.

“Pero eso no es lo único que va a empezar a pasar”, explica Juan Esteban Lewin, de La Silla Vacía. Según el acuerdo, en los días siguientes el Gobierno debe presentar ante el Congreso por lo menos 7 proyectos de ley o reforma constitucional.

“El primero de esos proyectos, para el que ya hay un texto acordado entre el Gobierno y las Farc y que se espera quede listo antes de Navidad, es la ley de amnistía que se le aplicará a los guerrilleros de las Farc y que incluye un capítulo para que los agentes del Estado que hayan cometido delitos dentro del conflicto reciban beneficios jurídicos equivalentes a las de los guerrilleros”, explica Lewin.

“Ese proyecto es fundamental porque es el que permite a las Farc estar tranquilos de que el Gobierno les va a empezar a cumplir, y para que los guerrilleros de base sientan un alivio rápidamente. Además de ese proyecto, el Gobierno debe presentar las reforma constitucionales que incluyan en la Constitución ‘la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares’, las que creen las del acuerdo (la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales y la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas), las del plan cuatrienal de implementación del acuerdo y las que incluyen en la constitución las garantías para el futuro partido político de las Farc”, explica Lewin.

La Fiscalía debe además suspender las órdenes de captura de los guerrilleros que luego quedarán cobijados por la ley de amnistía y la justicia debe preparar la excarcelación de casi 1.000 militares.

Uribe: “Buscaremos un mecanismo de participación ciudadana

El ex Presidente de Colombia y actual senador, Álvaro Uribe, reaccionó a la firma del acuerdo anunciando que convocará a un referendo o a algún “mecanismo de participación ciudadana” para preguntarles a los colombianos se aceptan los puntos que no fueron modificados en el nuevo acuerdo con las Farc.

“Por responsabilidad política con muchos colombianos, buscaremos un mecanismo de participación ciudadana para honrar la defensa de los puntos que el gobierno no quiso aceptar”, dijo Uribe durante su intervención en la plenaria del jueves 24/11 en el Senado, explica Globovisión.

La ley Nº134 de 1994, que regula los mecanismos de participación ciudadana en Colombia, contempla 2 tipos de referendos: derogatorio o aprobatorio. “Un referendo derogatorio es el sometimiento de un acto legislativo de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no”, dice el artículo 4to. “Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de acuerdo o de una resolución local, de iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente”, explica el artículo 5to.

Por otro lado, el artículo 31 de dicha ley dice que para solicitar la convocatoria a un referendo para la aprobación o derogación total o parcial de una ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, se requiere de un número de ciudadanos no menor al 10% del censo electoral de la suscripción respectiva (en este caso sería el censo electoral nacional).

Para el plebiscito del 02/10, en la que los colombianos dijeron No al acuerdo con las Farc, la Registraduría Nacional reveló que el censo electoral era de 34.899.945 colombianos. El 10% de este número es: 3.489.994,5. Esa sería entonces la cantidad de firmas que Uribe debería conseguir para llamar a referendo.

Es menos de la mitad de la cantidad de votos que obtuvo el No en el plebiscito del 02/10.

En aquella ocasión, con una participación del 37,43% del censo electoral (13.066.047 votantes), el 50,21% votó por el No (6.431.372 personas).

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